LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

Ya pegó el recorte de la burocracia en un área sensible de la Administración estatal, la Recaudación de Rentas.
Como el moche de personal alcanzó a notificadores y ministros ejecutores de esa dependencia de la Secretaría de Hacienda, no hay quien entregue a domicilio todos los requerimientos de pago y por eso ayer se llevó una sorpresa el personal que trabaja en la Ciudad Judicial, que además de burócratas también son contribuyentes.
Así que algún mensajero llevó, en sustitución de los notificadores, los formatos para el pago de la revalidación vehicular ante el asombro incluso de los jueces y magistrados que no entendían por qué les entregaron esos documentos en su lugar de trabajo y no en sus casas, como siempre había ocurrido.
Esa no es la única estrategia de Recaudación para suplir el trabajo de los notificadores recortados, también se está utilizando a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para que junto con los recibos de cobro se entreguen los estados de cuenta de los contribuyentes, empezando con los derechos vehiculares.
Quién sabe si la estrategia funcione también para recuperar la cartera vencida, ya que los ministros ejecutores tenían la misión de ‘cazar’ a los morosos para notificarles personalmente los adeudos y de alguna forma presionar al pago por medio de los embargos precautorios.
Aunque también hay que destacar que hacían bastante trabajo inútil, sobre todo en relación a un muy abultado padrón de deudores por vehículos muy antiguos que ya no están en circulación o incluso son inexistentes porque fueron a parar a algún yonke. Todavía andaban los notificadores queriendo cobrar adeudos rezagados de hasta cinco mil pesos o más por automóviles que ni por kilo valían esa cantidad, pero inexplicablemente se han aferrado en Recaudación a no hacer la debida depuración del padrón.

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De terrenos serranistas llegó un reporte sobre la salida de Ramón Lerma de la Dirección de Gobierno en la Presidencia Municipal.
Resulta que el golpeado no fue nada más el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana, quien invitó a su amigo abogado y compañero rotario a colaborar con él, sino el ex alcalde Héctor ‘Teto’ Murguía.
Lerma entabló su propia relación con ‘Teto’ desde que fue regidor en la Administración pasada, cuando el ex alcalde lo cobijó como uno de sus operadores (desde que asumió como regidor al suplir a Rodolfo El Güerito Martínez) y la conexión continuó entre ambos cuando el abogado entró a la Administración serranista.
Y lo que no gustó al equipo serranista es que Lerma andaba de “corre ve y dile” con ‘Teto’ y su equipo, por lo que luego de que se supo de sus constantes encuentros llegó la orden de su relevo, en una jugada de dos bandas, porque se le dio su coscorrón a Quintana, quien también ha estado de tirador en los pleitos de los grupos internos.
Por lo pronto a Quintana se le dejó nombrar al relevo de Lerma en la Dirección de Gobierno. Fue su secretario particular, Alberto Solórzano Chavira, quien subió de categoría.
Además el abogado Dante Gilberto Acosta Camacho, un abogado de empresa y conocido de Quintana en la UACJ fue el relevo de Yolanda Morales en la Dirección Jurídica.
El otro nombramiento para llenar el hueco que dejó Abel Martínez en la Oficialía Jurídica fue para Fernando Isaac Guerra Figueroa, una persona que conoce Quintana pero fue sugerido directamente por el alcalde Enrique Serrano.
Respecto a Comercio Municipal, donde fueron “renunciados” el subdirector Javier Carrillo y el coordinador administrativo de esa dependencia, Jorge Miranda, los moches son parte de la política de austeridad y ahorro y ninguno de los dos serán relevados.

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Quienes tomaron en serio la idea de un retiro para convivir, reflexionar y planear fueron los diputados del grupo del PAN en el Congreso del Estado.
Los siete se encerraron tres días, desde el jueves hasta hoy sábado en las cabañas de la presa de Situriachi en la mera Sierra Tarahumara y bajarán a la zona urbana se supone que filosos en cuanto a la estrategia opositora, con las prioridades de la agenda legislativa muy claras y hasta exorcizados de algunos demonios de la división interna, tanto por el proceso de elección de dirigente estatal como en sus apuestas distintas por la dirigencia nacional.
Además de que delinearon como prioridad la reforma política (esa que pondrá fin a la sobrerrepresentación de los chiquipartidos) también fueron aleccionados en cuestiones de marketing político (eso que no es año electoral) y hasta de imagen y discurso. Hasta Situariachi llevó el PAN a una firma de asesores y a una representación del Comité Ejecutivo Nacional, que ayer coincidió también con la presencia del dirigente estatal Mario Vázquez.
Como quiera que sea César Jáuregui, Daniela Álvarez, Eliseo Compeán y Maru Campos bajaron de la Sierra convencidos de su apuesta por la reelección de Vázquez, Rogelio Loya fiel a su compromiso con Ramón Galindo y Ana Gómez, indecisos porque no saben ni a cuál irle.

