Gerardo Galarza
Analista político
Distrito Federal– Que el acoso, la intimidación a escolares, la carrilla, como lo han llamado popularmente los norteños mexicanos por muchos años, no es un fenómeno nuevo, es un lugar común; que es un problema con orígenes “multifactoriales”, como han “descubierto” con gran intuición científica el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, y Consuelo Mendoza, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), también.
Tampoco es la primera vez que hay heridos y muertos por esta práctica bárbara de acotamiento de zonas de poder, ni las extorsiones y “pagos de derecho de piso” desde los años escolares básicos a los superiores. Las novatadas a “los perros” preparatorianos y universitarios también han ocurrido, y ocurren aquí y en el mundo. Lo nuevo del bullying (bulin, según pronuncian los miembros de las nuevas generaciones de estadunidenses nacidos en México, diría el ínclito Carlos Monsiváis) es su violencia, su constancia y sus consecuencias y, hay que decirlo, su impunidad, que se han extendido a la gravedad.
Ante los escándalos periodísticos que provoca, con justa razón, el crecimiento en el número de muertes y heridas graves de educandos primarios o secundarios por parte de sus compañeros, lo mismo en Tamaulipas que en San Luis Potosí, Estado de México, Guanajuato o el estado que sea, autoridades de diverso nivel han dicho que uno de los factores (recuerde que en español el prefijo “multi” significa muchos) que provocan el acoso escolar es la violencia que los niños y jóvenes mexicanos viven en su hogares.
Buen retórico, el secretario Chuayffet ha dicho que “si la escuela es el segundo hogar, entonces la casa debe ser la primera escuela”. Dándose por aludida y en nombre de sus representados doña Consuelo Mendoza respondió “con todo respeto”, muletilla que hoy se usa para mostrar desacuerdo sin el más mínimo respeto, para decir que la “valoración” del titular de la SEP “queda muy corta, porque familia y escuela deben trabajar a la par en la construcción precisamente de una educación integral en los niños y en los jóvenes”, y de inmediato aclaró que por ley y por la Reforma Educativa es la SEP la que está obligada a, en resumen, resolver el problema. Y a su juicio, la SEP, institución gubernamental del Estado mexicano, tiene la obligación de no que darse en la mera “instrucción” de los alumnos.
En otras palabras: el secretario de Educación Pública cree que los principales responsables de educar a los hijos son los padres de familia; y la presidenta de los padres de familia piensa que el Estado, a través del gobierno, es el primer responsable de la educación de los niños y jóvenes mexicanos.
Y sí, los dos tienen razón… desde el punto de vista de la cultura política paternalista y corporativista que impuso el PRI (incluidos los que hoy dicen militar en “la izquierda”) en México, en los 80 años más recientes, y que el PAN fue incapaz, en 12 años, de tocar con la timidez de ninguna política pública. Uno dice: el gobierno cumple con poner escuelas y pagar maestros; otra dice: los padres cumplen con mandar a sus hijos a esas escuelas. Y no estén fregando, piensan los dos. Quizá sea necesario pensar en español, antes de que algún mal día se elimine de los programas escolares oficiales como lo fue el civismo, las diferencias entre de “instrucción” y “educación”, entre “conocimientos” y “valores”, entre “escuela” y “casa”, entre “casa” y “hogar”, entre “grupo” y “familia”… por decir algunos conceptos diferentes.
El Estado mexicano necesita con urgencia de valores en su gobierno y en su sociedad. Los valores sociales (llámense cívicos, morales e inclusive religiosos para aquellos que en ellos crean y los necesiten) son parte de la educación, no de la instrucción. Sin embargo, hoy la corrección política impide hablar de ellos por considerarlos, sin más, parte del conservadurismo, contrario a toda modernidad.
En la escuela y en el hogar comienza la impunidad, el gran mal, el cáncer nacional, que todo corroe y corrompe. Nada pasa a nadie que no cumpla con sus obligaciones, ni en casa ni en aula y, mucho menos, en las calles. Ya ni siquiera la pálida vergüenza de reprobar un curso, o el no tener permiso el próximo fin de semana o responder por los golpes que se proporcionaron a un hermano, amigo o compañero, ¡¿cómo?!, y si a alguien se le ocurriera infamia semejante, pues para eso están los defensores de los derechos humanos, quienes han confundido sus funciones con defensa de la impunidad.