LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

Las cosas estaban muy claras desde un principio, el director de la Academia de Policía, Gilberto Ontiveros Chávez armó toda una estrategia para obligar a los cadetes a su cargo, a que se registraran como militantes activos del Partido Revolucionario Institucional, condicionando su permanencia en esa institución. Ayer, finalmente se le forzó a que presentara su renuncia definitiva al cargo, de acuerdo a lo informado por el alcalde Enrique Serrano Escobar.
Ontiveros había sido suspendido desde hace seis semanas y ayer, al dar a conocer la baja, el presidente municipal dijo que llegó a esa determinación luego de que le hicieron llegar y analizó los resultados de la investigación realizada por del Departamento de Asuntos Internos. Pero al ser cuestionado por Los Reporteros para que diera más detalles dijo: “Ya no está, ya déjenlo en paz”.
Serrano Escobar informó que el Municipio no encontró responsabilidad penal alguna y, por lo tanto, no tuvo elementos para consignarlo. Sin embargo, es claro que esa no es atribución del alcalde, además de que ya existen tres denuncias penales presentadas por militantes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ante el Ministerio Público Federal, que integra los expedientes respectivos.

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Hay que recordar que todo inició luego de que el Comité Directivo Municipal del PRI diera a conocer una campaña para afiliar al mayor número de ciudadanos posible, y para tal fin convocó el viernes 26 de julio a un evento en sus instalaciones de Lerdo y Galeana. Entre las estrategias contempladas por los funcionarios del tricolor se encontraba la de condicionar el ingreso –o permanencia– a la Academia de Policía Municipal a registrarse como integrantes de ese organismo político. Pero eso no fue todo, les dijeron que además llevaran a sus familiares también a afiliarse.
Los organizadores de esa jornada fueron la presidenta del partido en Juárez, Mayra Chávez, y Aarón Yánez Limas, del Grupo Juventud Esfuerzo, y precisamente el director de la Academia, Gilberto Ontiveros Chávez, es el secretario general de ese organismo priista.
Además de los antes mencionados, el pasado 7 de agosto, cuando la PGR notificó al secretario de Seguridad Pública, César Omar Muñoz Morales y a Ontiveros Chávez, que se abrió la investigación correspondiente, y les hizo saber también que el caso llegó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), surgió el nombre de otro implicado. Se trata del director de Alumbrado Público, Héctor Salazar Polanco, quien es titular de Afiliación del Comité Directivo Municipal del PRI, y aparentemente fue él quien ordenó a Ontiveros que enviara a los cadetes a las instalaciones del partido, y para ello puso a su disposición tres camiones de transporte público.
Según los abogados del PAN en el caso de la afiliación forzada de los cadetes de Academia al tricolor se configura un delito electoral establecido en el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Eso no es todo, la denuncia también fue llevada ante las autoridades laborales, ya que es ilegal que se fuerce a una persona a pertenecer a un partido político condicionándole el acceso a la instrucción en una institución de carácter público como lo es la Academia Municipal de Policía.
Y para completar el cuadro, también ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos se presentó una queja, por lo que los involucrados no la tienen nada fácil.

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Continuando por terrenos de la Academia de Policía, hay otras situaciones en esa institución que no tienen nada contentos a quienes reciben instrucción o laboran ahí. No son pocos los que se quejan de la prepotencia con que se maneja Kenia Itzel Pérez Muñoz, sobrina del secretario de Seguridad Pública César Omar Muñoz, a la cual le han puesto el mote de “lady policía”.
Dicen que esta mujer presume a diestra y siniestra su parentesco con el jefe policiaco y, a pesar de que ostenta un cargo de tercer nivel, obliga a que las cosas se hagan en la Academia como ella decide, teniendo atribuciones casi similares al ex director de la Academia, quien por quedar bien con su jefe nunca la puso en su lugar –y de nada le valió porque ya está fuera de la institución.
Personal sindicalizado de la Academia hasta con 15 años y más de antigüedad, afirma que nunca habían atestiguado tal nivel de prepotencia al grado que hasta a ellos, que cuentan con el apoyo del sindicato, los amenaza con correrlos si no acatan sus órdenes.
Incluso personas que en un principio establecieron una relación cordial con Kenia Itzel reconocen que “en corto” es muy buena onda, pero en lo laboral, ahí si se pasa de prepotente.
Por último, comentaron que por la larga jornada que atienden día con día, a los cadetes les ofrecen alimentos, pero se los cobran y muy bien. Y afirman que la concesionaria del servicio de comedor, tiene un arreglo con la lady policía. Así las cosas.

