JAVIER CUÉLLAR
2014-11-22
Todavía no se acaban de establecer formalmente las campañas políticas de 2015 y los hornos del denuesto y la diatriba comenzaron a calentarse de manera precipitada. Como siempre ocurre en estos tiempos electorales, las ráfagas y cañonazos de lodo y estiércol se reparten al por mayor arrasando con todo y contra todos los que tengan o pudieran tener un determinado peso específico en las arenas donde se elegirán a los candidatos. Ahora le ha tocado su turno al gobernador César Duarte Jáquez, a quien le está lloviendo duro y tupido, pues es considerado un importante activo político, no nada más del PRI, lo que sería natural por ser el primer priista del estado, sino también de otros que aspiran a contender en la justa electoral del próximo año.
Todo es un mar de especulaciones. A veces da la impresión de que existe mucho ruido y pocas nueces. Veamos: de acuerdo con nota periodística publicada por este medio el día 25 de septiembre pasado, nos enteramos de que “una denuncia por presunto peculado, entre otros delitos, se interpuso en contra el gobernador César Horacio Duarte Jáquez y su esposa Bertha Gómez Fong, por el ex perredista Jaime García Chávez, quien los acusa de usar recursos públicos para la compra de acciones del banco Unión Progreso. El Gobierno del Estado no se pronunció sobre el tema (en ese entonces). En tanto que Unión de Crédito Progreso, informó que César Duarte Jáquez “no es ni ha sido socio mayoritario ni ejerce cargo directivo en la institución”. También aclaró que, aun cuando ya cuentan con el permiso para operar, aún no han comenzado a desempeñarse como banco.
En la querella que se presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), también se acusa al presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y el secretario de Hacienda estatal, Jaime Ramón Herrera Corral. Los delitos que se les atribuyen a los funcionarios estatales son peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades y los que resulten, se informó ese día en conferencia de prensa.
De ahí a la fecha, esta denuncia ha observado demasiada publicidad con base en conferencias de prensa pero poco impulso procesal, pues todavía es hora de que el querellante ni tan siquiera la ratifica, aunque se dio a conocer que lo hará mañana. Todo al respecto se ha reducido a ruedas de prensa que han calentado la animosidad política pero que mantienen congelado el expediente. Normalmente una denuncia tiene como objetivo demandar justicia y no publicidad, por lo que impulsar su integración debiera ser el objetivo y no otro.
Tanto el tesorero del Estado, señor Jaime Herrera Corral, como el mandatario estatal han negado los hechos, pero la indagatoria oficial nada más no despega por falta de impulso procesal aunque la lucha mediática se endureció debido a la intervención del senador Javier Corral Jurado, quien recogió la bandera y trasladó la denuncia al Senado donde un grupo de senadores de los partidos PRD, PAN y PT, presentaron un punto de acuerdo en el que solicitan a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México (BM), realizar las investigaciones pertinentes sobre el presunto enriquecimiento ilícito del gobernador César Duarte Jáquez.
La denuncia senatorial fue turnada a las comisiones de Hacienda y de Justicia, donde ordinariamente los asuntos mueren de hipotermia.
También en la nevera se encuentra la carpeta de investigación, y da la impresión de que no cuentan, como luego dicen “con los pelos de la burra en la mano” sino que los andan buscando. Desde luego, las conferencias de prensa han seguido de manera independiente a la averiguación judicial. Tal parece que poco les importa la justicia sino más bien la publicidad.
Mientras tanto, el senador Corral ha hecho eco de ciertos rumores sobre los que explicó que “desde hace más de dos años se empezó a hablar del incremento patrimonial del gobernador: que compraba aquí y allá algunos de los mejores ranchos, que se hacía del hotel Soberano en la capital del estado, que remodelaba propiedades de su familia”, etcétera, sin que la indagatoria avance un centímetro, aunque los chismes sí.
