Javier Cuéllar
Analista político
El descontento entre la clase trabajadora con el Infonavit hace tiempo que corre entre nosotros porque la institución hace muchos años dejó de ser un instrumento social para atender la necesidad y el derecho de dotar a los ciudadanos de una vivienda decorosa para que puedan habitarla en unión con sus familias, para convertirse en una especie de banca de segundo piso, muchas veces con créditos más bravos que la propia banca privada, con el agravante de tener facultades legales para descontar directamente a los trabajadores de sus sueldos los abonos de los créditos hipotecarios que proporciona.
Sin embargo, es patético “el caso de Lamberto Zúñiga Altamirano, un empleado de una empresa maquiladora, quien en la semana del 15 al 21 de septiembre tuvo una percepción de 822.19 pesos, contando con el extra que ganó por el día festivo. Aunque devengó más de 800 pesos, Zúñiga Altamirano recibió sólo 1 peso, porque le descontaron 730.51 pesos por el crédito del Infonavit, y cargos por cafetería y otros servicios”. Esta mecánica de descuentos lacera los más elementales principios de supervivencia para este trabajador y su familia que, en estos términos, está condenada teóricamente a morirse de hambre.
Pero lo peor es que existen miles de trabajadores en estas circunstancias al grado que la Subdelegada del Infonavit, licenciada Irene Ornelas Casas, dijo que “estos descuentos quedan permitidos desde que los trabajadores aceptan el crédito, y que son por un contrato de común acuerdo entre particulares” cuando en la realidad para satisfacer su necesidad ingente de vivienda y salir de pagar renta, los trabajadores firman contratos leoninos a ciegas sencillamente porque no les queda de otra, como quien dice, había de dos sopas y la de fideos ya se acabó.
Lo cierto es que de acuerdo a nuestras leyes, el pago de créditos del instituto de la vivienda no debe rebasar el importe del 20 % de las percepciones salariales del trabajador acreditado a fin de dejarle algo para su supervivencia, por mucho que permanezca esclavizado con una deuda de treinta años atada al pescuezo. Su sueño de ser el ampuloso propietario de una conejera le quita prácticamente su vida y no tan sólo por los nulificantes descuentos que se le aplican, sino por el excesivo tiempo que tarda en pagarse el crédito. (30 años). Tal vez sus hijos o sus nietos puedan ver ese sueño realizado pero lo que es él, se ve muy difícil. En estos términos y con esas condiciones el Infonavit parece ser la nueva forma de esclavitud en México para un buen segmento de la población.
Tan grande es la dimensión del problema que la propia delegada advirtió la existencia de al menos un primer tambachi de seiscientos casos que se encuentran en esas condiciones y por los cuales deberá acudir a las oficinas centrales de la autoridad de la vivienda en la ciudad de México para plantear su reconsideración. Esperemos que vuelva con buenas noticias para todos estos desgraciados que no han cometido otro pecado que aspiran a vivir con sus familias bajo un modesto techo.
El régimen del licenciado Enrique Peña Nieto debe tomar conciencia y valorar el hecho de que para una gran mayoría de trabajadores el Infonavit se ha convertido en una pesadilla que les impide sobrevivir con un elemental decoro y proponer una reforma a este sector público del problema habitacional, que se asimile a una refundación del instituto de acuerdo a sus primeras intenciones y no en un grillete esclavizante y hambreador como lo es actualmente.
Advirtiendo que asociaciones como El Barzón están utilizando estos casos como un instrumento de agitación totalmente razonado y justificado. Máxime ahora que muchas organizaciones políticas interesadas llevan agua a su molino con base en estas injusticias. Poseer una vivienda digna y elemental no debe ser un instrumento de sojuzgamiento de un ser humano, menos de los trabajadores que son uno de los elementos torales para generar la riqueza social de nuestro país.
El Infonavit debe retomar su misión redentora de la vida decorosa de la clase trabajadora y construir viviendas para ser también un instrumento que modere los abusos mercantiles de los constructores privados y no nada más una parasitaria banca de segundo piso explotadora y ruin. ¿Qué les cuesta?