LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

Empleados de las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado Zona Norte han manifestado su preocupación por las acciones que ha emprendido la recién nombrada jefa administrativa Graciela Martínez, mejor conocida por ellos con el apodo de “La Chata”.
La funcionaria ya realizaba labores de administradora aunque sólo en el edificio de la FGE en el eje Juan Gabriel, pero recientemente fue designada como administradora general en la Zona Norte, que comprende además, ciertas áreas de la Ciudad Judicial, la Fiscalía de Mujeres, e incluso la Policía Estatal Única.
Pues resulta que en cuanto fue ascendida, inició una serie de recortes que motivaron la inquietud de quienes laboran en las áreas antes citadas, pues afirman que llegó barredora en mano, despidió a todos los enlaces administrativos y les informó que ella asumirá las funciones que éstos realizaban.
Asimismo, como parte del plan de austeridad de la Administración estatal, ordenó la terminación anticipada de los contratos a las empresas que tenían subcontratada la limpieza de todos los edificios que ocupa la FGE, por lo que no hay gente que se encargue de realizar esas tareas y no son pocos los que consideran que en unos días, principalmente los espacios a los que tienen acceso el público en general, se conviertan en verdaderos chiqueros, porque no hay quien limpie ni recoja la basura.
Martínez ya puso el ojo en las empresas de seguridad privada que controlan los accesos a los estacionamientos y a los edificios, y aseguran que pretende poner en su lugar a agentes ministeriales, lo cual consideran es totalmente absurdo, porque ya de por sí existe un déficit de oficiales para desarrollar las funciones que les marca la ley, como para colocarlos en labores que nada tienen que ver con su perfil, y que además sería degradarlos.

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Quien aparentemente vive sus últimos días al frente de la Diócesis católica de Ciudad Juárez es Renato Ascencio León, quien el próximo 11 de mayo deberá presentar su renuncia ante el Papa Francisco, porque así lo establece el Código de Derecho Canónico.
Al cumplir los 75 años de edad, los obispos deben dimitir, aunque al ser analizada su solicitud de renuncia por el Papa, existe la posibilidad de que no la acepte, depende de varias circunstancias, incluyendo las condiciones de salud del prelado.
Entrevistado al respecto, Ascencio León dijo a Los Reporteros que goza de cabal salud –no obstante que en los últimos años ha sido sometido a diversas intervenciones quirúrgicas– y se siente capacitado para continuar en el servicio, pero su estancia en el cargo no depende de él.
De hecho, no son pocos los sacerdotes juarenses que se han manifestado por la salida del obispo, al considerar que ya no cuenta con las capacidades para seguir al frente de la Diócesis de esta frontera y creen que la renuncia le será aceptada por el Santo Padre.
Renato es el tercer obispo de la Diócesis local, el primero fue Manuel Talamás Camandari, quien fue designado en 1957 por orden del Papa Pío XII y hasta el 16 de junio de 1992, cuando abdicó ante el Papa Juan Pablo II, precisamente al cumplir los 75 años de edad.
El 30 de abril de 1988 Monseñor Juan Sandoval Iñiguez fue consagrado obispo coadjutor, con derecho a sucesión y el 11 de julio de 1992 quedó al frente de la Diócesis. El 20 de abril de 1994, Sandoval Iñiguez fue nombrado arzobispo de Guadalajara, cargo en el cual continúa.
Aunque el 22 de febrero de 2006 fue designado obispo auxiliar José Guadalupe Torres Campos, se dice que Ascencio León nunca estuvo de acuerdo con ese nombramiento y presionó para que fuera trasladado a otra diócesis, lo que sucedió en noviembre de 2008 cuando fue nombrado al frente de la nueva Diócesis de Gómez Palacio, Durango.