La disposición del tesorero del Estado para rendir informes ha sido manifiesta pero lo cierto es que nadie se los ha pedido. Muchos pueden pensar que ese informe sería amañado, ya veremos. Pero al menos pídanselo. ¿Cómo decir que serán mentiras algo que todavía no ha dicho? Pero los estrategas de la publicidad saben muy bien que “mata más la duda que el desengaño” y mantienen a un segmento de la sociedad en el eterno suplicio de la duda, porque bien se sabe que “las dudas y los celos suelen engendrar los hechos que temen” (Thomas Jefferson), independientemente de que existan o no.
Sin embargo, como las conferencias de prensa sin datos concretos siguen y siguen, lo cierto es que esto se ha convertido en una regular bola de nieve donde tal parece que el más interesado en que esta denuncia se aclare vendría a ser el gobernador César Duarte, quien ha dicho que no tiene nada que ocultar y se dijo dispuesto a publicar sus bienes patrimoniales. Lo cierto es que mientras los señalamientos no se aclaren seguramente García Chávez podría ser candidato a diputado federal sin más campaña que la proporcionada por el escándalo con publicidad gratuita.
Pero no sólo García Chávez y Javier Corral se han agarrado al gobernador como su piñata personal. Lo cierto es que el escarnio ha trascendido tanto al Senado como a la Cámara de Diputados y hay diputados que denostan al gobernador Duarte Jáquez sin que en la indagatoria judicial se haya probado nada aún. Sólo “porque dicen y dicen… es ya media mentira” (Thomas Fuller).
Lo único cierto hasta ahora es que la institución financiera Unión Progreso es solamente una unión de crédito que, en los hechos, ha recibido de parte de diversas instancias del Gobierno estatal un aproximado de 340 depósitos desde el año 2007 a la fecha en diversos montos, y eso ha sido, de acuerdo con la información proporcionada por sus directivos, merced a sus tasas de interés que son ligeramente más altas que las ofrecidas por los bancos de la competencia, lo cual no tiene una connotación delictiva.
Pero también es cierto que los recursos del Gobierno estatal se han depositado, y en cantidades superiores, en otras firmas bancarias, porque para cualquier ciudadano o empresario es una verdad que “el dinero no puede estarse quieto”. Los bancos, por antonomasia, tienen como objetivo desde su aparición en el mundo, mover capitales hacia algunos segmentos de la actividad económica que requieren de financiamiento interesado para activar sus empresas o sus fondos desocupados en tiempos determinados.
Da la impresión de que con este asunto que ha sido más mediático que judicial, se está dando una especie de precampaña de proceso electoral que, a mi juicio, no tiene más objetivo que el de posicionar a Jaime García Chávez como candidato de algún grupo político a una diputación federal para el próximo año, mientras que el senador Javier Corral Jurado se revela como un efectivo publicista, a la espera, también, de lanzarse él mismo como aspirante a la gubernatura para 2016.
PRD, Una cena de Negros
Como hemos sostenido en esta columna, los hechos ocurridos en Iguala han ocasionado un escándalo que en mucho ha desprestigiado a los partidos de izquierda en México, principalmente al PRD y a Morena. A finales de la semana pasada, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dirigió una carta pública pidiendo a la dirigencia ampliada del partido del sol azteca su renuncia en bloque, a fin de que una nueva mesa directiva recobre el prestigio erosionado por las recientes filtraciones sobre la existencia de prácticas políticas coaligadas a los cárteles del narcotráfico en la zona del estado de Guerrero, y muchos dicen que en el país entero.
El lunes de esta semana la dirigencia del partido amarillo en la voz de su presidente dio respuesta a la carta pública del ingeniero Cárdenas emplazándolo a una reunión, a lo que el hijo del ex presidente aceptó a condición de que fuera pública con acceso a todos los medios de comunicación, la cual tendrá verificativo la próxima semana y promete estar sabrosa. Pero para muchas personas, el problema interno del PRD no es una guerra intestina sino un canibalismo político doméstico que bien puede sintetizarse en esa simpática canción de Celia Cruz que nos diría: Songo Barbosa le dio a Borondongo Ortega, Borondongo le dio a Bernabé Ríos Piter y Bernabé le pegó a Muchilanga Navarrete, que le echó a Burundanga Zambrano. Total, un todos contra todos a dos caídas de tres sin límite de tiempo, ya veremos quién queda de pie.