Miriam A. Ornelas
Ingeniera industrial y abogada
Está a punto de comenzar el nuevo ciclo escolar y una especie de angustia se generaliza entre un gran sector de la población porque muchos de los jóvenes que hicieron su aplicación para ingresar a las preparatorias fueron rechazados por los planteles oficiales a los que pretendían ingresar. Aproximadamente el 13.7 por ciento no prosperaron en el intento, lo cual deja sin escuela a 3,133 jóvenes que no debieran tener impedimento personal alguno para seguir estudiando siendo que además, por mandato constitucional, la instrucción preparatoria no tan solo debe ser gratuita sino obligatoria.
Pero los padres de familia saben perfectamente que en tratándose de programas oficiales la mejor escuela es la que te queda más cerca de tu casa y ahora, cómodamente, la Secretaría de Educación Pública publica un listado donde supuestamente existen a disposición de los rechazados cerca de siete mil lugares en diversas escuelas, de las cuales casi dos mil son oficiales y gratuitas y 5,250 son de preparatorias privadas que les cuestan a los depauperados padres de familia un ojo de la cara.
Este desfase en la ubicación de los planteles escolares para con la situación domiciliaria de los educandos solamente prueba una falta de coordinación al interior de la autoridad educativa, a la que poco le importa que nuestros hijos tengan que recorrer distancias que en muchas de las veces superan los veinte y hasta treinta kilómetros para cumplir con una obligación constitucional de estudiar la preparatoria, y todo esto en una ciudad que está afectada por una ola de violencia, de robos y secuestros de jovencitas que a pesar de lo que proclamen nuestras autoridades no ha sido eliminada ni disminuida a niveles razonables.
La ineptitud oficial, en estos aspectos, viene a representar el mejor activo de las escuelas particulares donde la educación además de poco satisfactoria es muy cara y toma a los escolapios como un botín bajo los pretextos más insignificantes, desde los uniformes escolares, el pago de exámenes mensuales, cuotas extraordinarias por todo y para todo y demoras monetarias para expedir todo tipo de constancias y certificados. En estos términos, la presumida reforma constitucional de obligatoriedad educativa resulta un mito demagógico y cruel.
A pesar de este listado, quedan más de mil doscientos estudiantes sin escuela suponiendo que todos se inscriban en centros escolares que quedan allá, donde el aire da vuelta, en locaciones como San Isidro, Villa Esperanza, La Ciudad del Conocimiento, colonia Zaragoza, Lomas de Poleo, etcétera.
Lo cierto es que el problema de transporte de estos muchachos a esas casas educativas se disparará porque debe tomarse en cuenta que casi todos los alumnos que aspiran a ingresar a la preparatoria son jovencitos que frisan entre los 14 y 15 años de edad, lo que los hace presas apetitosas de la delincuencia. Así las cosas, la lista de espacios escolares no es un justificante para la imprevisión de nuestro gobierno, los gastos de transporte solamente superarán los montos de las cuotas escolares que se exigen en algunos planteles.
El criterio de las autoridades educativas debe cambiar y realizar los estudios previos para incrementar el cupo en los planteles que se encuentran ubicados en las zonas citadinas de mayor densidad de población. Para ello el Inegi tiene estudios detallados al respecto, que por lo visto son desperdiciados por los encargados de los servicios educativos. Mejor se gastan millonadas en realizar estudios inútiles en otros campos y no en lo que debiera ser.
Además, en vista de la distribución poblacional, deben cerrarse espacios en preparatorias de alta lejanía y transferir estas plazas de maestros a los planteles que verdaderamente requieren de más maestros y salones para atender la demanda real.
Con todos estos escollos, la quimera oficial de cupos plenos se convierte en una burla para estas familias y la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior es una retórica legal sin sustancia ni apego a la realidad. Esto tiene muy mal pronóstico y reafirma la afición de nuestros políticos a la demagogia.