FRANCISCO ORTIZ BELLO
2013-11-02
Hacer transparente algo es dejarlo ver, es permitir que cualquiera lo observe, analice y estudie. Que lo capte pues, en toda su dimensión. Eso significa también tomar el riesgo de que el objeto transparentado, genere reacciones entre quienes lo ven, lo que no siempre es agradable al poseedor del objeto, porque las reacciones tampoco son siempre favorables.
En este contexto, cuando se habla de la cosa pública adquiere vigencia y relevancia, mayúsculas, la transparencia, porque permite al ciudadano, al gobernado, enterarse de la forma en que sus gobernantes utilizan y manejan los recursos que se les han confiado para su manejo. Y por ello la ancestral resistencia de muchos gobernantes a transparentar sus cuentas, y a informar oportuna y ampliamente a la sociedad la forma en que utilizan estos recursos.
En este orden de ideas, sorprendió ampliamente un evento que se dio en la capital del estado el pasado jueves 31 de octubre, el Auditor Superior del Estado, C.P.C. Jesús Manuel Esparza Flores entregó a la Comisión de Fiscalización del Congreso estatal, los resultados de 167 informes técnicos de resultados y 169 informes de acciones de fiscalización sobre cuentas públicas del ejercicio fiscal del año 2012, incluida por supuesto la de Ciudad Juárez.
Ya de suyo este solo hecho es de llamar la atención, porque tradicionalmente la costumbre era entregar el paquete de cuentas a dictaminar, uno o dos días previos a la sesión en que se analizarían y votarían los respectivos dictámenes, una práctica que impedía a los diputados una revisión concienzuda, detallada y pormenorizada de tales documentos, pero que permitía aprobaciones sin mayores discusiones ni reparos de la oposición, al carecer del tiempo necesario para una amplia evaluación.
En ampliación a lo anterior, Esparza Flores explica en su oficio de entrega a la Comisión de Fiscalización que –de acuerdo con el Programa Anual de Auditorías– los informes estaban totalmente terminados desde el mes de agosto del presente año, pero debido a los cambios en la legislatura estatal y los periodos de conformación e instalación de la mencionada comisión, dicha entrega no se había podido realizar antes.
Lo que sorprende aún más porque, antes, dado el carácter altamente técnico de este proceso de fiscalización, resultaba prácticamente imposible estudiar y analizar, en poco menos de 48 horas más de 160 cuentas, por lo que regularmente pasaban inadvertidas las desviaciones encontradas, o bien, los legisladores dejaban en manos de sus asesores y de las recomendaciones de la propia ASE (Auditoría Superior del Estado) el sentido de sus votos. Así de grave era la cosa.
Además, dichas propuestas de dictamen eran entregadas sólo a los integrantes de la Comisión de Fiscalización, y únicamente hasta el día de la sesión en el pleno del Congreso se ponían a disposición del resto de los diputados. En esta ocasión no sólo se entregaron con suficiente tiempo de anticipación, sino que sorprendió aún que el titular del órgano fiscalizador anunciara que todos esos informes estaban en una página de Internet a disposición de cualquiera que tuviera interés en verlos. Una verdadera novedad en esto de la fiscalización de las cuentas públicas.
Así es. En la dirección electrónica http://www.auditoriachihuahua.gob.mx/, es posible encontrar toda la información relativa a las cuentas mencionadas y a los informes de la ASE que entregó al Congreso. Al respecto, el Auditor Superior del Estado, en texto introductorio publicado en el mismo portal, señala que: “Por primera vez en nuestro Estado el Informe Técnico de Resultados tendrá carácter público, por lo que cualquier persona interesada podrá conocer su contenido a través de la página de la Auditoría”
“Se pone así fin a la opacidad que por muchos años prevaleció en la Entidad Fiscalizadora Estatal, en un compromiso personal del Auditor Superior desde los primeros días de haber asumido el cargo”.
Y en otro de los párrafos agrega que fueron revisados “Municipios y organismos descentralizados, incluyendo por primera vez a 77 personas morales de derecho privado que recibieron o administraron recursos públicos”. Dato curioso e interesante –este último– porque deja ver que, antes, no se revisaba a particulares que recibían recursos públicos.
Del mismo modo, esta presentación pública de informes nos permite conocer que –pese a todos los esfuerzos y expectativas ciudadanas– no se revisa el 100 por ciento del universo fiscalizable, ni tampoco al 100 por ciento de las cuentas en los entes que sí se revisan, no obstante que en 2013 se logra duplicar el número de entes revisados. Esta circunstancia explica por qué la correcta transparencia y la completa rendición de cuentas, siguen siendo uno de los grandes pendientes en Chihuahua.