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Un hecho que ha llamado la atención de los organismos defensores de los derechos humanos es que maestros universitarios han estado acudiendo a esas instancias para defender sus derechos laborales, y en dos de cuatro casos los fallos les han sido favorables. Los otros dos se encuentran pendientes.
El primer caso que se presentó fue el de Alberto Escalera Narváez, maestro de tiempo completo de la UACJ que imparte las materias Lingüística General, Morfosintaxis del Español y Lingüística del Inglés, en la ciudad universitaria.
El agraviado acudió a la CEDH debido a que fue despedido injustamente porque “enviaba muchos correos y me quejaba de los viáticos que me asignaban para los viajes, (lo que) los hacía pensar (a sus superiores) que yo no estaba a gusto con la institución y que por tal motivo habían decidido terminar la relación laboral”. Argumentó que nunca se le dio la oportunidad de defenderse, únicamente le notificaron su despido.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a favor del catedrático, al considerar que existían elementos suficientes para presumir violaciones en contra del derecho de la legalidad y seguridad personal, y en contra del debido proceso. Recomendó al rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de subsanar en la medida de lo posible las omisiones ya identificadas.
El segundo caso corresponde al maestro Hugo Uslé, quien laboraba en la Universidad Pedagógica Nacional (UPNECH) desde 2003 y presentó una queja en la CEDH por lo que consideró una violación a sus derechos laborales.
Éste explicó que cuando daba clases empezó a ver una serie de irregularidades en las formas de contratación, los horarios de trabajo, y otras cuestiones laborales que no solo le afectaban a él sino también a otros compañeros profesores, pero nadie decía nada por temor a que los corrieran. Fue entonces que decidió presentar una queja formal ante la CEDH y en cuanto los directivos de la universidad se dieron cuenta, lo despidieron.
El 4 de agosto pasado recibió una resolución favorable en la que se instruye a los directivos de la UPNECH reinstalarlo en sus labores y, aunque ya transcurrió ese lapso y no le han regresado su puesto, interpondrá una nueva queja, pero ahora ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Existen otras dos quejas de maestros universitarios –uno de la UACJ y otro de la Universidad Tecnológica, por motivos similares, pero los detalles de las mismas no fueron dados a conocer debido a que están en proceso.

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Por sorpresa tomó ayer a los habitantes del Valle de Juárez y personas que acuden desde la zona urbana a los poblados ubicados al oriente de la ciudad, la instalación de un retén militar similar al Precos que desde hace años se ubica en el kilómetro 70 de la carretera Panamericana.
Unos 20 elementos del Ejército que se trasladaban en hummers y camionetas de redilas, instalaron desde temprana hora un arco de rayos gama a la altura del poblado de Loma Blanca en el carril que va de Juárez a El Porvenir y empezaron a detener a la mayoría de los vehículos que circulaban en ambos sentidos.
A conductores de autos particulares, autobuses de pasajeros, camiones de carga y pipas se les estuvo pidiendo que mostraran los documentos vehiculares, que descendieran de las unidades, para luego revisar el interior de cada una de ellas.
Siempre se ha sabido que el Valle es un amplio corredor por el que cruzan drogas de México a Estados Unidos, mientras que en sentido contrario ingresan a territorio nacional armas y dinero, siendo el decomiso de esas mercancías el objetivo del retén, de acuerdo con uno de los oficiales que estaba al frente del operativo.
El punto de revisión se colocó ahí de manera indefinida, “hasta que haya contraorden. Se trata de traerle seguridad a la gente de esta región y pues hasta que lo logremos nos vamos de aquí”, expuso el militar.