LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

La opinión de Gustavo Madero, presidente del Comité Directivo Nacional del Partido Acción Nacional pesó –como tenía que ser– y los panistas juarenses, serán convocados a una elección el próximo 9 de noviembre para renovar la dirigencia de ese organismo político, quedando en el aire la intención de designar una delegación.
Mario Humberto Vázquez Robles dijo que la delegación es un mecanismo que tienen las instancias del partido cuando hay una situación extraordinaria, bajo ciertos supuestos que ahora, dice, no existen en Juárez. Por ello, decidieron que lo mejor es la elección, para que la militancia, en pleno uso de sus derechos políticos decida quien la conduce.
Dicen que ya hasta se comunicó con quienes han manifestado su interés por postularse para presidente del Comité Directivo Municipal –Jorge Espinoza, María Valadez, Sergio Madero, Edeberto “Pilo” Galindo e Hiram Apolo Contreras Herrera– e informarles que la fecha de la elección es el próximo 9 de noviembre, no obstante que la actual directiva termina el 23 de octubre.
En ese contexto, el 23 de agosto, el actual dirigente municipal del albiazul, Hiram Apolo Contreras, envió un oficio a Vázquez Robles en el que manifiesta su preocupación por la situación que prevalece sobre la renovación de los comités directivos municipales y la elección de consejeros estatales.
Argumenta que los estatutos aprobados en noviembre del año pasado establecen en su Artículo 53 que no puede haber una elección interna 3 meses antes de que inicie el proceso de una elección constitucional. Y agrega que en el Art. 71, numerales 4 y 5, dice que no puede haber asamblea para renovar comités municipales 3 meses antes de iniciar el proceso de una elección constitucional, que para el año que corre inicia el 7 de octubre, es decir, de acuerdo con los postulados del dirigente juarense, desde el 7 de julio no se pueden realizar procesos internos.
Contreras Herrera apunta la importancia de respetar los estatutos del partido para evitar impugnaciones y el desgaste mediático que afectaría a Acción Nacional en víspera de la inminente elección para renovar la Cámara de Diputados.
Lo cierto, dicen algunos de los aspirantes a sustituirlo, es que Hiram quiere prolongar su permanencia en el cargo acomodando los nuevos estatutos a su conveniencia, pero el argumento en contrario es que existe el artículo 3 transitorio, que establece cómo proceder para adaptar los términos de la gestión. Dice que en la convocatoria se ajustará el periodo de la nueva directiva, es decir, el periodo no será de tres años, sino de octubre de 2014 al primer semestre de 2017, esto es, que debe haber convocatoria y que será la siguiente directiva la que adapte su término, no la actual.

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Si ya se logró una reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado que, de acuerdo con los responsables de esa modificación, le permitirá a esa instancia de gobierno reducir las aportaciones del Estado para pagar a los jubilados y pensionados –bajó de mil 600 millones de pesos anuales a sólo 430 millones de pesos–, por qué no seguir el caminito antes de que la situación en el Gobierno municipal de Juárez haga crisis.
Si bien fueron casi dos años lo que le llevó al Gobierno del Estado elaborar todo el entramado y realizar las negociaciones con todas las partes involucradas para que a finales de 2013 fuera promulgada y a partir de enero del presente año entrara en vigor la nueva Ley Estatal de Pensiones, es importante que a nivel local se inicien los trabajos y alcanzar una modificación al esquema de pensiones del Municipio a la brevedad posible.
Es urgente dar ya los primeros pasos para sortear la quiebra técnica en la que se encuentra el fondo de pensiones municipal, como advirtió ayer Norma Sepúlveda, integrante de la Comisión edilicia de Trabajo y Previsión Social, y como lo muestra el hecho de que hasta 823 empleados con 15 años de servicio o más de laborar para el Gobierno local tienen derecho a jubilarse y, de concretarse tal situación, las finanzas del Ayuntamiento se verían seriamente afectadas porque se duplicaría el gasto corriente utilizado para la nómina de trabajadores en activo y en retiro, lo cual sería poco menos que insostenible.
Y qué decir de lo que ocurre en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, no debemos llegar a situaciones como las que se presentan en los sindicatos de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad o de Ferrocarrileros, que finalmente todos los ciudadanos debemos pagar el costo de los privilegios que gozan los trabajadores afiliados a esos organismos gremiales para que las cosas sigan igual. No se vale.

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Aunque a primera vista pudiera considerarse una medida ejemplar el castigo al director de la Secundaria Federal 2, por exigir el pago de cuotas, ese hecho podría ser un arma de doble filo, porque sentaría un precedente negativo en cuanto a la necesidad real que existe de que las escuelas cobren esas cuotas para dar mantenimiento a sus instalaciones y pagar ciertos servicios, y promover que padres de familia que sí pagaron esas cuotas decidan abstenerse de hacerlo en futuras ocasiones, sin que haya un respaldo oficial para sustituir esa entrada de recursos a los diversos planteles de educación básica.
El pasado viernes, David Beltrán Méndez, director de la mejor conocida como Secundaria Altavista, fue suspendido temporalmente de sus funciones por la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte debido a que existe una queja en su contra por supuestos actos de coacción sobre aportaciones “voluntarias” de los padres de familia.
Beltrán Méndez negó haber condicionado la entrada a sus alumnos a cambio del pago de cuotas y aseguró desconocer el motivo por el cual fue suspendido de su trabajo como director.
El caso es que hay otros cinco casos similares que fueron denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de directivos y asociaciones de padres de familia, al margen de otras tres más que investigan las autoridades educativas.
Estos casos deben manejarse con demasiada cautela, porque si bien la ley marca que la educación debe ser gratuita, el Estado debe garantizar los medios para que así sea y es una realidad que no hay recursos oficiales para dar mantenimiento a los planteles escolares, por lo que directivos y las asociaciones de padres de familia establecen cobros para suplir esa responsabilidad del Gobierno.
Antes de aplicar sanciones, las autoridades educativas deben buscar la forma de cumplir con su obligación de otorgar los recursos necesarios. Aplicar sanciones en las actuales condiciones, es romper el hilo por lo más delgado.

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La reciente solicitud que hiciera Promotora de la Industria Chihuahuense al Ayuntamiento de Juárez para el cambio de uso de suelo de 162 hectáreas en la zona de San Jerónimo despertó especulaciones acerca de que el Gobierno del Estado prepara esos terrenos para ofrecerlos a la compañía armadora de autos china que pretende establecerse en nuestra ciudad.
Hasta el momento nadie ha querido afirmar que los trámites tienen el fin antes expuesto. Por ejemplo, Sergio Jurado, director de la Promotora de la Industria Chihuahuense, comentó que sí está el interés del gobernador César Duarte por establecer la armadora, pero aclaró que eso no quiere decir que una cosa esté directamente relacionada con la otra y agregó que se trata de procesos muy largos, que no se resuelven de un día para otro.
El director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación dijo que de cambiar el uso de suelo de habitacional a industrial en la zona, bien podría quedar ahí la armadora o cualquier otra empresa de carácter industrial.

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Una muy buena noticia para Juárez es que el Gobierno federal entregó este año 61.5 millones de pesos al Gobierno municipal provenientes de un fondo de la Dirección General de Aduanas que se alimenta con recursos tributarios del comercio exterior.
Esos recursos crecerán hasta 94.6 millones de pesos este año y, lo más importante, de acuerdo con el tesorero municipal, Juan Miguel Orta Vélez, son fondos que no están etiquetados y se pueden utilizar en los programas del Municipio donde más se necesiten.