Es decir, en declaraciones propias del Auditor, la autoridad fiscalizadora reconoce que existía opacidad en esa dependencia, y que así se manejó por muchos años. En efecto, es verdad que la transparencia en el uso de los recursos no ha sido el fuerte de los gobiernos en Chihuahua, pero su fiscalización menos aún, y por ello cobra particular relevancia este hecho.
Pero, ¿de qué nos sirve la transparencia? ¿Sirve? Bueno, la respuesta es simple, nos sirve para enterarnos de que en Ciudad Juárez durante el ejercicio fiscal 2012, la administración tuvo ingresos superiores en un 10 por ciento a lo presupuestado, es decir, de 2.8 mil millones de pesos que se pensaban ingresar a las arcas municipales, en realidad se obtuvieron 3.1 mil millones de pesos. Interesante ¿no? Sobre todo cuando siempre se nos dijo que no había dinero. La administración de Héctor Murguía dispuso en realidad de casi 281 millones de pesos adicionales a los que presupuestó para el 2012.
Esta casa editora publicó el pasado viernes, a través de documentos oficiales, que “La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua encontró 144 irregularidades en la cuenta pública del Municipio de Juárez. Algunas son adjudicaciones sin licitación, falta de cobro de más de 2 millones 151 mil pesos en servicios de la Policía Especial, gastos no solventados en la compra de gasolina superiores a 26 millones de pesos y subejercicios que revelan una mala utilización de recursos públicos, entre otras.”
Sin embargo, llama la atención especialmente, de acuerdo con la publicación de El Diario que: “Del total de observaciones, el Gobierno local entonces encabezado por Héctor Murguía Lardizábal, únicamente dio respuesta a 10 de los señalamientos hallados por el personal de la Auditoría Superior, de acuerdo al informe técnico que ayer entregó esa autoridad al Congreso del Estado para su análisis y que posteriormente publicó”. Es decir, de 144 observaciones detectadas y consignadas en el informe de la ASE, la administración municipal de Murguía sólo dio respuesta a 10, apenas el 7 por ciento de las observaciones.
Resulta evidente pues, que ni siquiera las 10 observaciones respondidas por el municipio, encontraron justificación ante los auditores de la ASE, ya que al ser incluidas en el informe final, se da por sentado que la autoridad fiscalizadora no encuentra sustento en la justificación rendida por la autoridad municipal. ¿Por qué no respondió el municipio a las otras 134 observaciones de la auditoría? ¿No tenía nada que responder? ¿O simplemente no le importó hacerlo?
Otros datos interesantes publicados en la nota de este rotativo el pasado viernes son:
“En el documento se establece que de la revisión efectuada al padrón de Licencias de Funcionamiento del Municipio de Juárez, integrado por 5 mil 357 usuarios, 24 negocios no están registrados y no se les cobran los derechos correspondientes.”
“En lo que corresponde a la Policía Especial, se indica que el Municipio dejó de cobrar un millón 151 mil 820 pesos como sanción a empresarios que no pagaron en tiempo el servicio. Tampoco se recaudaron dos millones 179 mil 862 pesos como pena por liquidaciones fuera de tiempo.”
“En el rubro de servicios médicos para el personal, se establece que la cuota retenida a los empleados del gobierno local se contabilizó indebidamente.”
“En la auditoría se detectaron limitantes para revisar y validar el pago de 723 millones 727 mil 680 pesos en el pago de sueldos a empleados y 23 millones 391 mil pesos en compensaciones a funcionarios.”
“-‘No se localizó un tabulador de sueldos y salarios que permita determinar que los pagos corresponden a importes efectivamente asignados y debidamente aprobados en el Presupuesto de Egresos’, se indica en la página 90 del informe que consta de más de 200 planas”.
Muy bien. Bien por el esfuerzo en ampliar la transparencia y la rendición de cuentas, bien por publicar tales informes. Pero… ¿Y luego? ¿Qué pasará finalmente cuando se dictaminen los mismos en el Congreso?
La transparencia y rendición de cuentas de nada sirven si no llevan aparejadas las acciones y medidas tendientes a sancionar a los funcionarios que incumplen su deber de manejar escrupulosa, legal y decorosamente los recursos del erario. Ojalá que no quede solo en un acto de “fuegos pirotécnicos” y, de verdad, el Congreso aplique la Ley como consecuencia de las desviaciones observadas en los informes de la Auditoría Superior del Estado, porque si no lo hace, habrá sido en vano todo el revuelo causado con tantas “primeras veces” en esto de la fiscalización.