Sergio Sarmiento
Analista y Periodista
Distrito Federal— Es un desplante político. El viaje del secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong a Morelia ayer para llevar a cabo la reunión del gabinete de seguridad y firmar el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán buscaba mandar el mensaje de que los más altos funcionarios de Gobierno no tienen miedo de entrar a Michoacán. Pero no es lo mismo estar unas horas en una reunión en Michoacán, protegido por miles de policías federales y soldados, que vivir y trabajar ahí de manera cotidiana sin fuerzas de seguridad que puedan realmente dominar a los grupos armados.
El gabinete de seguridad ha estudiado el tema de la violencia en Michoacán y ha ofrecido un nuevo plan para enfrentarla. Eso es positivo.
Un problema tan serio no puede resolverse sin un plan claro. El problema es que éste es el enésimo plan para enfrentar la inseguridad en Michoacán que hemos visto en los últimos años.
Recordemos que en diciembre de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón inició su nueva estrategia para combatir el crimen organizado precisamente en su natal estado de Michoacán. Hoy seguimos discutiendo la misma inseguridad.
Michoacán es hoy realmente un estado fallido.
El propio gobernador lo reconoció el viernes 10 de enero cuando pidió ayuda al Gobierno federal ante la imposibilidad de controlar a los distintos grupos armados que se han multiplicado en la entidad.
Algunos de éstos, lo sabemos, son grupos criminales que han creado verdaderos feudos en distintas regiones de Michoacán. Pero son organizaciones que, como los Zetas y Los Caballeros Templarios, se enfrentan entre sí para mantener o extender sus zonas de influencia.
A éstos hay que añadir los grupos de autodefensa, o paramilitares, que han venido expandiendo su poder. Por último, están las policías municipales, la estatal, la federal y el ejército que tienen cada una sus intereses y acciones que no son siempre tan transparentes como se quisiera.
En los últimos días hemos visto como los grupos de autodefensa han emprendido la ofensiva y han empezado a tomar territorios ante la omisión o complicidad de un gobierno estatal que señaló que no se permitiría que esto sucediera.
Estos grupos han venido tomando poblaciones como Parácuaro, donde los contingentes que se oponen a ellos han realizado bloqueos de carreteras y protestas. En Nueva Italia entraron en una verdadera batalla contra los Templarios sin que las policías o el ejército se atrevieran a intervenir.
Firmar un acuerdo político no resolverá el problema de inseguridad. El Estado mexicano tiene realmente que recuperar el control de los caminos y los pueblos de Michoacán. Éste es un objetivo que requiere necesariamente del uso firme y eficaz de la fuerza pública.
Los grupos armados de distinto signo no aceptarán que simplemente el gobierno pretenda recuperar los territorios que ellos han conquistado.
Un Estado no puede vivir siempre en la cobardía. No puede renunciar al monopolio del uso de la fuerza con el argumento de que no quiere mancharse las manos de sangre. Al final quienes pagan el alto precio por tener un Estado cobarde son los más débiles en la sociedad. Los campesinos que son objeto de violencia, los pequeños comerciantes y ganaderos que son extorsionados, las madres de familia que ven morir a sus hijos en la violencia son las víctimas de un Estado fallido. Donde no hay Estado prevalece la ley del más fuerte.
El acuerdo firmado ayer no es garantía de nada. El reto es recobrar el control de Michoacán de manos de los grupos armados que hoy lo dominan. Esto sólo se puede hacer restableciendo el monopolio del uso de la fuerza que el Estado nunca debió perder.
CRUZADOS DE BRAZOS
La CNTE ha empezado nuevamente a nutrir su campamento en la Plaza de la República de la ciudad de México. Ha lanzado también la amenaza de que bloqueará 37 ejes carreteros en Oaxaca el próximo viernes. ¿Se quedará nuevamente la autoridad cruzada de brazos?