Arturo Mendoza Díaz
Analista político
La denuncia penal que la Comisión Nacional de Derechos Humanos –CNDH– interpuso por el caso AeroShow contra el ex alcalde capitalino Marco Adán Quezada Martínez y seis colaboradores de su gabinete no debe echarse en saco roto.
De hecho, propicia el aprendizaje en cabeza ajena, y de algún modo hace pensar, por ejemplo, en que la clausura temporal del estadio Jaime Canales Lira, en Juárez, no fue ninguna ocurrencia.
Lo anterior, no obstante que son casos distintos. En el estadio Canales Lira se realizan eventos deportivos y espectáculos artísticos privados con fines de lucro, en cuyo caso se facilita el inmueble, mientras que en Chihuahua el AeroShow fue patrocinado por el Municipio.
De cualquier forma, auspiciar o dar el visto bueno a un evento tumultuario tiene riesgos, dado que cualquier cosa puede presentarse. Y es que un acto aparentemente inocuo es susceptible de devenir en algo peor que una confrontación violenta, como ha sucedido en partidos de fútbol, corridas de toros y otros espectáculos.
Eso pasó en el parque El Rejón, en la ciudad de Chihuahua, en octubre de 2013, al llevarse a cabo el Demolition Show, donde no hizo falta que se suscitara un incendio, que las gradas se vinieran abajo o que cayera una tromba, para que se produjera la masacre.
Sencillamente sucedió que Francisco Velásquez Samaniego, el conductor de una troca monstruo, perdió el control del pesado vehículo, arrollando a decenas de espectadores.
El saldo del accidente, como es del dominio público, fue de nueve personas muertas, alrededor de cien lesionadas y la apertura de una caja de Pandora, a juzgar por lo que ahora se les imputa a quienes fueron denunciados.
Por ese motivo, Velásquez Samaniego está tras las rejas, en tanto que dos funcionarios y dos empresarios fueron vinculados a proceso, en libertad. Tales son los antecedentes del caso, de manera previa a la demanda que interpuso la CNDH.
Ahora la instancia nacional derechohumanista, a la luz de la reciente reforma en materia de protección a los derechos fundamentales, se erige como fiscalía en busca de justicia.
En esa tesitura surge su denuncia penal por coautoría material en nueve homicidios y lesiones imprudenciales contra más de 60 espectadores, así como faltas a la debida prestación del servicio público y a la protección y seguridad de las personas.
La denuncia, además de que fue destinada a la Fiscalía, se hizo extensiva a la Subdirección de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Chihuahua para que se establezcan las responsabilidades de los funcionarios que fueron actores en la presentación del espectáculo.
Y es que no es sólo el accidente. Aún falta revisar los resultados de las auditorías, además de que se aclare lo relativo a los convenios no efectuados conforme a las Constituciones federal y estatal.
A eso se suman violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua. Por algo, el Ayuntamiento de Chihuahua, a su vez, planea interponer una demanda civil.
Mientras tanto, Marco Adán Quezada esgrime que, por su parte, había intenciones laudables, como la de atraer turismo y propiciar la distracción, recuperando los espacios públicos en una comunidad agobiada por una criminalidad terrible.
En esta circunstancia, la Fiscalía General del Estado tiene todo por decir, aunque el asunto era tan apremiante, que habiendo estado siempre en sus manos a modo de verdadera papa caliente, lo primero que se antoja pensar es que ha actuado con demasiada parsimonia.
Por ello a más de siete meses, y aunque no ha estado en la inmovilidad, intervino la CNDH. Su denuncia encuadra en una dinámica acorde al sentir de la opinión pública chihuahuense, que está esperando resultados, así como en la necesidad de brindar atención a las víctimas, que más allá de disculpas dudosamente sustanciosas, requieren de una indemnización que les ayude a recomponer sus vidas.
Finalmente, reiteraremos que este trágico y doloroso caso representa también una lección sobre lo delicado de la función pública, en cuyo desempeño no caben la negligencia o el descuido, y menos la costumbre inveterada de obtener beneficios personales. Y es que las facturas a pagar suelen ser altas.