¿Reformándonos para el futuro?

LUIS JAVIER VALERO FLORES

En una hasta ahora inexplicable iniciativa, el gobierno de César Duarte celebró el martes pasado un evento en el que se comprometió a convertir a Chihuahua en ícono de la justicia y a transparentar la administración pública,  además de instalar la más amplia apertura en su gobierno.
Al encabezar el relanzamiento de las políticas públicas, César Duarte anunció la creación de un esquema al que llamó “Reformándonos para el futuro”, en la instrumentación de reformas que abarcarán no solamente lo referente a su administración, porque será “una reforma de estado”, con cambios estructurales en los tres niveles de gobierno, “necesarios para adaptarse a las reformas nacionales y lograr mayores beneficios para Chihuahua”. (Comunicado de prensa, Comunicación Social del Gobierno de Chihuahua, 12/VIII/14).
En la reunión realizó un mini-informe, en un acto de gobierno que, por lo mismo, extrañó que fuera acompañado por los dirigentes de los 3 partidos mayoritarios de la entidad (una duda ¿No es, acaso, más importante, electoralmente hablando, el PANAL que el PRD, o a ese, por ser más de casa, no se le necesitaba para aparentar el respaldo de las tres corrientes político electorales más importantes en Chihuahua -en tanto no se realicen nuevos comicios y Morena desbanque al perredismo-?).
Otro aspecto notable de esa reunión fue el hecho de que el mandatario estatal estuviera flanqueado, no por los titulares de los poderes Judicial y Legislativo, sino por el arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda, además de las ausencias de la senadora Lilia Merodio, del presidente municipal de Juárez, Enrique Serrano Escobar, y los consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip).
Sin embargo, en el acto no hubo anuncio concreto que implicara los alcances de un acuerdo de estas fuerzas políticas y que, como lo sostuvo César Jáuregui, coordinador de los diputados del PAN, sólo es una falsa pluralidad pues en Chihuahua, salvo el blanquiazul, todos los partidos forman parte del bloque gobernante.
Deberemos buscar en otro lado la explicación a la realización del evento pues, a juzgar por lo expresado, tanto por el gobernador Duarte, como por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Miguel Salcido y el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rodrigo de la Rosa, en Chihuahua no se necesitaría realizar ningún ajuste a la actual administración estatal, pues los logros alcanzados en distintas materias volverían injustificados cualesquier cambios.
Miren si no es así. “El Jefe del ejecutivo, manifestó que luego lograrse mejores estándares en seguridad hasta convertir a Chihuahua en ejemplo de la justicia, el mejoramiento del sistema judicial, los avances en educación con 130 mil plazas creadas, la austeridad y promover la transparentar su administración, incluida su propia oficina, se hace necesario aprovechar esos aspectos para aplicar nuevas acciones acordes a lo que se está presentando a nivel nacional con las reformas tanto económica, política, de telecomunicaciones y educativa”. (Ibídem).
Y enfatizó en que “si bien falta mucho por hacer, estamos en una situación de avanzada y Chihuahua hará lo necesario para mejorar los estándares de seguridad…”. (Ibídem).
Así lo dijo para todas las actividades relevantes de la entidad. Juárez, por ejemplo, ya “no es la nota roja la que ahora ocupa los espacios noticiosos, ahora esa frontera está convertida en el polo industrial de la entidad, donde se detona la actividad económica y el empleo”. Ahora es el momento, dijo, de convertir a Chihuahua en “el ícono de la justicia a nivel nacional”.
Algo habrá leído el equipo gobernante en el seno de la sociedad, porque justamente ahora, a escasos meses del inicio de las campañas electorales (las federales del próximo año y las del 2016) se percataron que “la sociedad actual exige una administración pública más transparente, una mejor rendición de cuentas”, razón suficiente para crear los mecanismos y programas necesarios para se genere “el mayor y más fácil acceso (suponemos a la información gubernamental)”, así como “una auditoría y un Gobierno en tiempo real, con los sistemas de comunicación alimentándose permanentemente en las acciones de compras y licitaciones de obras de la administración estatal”, que, supone el escribiente, quisieron decir que se podrá tener un más fácil acceso a estas últimas, algo que la ley de transparencia tiene contemplada como información obligada y que hasta la fecha goza de la más pronunciada opacidad.
Y prometió que su oficina sería la “más “transparente… que estará al alcance de toda la sociedad”.
Y como lo ha venido insistiendo, remarcó el hecho de que la reforma energética traerá amplios beneficios a la entidad, sobre todo a partir de la explotación del gas shale, “que permitirá a los jóvenes empleos de calidad, en algunas de las regiones menos favorecidas del estado como Ojinaga, Coyame, Aldama, Camargo y Jiménez, municipios que ahora contarán con esta gran palanca de desarrollo”. ¿Será?
