Luis Javier Valero
Analista político
Un nuevo giro ha dado el caso del Aero Show, ahora no se trata solamente de las inexplicables tardanzas de las autoridades señaladas en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sino de las filtraciones de los contenidos en el expediente del caso, tanto de los documentos, como de los peritajes y declaraciones.
Unas son las informaciones ofrecidas por el defensor del piloto, que está en su derecho, y otra cosa son las filtraciones a los medios en las que se da a conocer de la presunta falsificación o elaboración tardía, de distintos documentos esenciales en la determinación de responsabilidades en el juicio instaurado hasta el momento, y los que pudieran iniciarse a partir de la aceptación de la citada recomendación.
Pueden ser ciertas las aseveraciones de las filtraciones, lo que implicaría agregar nuevos delitos y nuevos implicados a los ahora señalados; pueden ser falsas, lo que implicaría, de todos modos, en ambas vertientes la comisión de diversos delitos por parte de las autoridades autoras de las filtraciones.
Pero en cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo para la sociedad y las víctimas: la cada vez más lejana aplicación de la justicia en el presente caso. Porque si faltaran elementos para dar sustento a lo anterior, el juez que lleva el caso aceptó la petición del fiscal y pospuso dos meses más la celebración del juicio ¡Ocho meses después del accidente! Y eso que nos regimos con el nuevo sistema de justicia penal, de justicia más expedita.
Uno esperaría que la posposición tuviera como sustento, también, la incorporación de los elementos aportados por las indagatorias de la CNDH, incluso en el caso de ser falsos los documentos que ahora se presumen elaborados después del accidente, pues si el organismo derechohumanista encontró presuntas responsabilidades con los aportados por las autoridades municipales, imaginémonos lo que sucederá cuando la CNDH tenga a la mano, en la revisión del cumplimiento de la recomendación, la certeza de la falsificación y/o suplantación de documentos que, desde el instante mismo del accidente, dejaron de ser simples documentos para convertirse en pruebas de un proceso criminal.
¡Híjole, cualquiera de las situaciones, nos lleva a escenarios peores que los previos!
Y es que la recomendación de la CNDH, aceptada por todas las autoridades, debió llevar a que la Fiscalía General emitiera un pronunciamiento y el establecimiento de una nueva indagatoria con base en las realizadas por aquella y solamente hasta después de haber agotado esta ruta podría pronunciarse en cualquier sentido.
Ahí es en donde pensaríamos que el fiscal del caso ya instaurado hubiese argumentado que pedía la posposición del juicio por la incorporación de las líneas de investigación elaboradas por la CNDH. Nada de eso, a cambio la posposición y las filtraciones ¿De qué se trata?
¿Por qué darle largas a un suceso que tanto dolió a los chihuahuenses?
La tan criticada –por existente– elevada injerencia del Gobernador Duarte en prácticamente todos los asuntos públicos de la entidad, ahora se añora (por supuesto, no porque se esté de acuerdo con ello) que se haya permitido prolongar el presente caso.
Más aún, los superiores jerárquicos del fiscal encargado del asunto, y el juez de la causa, con respeto a sus facultades, responsabilidades y libertades, sin ir más allá de lo señalado por la ley, pudieron –pudieran– convencerlos que es un asunto de muy elevada prioridad, que no admite demoras, máxime que ahora están bajo la supervisión de un organismo nacional y podrían terminar dando explicaciones en el Senado de sus tardanzas e incumplimientos.
Por eso sorprende que las autoridades municipales de la capital del estado no hayan acelerado el paso en el pago de las indemnizaciones ordenadas por aquel organismo.
Porque una cosa es que debieran esperar hasta el resultado del proceso judicial –que bien puede tardar dos años más– lo que se antoja inaceptable para todos, y otra cosa es que un equipo jurídico, con base en la ley de responsabilidades patrimoniales, elaborara un expediente de cada víctima, sustentándose en las condiciones particulares de cada una de ellas, como lo ordena la ley, y presentara la propuesta que la autoridad les hiciera y a partir de ahí llegar a los acuerdos necesarios para cumplir, sí con la recomendación, pero fundamentalmente con los afectados por el accidente.