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Los magistrados y jueces del Poder Judicial de Chihuahua tuvieron una visita que los hizo sentirse halagados pero al mismo tiempo, nerviosos porque tuvieron muy cerca y varios días a sus homólogos de Michoacán el estado que actualmente arde literalmente en materia de seguridad y procuración de justicia.
Ocho ministros y el presidente del Tribunal michoacano, Juan Antonio Magaña de la Mora, fueron capacitados en la capital del estado sobre el sistema de justicia oral, algo que se prepara para implementar en aquella entidad, además de que es también un proyecto en el ámbito federal.

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Hablando de temas de abogados, vaya que el apellido González Mocken tuvo relevancia en el evento en que Eduardo Mariscal asumió como nuevo presidente de la Barra y Colegio de Abogados.
En el evento estuvo como invitado especial en representación del alcalde Enrique Serrano, el suplente Javier González Mocken. Compartió espacio con su hermano Héctor González Mocken, el ex dirigente local renegado del PRI que es presidente a nivel estatal del gremio de los abogados. Pero además fungió como maestra de ceremonias, Daniela González Lara, la hija de Héctor, que es además funcionario municipal y en el público estuvo además otra hija del ex diputado priista, Rocío González Lara, juez de Garantía en el Poder Judicial del Estado.
Por cierto que Héctor González Mocken estuvo durante el acto junto a Víctor Valencia de los Santos y platicaron buen rato, ya no supieron Los Reporteros si recordando sus viejos tiempos de gloria en la Universidad o en el PRI.

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Quien parece que ya sabía que el Municipio le cedería el lienzo charro Adolfo López Mateos es el rector Ricardo Duarte Jáquez, ya que apenas se dio a conocer a la opinión pública ese hecho y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presentó un proyecto para edificar en los terrenos aledaños, respetando las construcciones que ya existen en ese lugar.
De hecho, la UACJ dio a conocer ayer públicamente que pretende ampliar las instalaciones de los Institutos de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) e Ingeniería y Tecnología (IIT), para lo cual hizo llegar un proyecto a los integrantes del Ayuntamiento.
Acompañan ese proyecto de una solicitud de comodato argumentando que la demanda de los universitarios rebasó ya la capacidad de las instalaciones con que cuentan los institutos antes citados, por lo que contemplan construir en esos predios dos edificios de tres niveles ambos, para albergar una biblioteca y un complejo de laboratorios y talleres.
El propio rector Duarte acudió a hacer entrega y manifestó que de obtener una respuesta positiva por parte del Cabildo, se contará con espacios suficientes para abatir el rezago en infraestructura, lo que irá en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.
La superficie total que sería cedida a la UACJ es de 39 mil metros cuadrados, por lo que se prevé crear nuevas áreas de estacionamiento, servicio que también se encuentra actualmente rebasado por la demanda de estudiantes, maestros y demás personal de IADA e IIT.

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Para dar formalidad y establecer un control estricto del ejercicio presupuestal de cada una de las dependencias del Gobierno del Estado, entró en vigor antier un decreto promulgado por el gobernador César Duarte que da vida al Programa de Reordenamiento de la Hacienda Pública Estatal (PROREHP), el cual contempla una serie de medidas y subprogramas para evitar el dispendio de los recursos públicos.
La medida viene a redondear los esfuerzos que ha hecho la administración estatal para hacer frente a la difícil situación financiera que enfrenta, como el amplio recorte de personal en todas las dependencias a lo largo y ancho del estado y la reforma a la ley de pensiones civiles, entre otras.
Para quienes continúan siendo parte de la nómina estatal –los que se salvaron de la tijera que anduvo tan activa las últimas semanas–, deben saber que para hacer efectivo este programa, se creará un Comité de Seguimiento e Inversión de Programas, el cual tendrá sobre todo ojos para vigilar, pero también uñas y dientes para sancionar a quien se vaya grande con el gasto o, peor aún, a quien teniendo recursos para desarrollar alguna acción de gobierno no haga uso de ellos.
Publicado en el Periódico Oficial del Estado y redactado en primera persona en voz del titular del Ejecutivo, el PROREHP establece que el mencionado comité tendrá facultades para supervisar que todas las decisiones que tomen las dependencias y entidades de la administración pública “se tomen con base en los principios del presente programa de austeridad”.