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Con la finalidad de promover los encuentros de negocios entre las diferentes regiones del estado de Chihuahua, este viernes el gobernador César Duarte acudirá a esta frontera acompañado de un grupo de empresarios de la ciudad de Camargo.
Entre los principales puntos de su agenda se encuentra la inauguración de unos almacenes denominados Mayoreo Garay, empresa originaria de la capital del estado que instalará aquí su primera sucursal.
Además, el mandatario llevará a los empresarios a un tour por una de las empresas maquiladoras con mayor permanencia en esta frontera, la maquiladora Lear, fabricante de vestiduras automotrices que recientemente recibió el reconocimiento por parte del gobernador porque a nivel estatal ha generado 26 mil 385 empleos formales, más de 22 mil de ellos aquí en Juárez, en donde opera cinco plantas.
Dicen los cercanos a Duarte que la intención de estos encuentros de negocios es que haya más unión entre los empresarios del estado, mayor vinculación para que los de aquí puedan abrir sucursales en otras poblaciones y viceversa, como es el caso de los almacenes que serán inaugurados este viernes.
Por cierto que al sector empresarial de esta ciudad ya les quedó muy clara la animadversión que el titular del Ejecutivo estatal le tiene a la presidenta de la Asociación de Maquiladoras, Claudia Troitiño, a quien ha excluido de sus últimos eventos en esta frontera, sin importar que, como en la visita que realizará a finales de semana, sea una actividad de una empresa del ramo uno de los puntos principales de la agenda.
El veto a la dirigente empresarial existe desde que ésta encabezara algunas de las manifestaciones en contra de la reforma fiscal aquí en Juárez. Ayer que Los Reporteros le preguntaron que si participaría en los eventos del viernes, ni siquiera estaba enterada, por lo que la contrariedad se dibujó en su rostro, aunque nada comentó al respecto.

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El que ha mostrado mayor apertura que su predecesor, Austreberto Guerrero, a pesar de que éste estuvo años en el cargo, es el actual superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jesús Guerrero Lozoya Gutiérrez.
Ayer precisamente sostuvo una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de esta ciudad, quienes le solicitaron la modificación de las tarifas por el servicio de energía eléctrica, ya que las consideran demasiado altas en relación, por ejemplo, con Baja California.
Lozoya Gutiérrez reconoció que la tarifa es alta, pero les dijo que no estaba en él realizar cambios de esa envergadura, que se requieren estudios serios, que sustenten esa petición que se tendría que presentar a nivel central.
De primera mano les ofreció capacitaciones en las empresas para encontrar formas de ahorrar en el consumo de electricidad, a lo que los representantes empresariales le respondieron que se van a abocar de lleno a realizar el estudio y hacer las gestiones que se requieran para lograr las modificaciones en beneficio no sólo del sector productivo y del comercio sino de los ciudadanos de esta frontera en general.
Integrantes del CCE dijeron que ya iniciaron un sondeo entre las principales universidades del país para determinar cuál puede desarrollar el estudio y el titular de la CFE se dijo dispuesto a apoyar las gestiones en ese sentido ante sus superiores.

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Los Reporteros habían comentado una semana atrás que Carlos Enríquez había dejado la dirección del CCE, pero entonces no se mencionaron las razones que ahora salieron a la luz pública.
Resulta que Enríquez había sido contratado desde el inicio de la actual administración municipal como asesor y estaba recibiendo un sueldo por el desempeño de esa función, sin embargo no había notificado tal hecho a los distintos representantes empresariales que integran ese organismo.
Cuando los representantes de los grupos empresariales se percataron de que Enríquez servía a dos amos, al alcalde Enrique Serrano Escobar y a ellos, decidieron cortar por lo sano y le dejaron la vía libre para que continuara como empleado de la administración municipal.
En el Consejo Coordinador, que aglutina aquí a los principales sectores económicos, la función que realizaba Enríquez, de un operador y coordinador de tiempo completo, continúa vacante.

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En el Gobierno Municipal van contra la gordura de sus empleados, ya que estudios realizados por la Dirección de Salud a principios de este año encontraron que más de 1,800 presentan sobrepeso, alrededor de 500 son considerados obesos.
Ayer se anunció que esa dependencia someterá a tratamiento a cada empleado en esas condiciones dentro de un programa denominado “Ponte al cien” con el objetivo de evitar enfermedades crónicas vinculadas a la obesidad.
Donde se detectó el problema más grave fue en la Secretaría de Seguridad Pública, donde el 40 por ciento de los elementos tiene sobrepeso.
El titular de esa corporación, Omar Muñoz, dijo que no es obligatorio que los elementos a su cargo se pongan a dieta y hagan ejercicio, pero sus ascensos sí estarán condicionados al buen estado físico y mental que presenten.