LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

La austeridad está muy de moda en el discurso de políticos y gobernantes pero el dispendio y falta de aprovechamiento del recurso humano lo siguen encontrando Los Reporteros por donde quiera.
Por ejemplo, en la delegación local de la Procuraduría General de la República, allá por la Avenida Lincoln y Hermanos Escobar, a leguas se ve lo obesa que está la nómina en cuanto al personal administrativo o de apoyo. Si se habla de secretarías, auxiliares, asistentes, personal de informática y otros arrimadijos, es común que se hagan bolas, se distraigan adentro con los teléfonos y las computadoras o se turnen para salir afuera a fumar, porque trabajo no tienen o es poco para todo el personal; o quizás sea peor el asunto, que tengan bastante carga pero simplemente no se ponen a laborar.
Claro que lo pesado lo tienen los diferentes agentes del ministerio público, que deben hacer las averiguaciones e integrar los expedientes por los distintos delitos del fuero federal que aquí se persiguen pero trascendió que éstos son minoría en una plantilla que casi alcanza las 200 personas. Pocos empleados son los que traen expedientes importantes tipo Centro de Operaciones Estratégicas.
Los Reporteros supieron que a partir de algunos cambios legales que le quitaron al Ministerio Público Federal la persecución del narcomenudeo para dejárselo al fuero común, la carga de trabajo cayó drásticamente en la delegación de la PGR. Se comenta que en cuanto a la apertura de expediente la caída fue de un 70 por ciento. No hay que olvidar que ahora, cuando se detiene a alguien con poca cantidad de mariguana o cocaína, es la Fiscalía General del Estado la que debe intervenir.
El caso es que se redujo la carga de trabajo en muchas de las áreas de la PGR pero el personal siguió siendo el mismo.

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Por los mismos terrenos de la PGR hoy se esperan cambios en algunas de las Agencias del Ministerio Público. Desde el 1 de diciembre estaban planeados los ajustes que ahí se hacen periódicamente para rotar el personal entre distintas delegaciones y trascendió que finalmente se concretarán algunos cambios. También se comenta que entrando el año quien podría dejar la dependencia es el delegado César Augusto Peniche, quien sobrevivió en el cargo luego del cambio de Administración federal.
Entre la serie de movimientos que traerá el nuevo año está la desaparición de la Policía Federal Ministerial para dar paso a la nueva Agencia de Investigación Criminal (AIC). Por lo pronto los agentes serán concentrados en el Distrito Federal para conocer detalles de la transición y saber si habrá lugar ahí para todos.

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Siguiendo en temas de quienes deben perseguir el delito, pero en el plano estatal, terminó el año y nadie se preocupó en la Fiscalía General del Estado en concluir con la obra-homenaje a los policías e investigadores caídos que se había iniciado a las puertas de esa dependencia, en su inmueble del Eje Vial Juan Gabriel.
Ya tiene casi medio año que los trabajos del memorial para colocar placas con los nombres de todos los caídos se abandonaron y se taparon con lonas. Habían anunciado que para noviembre se concluiría el mural especial pero nunca se reiniciaron las tareas que se abandonaron un mes antes de que Jorge González Nicolás brincara de la Fiscalía Zona Norte a la Fiscalía General.
El caso es que a los agentes estales ya no se les hizo tener este año un espacio para honrar a sus compañeros que han muerto en el cumplimiento del deber, como sí lo tienen los policías municipales desde hace tiempo.