Además, comparó los índices de crecimiento económico entre el año 2000 y 2013. Afirmó que en el primer año se registró un “decrecimiento de 9 por ciento, mientras que en 2013 Chihuahua creció un 4 por ciento para ser el estado con una economía diversificada que más creció y tercero en el país en crecimiento, sólo detrás de Baja California Sur y Quintana Roo, entidades directamente vinculadas al turismo”.
Pero, sostiene el escribiente, esas cifras esconden otra realidad, apabullante: En el año 2000 se registraron 710 mil trabajadores en el IMSS, en tanto que hasta el primer semestre de 2014, hay registrados 746 mil.
Para reflexionar.
El tenor de los pronunciamientos del magistrado Salcido fue el mismo. Sostuvo que recuperamos la seguridad y la legalidad “perdidas en un lapso en el que ninguna otra ciudad en el mundo lo ha recuperado, logros que fueron posibles gracias al valor solidario y la fortaleza de la unidad de los habitantes de esta entidad” y presumió que se siguen dictando sentencias condenatorias de prisión vitalicia a secuestradores, extorsionadores y multihomicidas, además de ser la primera entidad que “desarrolla todos sus juicios en el sistema oral, lo cual es ejemplo a nivel nacional e internacional, con una justicia pronta, completa e imparcial que asegura una vida digna para todos los chihuahuenses”.
En su intervención, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Rodrigo de la Rosa Ramírez, no se apartó del guión establecido al expresar “su beneplácito porque, juntos, los chihuahuenses emprendieron reformas legales que lograron revertir la inseguridad, mejorar la economía, generar empleos, recuperar la inversión, así como la regionalización de la educación y su vinculación con el sector laboral”.
¿Y entonces, por qué hacer un tan importante pronunciamiento como el de “reformándonos para el futuro”? ¿Quiere decir que lo realizado hasta hoy no nos había preparado para ese futuro, tan cercano o tan lejano? Imposible saberlo, debido a la falta de acciones concretas, de gobierno o legislativas, que nos ilustren acerca de la reforma de César Duarte.
No desentonó en tales juicios la diputada del PRD, Hortensia Aragón, quien se congratuló por el “carácter plural e incluyente, con una visión de Estado de trabajar juntos para contribuir en la generación de mejores condiciones de vida para la ciudadanía” del evento pero que, al igual que el resto de los oradores, no mencionó alguno de los acuerdos que sustentaran esta nueva realidad “reformadora” de Chihuahua.
Acaso más consciente de la necesidad de darle contenido a una reunión como la del martes anterior, César Jáuregui, el líder de los diputados panistas, adelantó, al caracterizar al evento como el “más importante de la actual administración” desde el ámbito político porque, dijo, ”está por concretarse la reforma política de la cual tanto se ha hablado, modificación que representa una de las más grandes oportunidades históricas de transformar el destino de Chihuahua”, y casi condicionó su presencia en el evento al agradecerle al Gobernador Duarte la convocatoria porque “lleva implícita la necesidad de transformar las instituciones públicas…”. (Ibídem).
Y luego, nada. Pasó el evento, se comentaron unas cuantas cosas en el curso de la semana, -en la que el Departamento de Estado de EU nos declaró, otra vez, zona de riesgo por los elevados índices de seguridad a pesar de los pronunciamientos de los gobernantes locales y federales- siguió la rutina anual de estos días, es decir, las denuncias de los condicionamientos al pago de cuotas para aceptar a los niños en las escuelas, las ejecuciones “normales” -y algunas no tanto, como la de los cadáveres destazados o la de los 5 jóvenes de Parral-, las declaraciones gubernamentales que todo está bajo control, la continuidad del Festival de Chihuahua, las francachelas de los panistas, etc., es decir, todo igual.
¿Y entonces? ¿Para qué el evento?
Porque fuera de la propuesta del gobernador Duarte de que los patrones otorgaran un pago especial, de octubre a diciembre, de 15 pesos diarios a los trabajadores que ganen hasta 150 pesos, no hay nada más que sustente la existencia de un golpe de timón en el gobierno estatal; a lo sumo, la expresión de la existencia de una mesurada preocupación en el equipo de gobierno acerca de los próximos comicios y los crecientes índices de rechazo popular a la actual administración que se alcanzó a vislumbrar en el hecho de que, a diferencia de las 9 anteriores versiones del Festival Chihuahua, ahora no contó con el discurso inaugural del mandatario chihuahuense.
Hecho reforzado por los crecientes rumores, seguramente originados al interior del gobierno, de que el Gobernador Duarte no encabezará el tradicional evento del Grito de Independencia en la Plaza del Angel, debido a que temen una estridente manifestación en contra del mandatario y que podrían optar por celebrarlo en Parral.
¿Será esto último la explicación al “reformándonos”?
Lo veremos.