LUIS JAVIER VALERO FLORES
2014-07-19
Inmersos en su mundo, empeñados a “modernizar” al país según su entender, el grupo hegemónico en México no se detiene en sus pretensiones. Bajo el pretexto de impulsar al país a los primeros planos de la competencia internacional –como requisito para detonar el desarrollo económico– han cambiado, en unos cuantos meses, los pilares del Estado mexicano en dos de los aspectos más trascendentales: la política energética y las telecomunicaciones.
Las consecuencias serán, por una parte, la acelerada modernización de estos sectores, con base en una mayor explotación –en el caso de los hidrocarburos–, teniendo como eje central la máxima obtención de utilidades para los gigantes de estas industrias y, por otra, la depauperación de extensos sectores de la población, con una severa agudización en la desigual distribución de la riqueza.
En unos cuantos años, México habrá generado una nueva camada de hombres inmensamente ricos que, como la más reciente, tendrán como fuente de esa riqueza las concesiones obtenidas o auto regaladas a través de todos los mecanismos que el control gubernamental les ofrece.
La rapacidad será el signo distintivo de las empresas que se aprestan a apropiarse del petróleo, el gas, la electricidad y los negocios derivados de las telecomunicaciones.
A cambio, como en el caso del Tratado de Libre Comercio, dejarán a nuevos sectores sociales en la pobreza.
La política energética está diseñada para favorecer a la gran empresa, en perjuicio de la pequeña y mediana industria y los consumidores domésticos; las tarifas existentes así lo demuestran, particularmente en lo que se refiere a la producción agropecuaria en la que los productores nacionales, lanzados a la competencia internacional, están en desventaja frente a los productores norteamericanos que cuentan con muchos y muy grandes subsidios.
Por otra parte, al no modernizar la explotación del gas, para favorecer la entrada de los capitales extranjeros, volvió incosteable la generación de electricidad a partir del combustóleo.
No son especulaciones. Ayer debió discutirse en la Cámara de Diputados el dictamen sobre las leyes secundarias de la reforma eléctrica. Del mismo modo que en la petrolera uno de los temas centrales será la desaparición de los subsidios a las tarifas.
¿A quién se le ocurre, en un país en el que más del 80 por ciento del transporte de mercancías y personas se realiza por medio de vehículos de motor a gasolina o diesel, quitar el subsidio a los combustibles para ubicar las tarifas a precios internacionales?
Del mismo modo harán en el caso de las tarifas eléctricas. Pero aquí la trampa es al contrario. Abrirán las puertas para que las empresas privadas puedan generar y vender electricidad –como ahora ya lo hacen en un buen porcentaje de las necesidades nacionales– sin restricción alguna. Para eso necesitan quitar los subsidios, para que esas empresas puedan obtener muy elevadas utilidades con precios a la alza.
Generarán no pocos problemas. Ahora mismo diversas organizaciones de productores agropecuarios en Chihuahua sostienen que las elevadas tarifas eléctricas impiden, siquiera, pagar las mensualidades para liquidar los pasivos que miles tienen con la CFE.
Esas mismas organizaciones sostienen que la situación hará crisis nuevamente si no se ajusta el cobro a 14 cvs. el kilowatt/h ¿Lo harán las nuevas empresas? Ni pensarlo.
Y a pesar de todas las argumentaciones de quienes impulsan la privatización de la generación de la electricidad, en nuestro país cuesta 84 por ciento más la electricidad para uso industrial que en Estados Unidos, la usada por los comercios 135 por ciento más y la empleada en los hogares “de alto consumo” 149 por ciento.
El subsidio a la electricidad representa casi 30 por ciento de las tarifas eléctricas.
En tanto, en el uso residencial, para el estado de Chihuahua priva la esquizofrenia. Debido a una razón fuera de toda lógica, la mayoría de los municipios de la entidad tienen establecida la tarifa “1 A” de la Comisión Federal de Electricidad, pues ésta sostiene que Chihuahua tiene una temperatura promedio de 25 grados centígrados a lo largo del año, por lo que, concluye no nos hacemos merecedores a las tarifas de los climas extremos que en verdad padecemos.
Chihuahua debería estar ubicada en la zona correspondiente a la tarifa 1D, lo que equivale a pagar menos de la mitad de lo que pagamos, aunque los diputados federales del PRI le solicitaron al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, cambiar la tarifa 1 “B” por la 1 “F”.
Igual planteamiento ha hecho el gobernador César Duarte. Sin embargo, tres municipios (Ascensión, Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G. Guerrero) lograron cambiar las tarifas eléctricas, gracias a las gestiones directas de sus presidentes municipales. El cambio se dio en el subsidio que anteriormente era por cada 150 kilowatt/hora consumido, mientras que ahora lo tendrán por 600.