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Los funcionarios de la actual Administración municipal salieron igual de blandos y pasalones que sus antecesores en cuanto a meter en cintura a la empresa Movicom que ejecuta las obras del Plan de Movilidad Urbana (PMU).
Ni el director de Obras Públicas, Manuel Ortega, ni el responsable de dar seguimiento especial al PMU, el ex presidente de la JMAS, Ernesto Mendoza Viveros, han podido marcar diferencia alguna. Igual que lo  hizo Movicom desde febrero, así siguió luego del relevo municipal en octubre: retrasada, sin meter el personal y el equipo necesario a los diferentes frentes de obra. El cronograma no sirvió para nada y pese a las afectaciones para negocios, vecinos y automovilistas en general, siguieron con el mismo ritmo y sin preocupación alguna.
Igual en la avenida Waterfill, que en la López Mateos o que en la Avenida de las Industrias, pero peor en los puentes, tal como lo publica hoy El Diario. Increíble pero a casi un año del arranque, el que conectará la calle Piña al Paseo de la Victoria avanzó sólo un 10 por ciento y el segundo, en Bulevar Oscar Flores y Teófilo Borunda, un 50 por ciento. En el primero de los casos, todavía está más grave el escenario porque cuando finalmente se termine el puente, todavía faltarán las obras complementarias para que la Piña atraviese la Jilotepec y conecte a la  nueva obra, además de que se tendrá que ampliar la calle que hacia el sur de la Jilotepec es pequeña y atraviesa el Infonavit Ángel Trías.
Igual de mochas están otras obras del PMU, como el par de puentes que conectarán al periférico Camino Real. Hasta fueron inaugurados por Héctor “Teto” Murguía antes de dejar su Administración pero no tienen uso porque falta que se conecten a otras vialidades en las colonias que se tratan de beneficiar.

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Concluida la recepción de documentos y la realización de verificaciones ecológicas para el trámite de regularización de vehículos ‘chuecos’, fueron casi 7 mil propietarios los que no terminaron con el proceso aunque previamente habían revisado sus unidades y obtenido el engomado ecológico.
Oficialmente desconocen las autoridades por qué los propietarios de esos autos no concluyeron con el proceso pero no se necesita algún poder especial para saber que fueron los altos costos de la importación, que prevalecieron pese al esquema especial que bajó las base para aplicar el arancel, los que impidieron la regularización. Pagar un impuesto de alrededor de cinco mil pesos no es cualquier cosa, menos cuando todavía se arrastran los impactos de la recesión económica. Otros miles de propietarios ni siquiera se acercaron a empezar el trámite. Se desconoce la cifra exacta de ‘chuecos’ que se quedaron fuera del programa aunque las autoridades hablan de unos 4 mil, aparte de los 7 mil que sólo tramitaron el engomado ecológico.

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Ya  habíamos comentado que desde el Gobierno del Estado, particularmente desde la  Secretaría del Trabajo y Previsión Social que dirige Fidel Pérez Romero, se había articulado una estrategia para poner fin a las mafias laborales que por muchos años operaron la legislación y se asociaron con malos funcionarios y hasta convencían a trabajadores de alterar sus declaraciones para sacar laudos a su favor y perjudicar a empresas bien establecidas.
Pues luego de reformas al marco legal ya hasta se creó una Fiscalía Especializada en Asuntos Laborales que empieza a manejar expedientes en Juárez y en Chihuahua. El caso es que abogados laboristas que no son de los que hablamos líneas arriba andan inquietos por el manejo que se le puede dar a ese brazo de la Fiscalía. En contrapartida, empiezan a promover la creación de un observatorio ciudadano, en cuestión laboral, para evitar que funcionarios anden luego desatados encabezando cacerías contra abogados honestos.

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Por terrenos blanquiazules, ni las fiestas decembrinas han frenado la efervescencia interna. Está en puerta la renovación del Consejo Nacional del PAN, y hay muchos chihuahuenses que siguen de cerca el proceso.
En todo el estado habrá asambleas municipales a partir del 18 de enero y hasta el 2 de febrero, para proponer delegados a la asamblea estatal y luego a la nacional. Será el 16 de febrero cuando la asamblea estatal elija ocho consejeros nacionales que en marzo deberán ser ratificados en la Ciudad de México.
La grilla está interesante porque hay un listado de 30 aspirantes que buscan uno de los ocho espacios y que previamente debieron pasar un primer filtro, un examen de conocimientos (estatutos, doctrina, historia, teoría política etc.) realizado por el Comité Ejecutivo Nacional y que algunos prominentes panistas de Chihuahua no pasaron, aunque la lista de los reprobados no han querido hacerla pública los dirigentes.
Los Reporteros supieron que quienes sí lo pasaron y traen competencia interna porque además se perfilan para pelear por una diputación federal plurinominal en 2015, son la ex candidata a la Alcaldía María Antonieta Pérez Reyes y la ex regidora Cristina Jiménez. En 2009 ambas pelearon la candidatura por el Distrito 03 federal que ganó Pérez Reyes, quien se convirtió ese año en diputada.