Raymundo Riva Palacio
Periodista y Analista político
Distrito Federal– A escasos 35 días de haber sido nombrado comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo declaró que había cambiado el ánimo y la perspectiva de futuro en el estado. “Hace cuatro o cinco semanas había desasosiego, violencia e inseguridad”, afirmó en febrero. Presumió que en menos de un mes se habían contenido los indicadores de delitos graves y no graves. Pero las estadísticas suelen acomodarse a propósitos particulares, y la realidad hoy dista mucho de la que planteó Castillo a partir de aquella primera impresión, superficial y con amplio desconocimiento del terreno que pisaba.
Los fenómenos sociales, como el narcotráfico, son multidimensionales. En Michoacán, la naturaleza de Los Caballeros Templarios –su entreveramiento con la sociedad con adoctrinamiento religioso y tácticas guerrilleras– y el realineamiento de desertores con sus rivales del cártel Jalisco Nueva Generación, fusionados con un pueblo agotado y empresarios que afectados en sus negocios por la violencia financiaron el surgimiento de los grupos de autodefensa civil, añaden complejidad a un problema de inseguridad y de disputa por el poder.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto contribuyó inopinadamente al desorden que padece hoy Michoacán, cuando al arrancar el sexenio, la Policía Federal dejó de combatir a los cárteles bajo el supuesto que la violencia se debía única y exclusivamente a que las fuerzas de seguridad los confrontaban. Dejar de proveer la seguridad llevó a la desesperación de la gente y de los empresarios, que se aliaron tácticamente con el cártel rival de Los Caballeros Templarios para crear los grupos de autodefensa que son, en lenguaje claro y llano, paramilitares.
En la confusión, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, saludó a los paramilitares como apoyo a los federales en el combate a los criminales, desconociendo que la parte más estructurada de las autodefensas tenía, igualmente, un origen criminal. Durante 2013 los apoyaron y protegieron. Les perdonaron violaciones a la ley –las más visibles, portar armas de uso exclusivo del Ejército, y privaciones de libertad– y los empoderaron. Ese anglicismo se traducido como delegar poder, y explica el proceso donde se igualan las oportunidades entre actores sociales, que adquieren control o dominio sobre los temas de su interés.
En el caso de Michoacán, el empoderamiento de las autodefensas significó que podían actuar militarmente en contra de Los Caballeros Templarios, y convertirse en aliados tácticos del Gobierno Federal. El problema de este proceso, como se vivió en Colombia y Perú, es que una vez empoderados sólo hay dos caminos. Uno, que el negocio criminal que inicialmente combatieron, pase a ser un negocio propio, como pasó con algunas autodefensas en Michoacán que, por ejemplo, no eliminaron el cobro de protección que exigían los Templarios, y sólo redujeron las tarifas de extorsión. Y el otro, que en lugar de eliminar el problema, se convirtieran en el problema mismo.
El comisionado Castillo ha visto en su persona cómo la curva de aprendizaje ha sido dolorosa en imagen y prestigio. Comenzó con la revelación de que los pasos tácticos que iba a seguir el Gobierno Federal en Michoacán, los socializó con un grupo de autodefensas donde se encontraba Juan José Farías, “El Abuelo”, identificado por la PGR desde 2006 como jefe de la plaza en Tepalcaltepec del Cártel de los hermanos Valencia, enfrentados con los michoacanos por el control de los precursores químicos de las metanfetaminas, y hermano de Uriel, “El Paisa”, que está vinculado al caso de Zhneli Ye Gon, introductor de precursores para las drogas sintéticas, para el cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
A Castillo nunca le informaron en el Gobierno Federal con quién estaba lidiando. Incluso, protegió a uno de los líderes de los autodefensas, Hipólito Mora, porque sus aliados en Buenavista Tomatlán querían ejecutarlo por asesinar a dos paramilitares. Castillo tuvo que rectificar porque la evidencia mostró que Mora era presunto autor intelectual de esos crímenes. Esta semana volvió a toparse con la realidad. Enrique Hernández Salcedo, jefe de las autodefensas en Yurécuaro, planeó el asesinato del alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay.
Las autoridades se han defendido con el argumento que las autodefensas fueron infiltradas por criminales. No es así. Sus líderes actuales han sido los jefes desde un principio, nacidos precisamente en Tepalcaltepec y Buenavista Tomatlán, donde han chocado los cárteles desde 2008 por las metanfetaminas. Castillo no puede admitir, como vocero del Gobierno Federal, que hay autodefensas que los timaron y que las más beligerantes y mejor armadas, son delincuentes a quienes respaldaron. Tampoco se trata que se flagele mediante el reconocimiento de errores graves de la estrategia en la curva de aprendizaje. Lo importante es que corrijan su relación con los paramilitares antes que terminen de estar subordinados en el uso de la fuerza, y que el problema original a resolver termine más grande y más profundo de cuando todo esto comenzó.