No es cualquier cosa, según David Shields (analista de la industria energética) “El calor extremo en las zonas cálidas es causa de subdesarrollo, pobreza y múltiples problemas de salud pública”. (Nota de Reforma, 17/VI/14).
Ante tal situación, sostiene, no se ha puesto en práctica medida alguna en la edificación de vivienda para disminuir el uso de electricidad en la climatización, a pesar de que en el año 2011 se publicó la Norma Oficial Mexicana denominada “NOM-020-ENER-2011, Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios para uso habitacional” que obliga a todas las constructoras de vivienda a usar materiales que eviten la “ganancia” de calor en las edificaciones.
No se ha aplicado. La presión de las empresas constructoras de vivienda ha surtido efectos.
Y es que al año se construyen cerca de 145 mil viviendas en zonas cálidas de México, con un costo para el erario de más de 240 millones de pesos en subsidios a la energía eléctrica. Con la aplicación de la NOM-020-ENER-2011 se estaría reduciendo el consumo de 40 millones de kWh y más de 80 millones de pesos en subsidios anualmente, tan sólo en estas nuevas viviendas debido al uso de materiales térmicos.
Este tema, el de las tarifas eléctricas, ilustra nítidamente la incapacidad, en esta materia, de quienes han representado a los chihuahuenses.
De ahí la preocupación ante el anuncio de que los “subsidios generalizados” en tarifas eléctricas y en combustibles desaparecerán para dar paso a una política de “subsidios focalizados” con programas de apoyo a la población de bajos recursos para que “no resienta” el alza de precios de combustibles y costos de luz.
Pero esos son los discursos, otra es la realidad.
Ya se aprestan a “tomar” las ganancias de las reformas.
Por lo menos cuatro ex directores de Pemex están ligados a seis empresas que se beneficiarán de la apertura energética. (Nota de Israel Rodríguez, La Jornada, 19/VII/14).
“Diversos personajes políticos están relacionados de una u otra forma a empresas como Grupo Diavaz, OHL, Ienova, Iberdrola, Jacobs Engineering Group y Oro Negro, entre otras, las cuales incluso antes de la apertura total del sector energético han sido beneficiadas con contratos millonarios”, dice la nota.
El Grupo Diavaz, encabezado por Óscar Vázquez Sentíes, figura como uno de los 10 proveedores más importantes de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ahí, el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, a través de la empresa Fondo Evercore México Capital Partners, posee el 20 por ciento.
En la empresa de Aspe Armella trabajó, en los más altos niveles, el hoy secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
La empresa constructora Obrascón Huarte Lain Industrial (OHL), es presidida en México por José Andrés de Oteyza Fernández, ex secretario de Patrimonio y Fomento Industrial de 1976 a 1982 y en el Consejo de Administración participan dos ex directores de Pemex, Carlos Ruiz Sacristán, (1994, en el gobierno de Ernesto Zedillo) y Jesús Reyes Heroles González Garza, (2006 y 2009, con Calderón y secretario de Energía, de 1995 a 1997, en el gabinete de Zedillo).
A su vez, el actual director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien fue director del Issste y secretario de Energía en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue consejero de la constructora OHL, empresa que en la presente administración ya obtuvo tres contratos relevantes con Pemex Refinación, de decenas de miles de millones de pesos.
También la panista Georgina Kessel, secretaria de Energía entre 2006 y 2011, durante la presidencia de Felipe Calderón, ahora es consejera independiente de Iberdrola, principal generadora de energía eléctrica privada en México y líder en energía eólica.
Otro ex director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, es alto funcionario de una empresa proveedora de servicios técnicos profesionales para la industria petrolera, la Jacobs Nederland BV, subsidiaria de Jacobs Engineering Group, empresa que desde 2004 obtuvo un contrato para construir 18 plataformas en la sonda de Campeche, con una inversión de 2 mil 500 millones de dólares. “El primero de octubre de 2012, dos meses antes de que dejara el cargo como director de Pemex, a Jacobs Engineering Group se le otorgó un contrato para la ejecución del paquete de servicios para la planta recuperadora de azufre en la refinería de Tula”. (Ibídem).
Los juniors también tienen sus lugares ¡pero por supuesto! en tan redituable negocio. José Antonio Cañedo White, ex presidente del Consejo de Grupo Televicentro, y ahora cabeza del fondo de inversión Axis se apresta, a través de la empresa Oro Negro, a participar en la industria mexicana de servicios petroleros. En Axis participa, además, como director general de Oro Negro, Gonzalo Gil White, sobrino del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, durante el sexenio de Vicente Fox.
Bueno, pues en Oro Negro participa otro ex director de Pemex, Luis Ramírez Corzo y Hernández, (2004 a 2006), también con Fox. Pemex ya otorgó contratos a Oro Negro para la operación de al menos cuatro plataformas, por un monto de 823 millones de dólares.
¿Las reformas son para beneficiar “al pueblo de México”?