Sergio Sarmiento
Analista político y periodista
Distrito Federal— Me parece terrible la desaparición y presunta ejecución de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero también el esfuerzo de cada grupo político por aprovechar la tragedia de estos jóvenes para llevar agua a su molino.
Por un lado vemos a César Camacho, el presidente nacional del PRI, afirmar que hay que citar a Andrés Manuel López Obrador para que declare sobre sus lazos con José Luis Abarca, el ex presidente municipal perredista de Iguala, a quien se acusa de haber ordenado la detención y secuestro de los normalistas. Después de que López Obrador afirmó que no tenía ningún contacto con Abarca, se difundieron fotografías en que él aparece con Abarca y con su esposa, María de los Ángeles Pineda, como si Andrés Manuel no se tomara fotos con miles de personas. Por otra parte, integrantes de Izquierda Democrática, la organización de René Bejarano, han pedido que Carlos Navarrete, quien acaba de asumir el liderazgo del PRD, reconsidere su permanencia en la presidencia del partido debido al apoyo que le dio a Abarca para la candidatura a la presidencia municipal en Iguala.
Este 27 de octubre tres diputados del PRD, entre ellos Alejandro Sánchez Camacho, presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra del procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, por una supuesta omisión para promover acusaciones en contra de Abarca, lo cual supuestamente hizo posible el secuestro de los normalistas. De la misma manera, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otros grupos políticos han aprovechado la desaparición de los normalistas para realizar movilizaciones, algunas de ellas violentas, para promover su agenda política, que incluye la derogación de una reforma educativa que les haría perder su control sobre las plazas magisteriales.
La verdad es que el procurador Jesús Murillo Karam parece haber resuelto en apenas un mes un caso que se veía muy complicado en un principio. Cada vez parece más firme la hipótesis de que los normalistas fueron detenidos en Iguala por la policía municipal mientras se dirigían en autobuses robados a reventar una fiesta del DIF municipal, que sería encabezada por la primera dama que tenía aspiraciones a la presidencia municipal. Los normalistas fueron entregados por la Policía de Iguala a la de Cocula y ésta a su vez los cedió a la banda de Guerreros Unidos. La PGR cuenta con confesiones de los participantes. Falta ver si la nueva fosa clandestina encontrada en un tiradero de Cocula tiene realmente los restos de los normalistas.
La tragedia de los normalistas ratifica una vez más las consecuencias de la ausencia de un verdadero estado de derecho en nuestro país. Nadie parece ajustarse a las reglas.
Ni los líderes de Ayotzinapa, que mandaron a Iguala a un contingente de estudiantes de primer grado, quienes seguramente no sabían a qué iban, o que ordenaron el secuestro de autobuses porque consideran que ellos tienen un fuero para esta práctica.
Ni las autoridades ni la Policía de Iguala, que consideraron que estaban justificados en disparar contra los normalistas, secuestrarlos y entregarlos al crimen organizado en castigo por haber puesto en jaque al Gobierno municipal.
En cuanto a los políticos que buscan utilizar la tragedia de los normalistas para llevar agua a su molino, me parece que no tienen vergüenza. Ni López Obrador, ni Navarrete, ni Murillo Karam son responsables de la tragedia.
Lo que hemos visto es un deterioro general en el estado de derecho del país. En vez de buscar chivos expiatorios entre los enemigos de cada partido, deberíamos promover reformas de fondo que nos permitan recuperar el imperio de la ley.
Tronar cohetes
Toda la noche del 27 al 28 de octubre los fieles de San Judas Tadeo tronaron cohetes en el Paseo de la Reforma y la iglesia de San Hipólito. Los cohetes están prohibidos por contaminación, ruido y peligro, pero las autoridades no aplican esta regla a fieles o peregrinos. Cuando ocurra una tragedia, entonces taparán el pozo.