Blueberry… y las condiciones de riesgo

DE LOS REPORTEROS

La ciudad ha vivido horas y días aciagos en medio de la tragedia de Blueberry. La explosión que cobró la vida de dos jóvenes trabajadores cimbró a la comunidad, no sólo por las familias que quedaron deshechas y las que atrapadas por la angustia esperan noticias de los heridos graves en los hospitales, también porque develó la quiebra institucional y estructural para atender cualquier tipo de desastre o contingencia.
Los hospitales colapsaron con apenas medio centenar de lesionados en una ciudad de más de un millón 300 mil habitantes, donde la cotidianidad de concentraciones masivas para uso intensivo de espacios laborales, educativos, comerciales o recreativos marca una preocupante alarma en la característica imprevisible de algún accidente que en una dimensión mayor al ocurrido el jueves, simplemente sería catastrófico al desbordar cualquier capacidad de repuesta.
No sólo los hospitales fueron puestos en jaque, la emergencia desnudó las carencias que desde hace tiempo arrastran el Departamento de Bomberos, la Cruz Roja y en general los cuerpos de rescate de la ciudad.
Contra el siniestro funcionaron sólo tres máquinas extintoras, aunque el parque vehicular es de 15, sólo que la mayor parte son unidades “yonque”, obsoletas e inservibles; una de ellas quedó varada el mismo jueves afuera de la fábrica de dulces.
La queja de los bomberos por falta de equipo adecuado y de mantenimiento de las unidades ha sido perenne, llegando al extremo de haber trabajado la mayor parte de este año sin radiocomunicación porque no se pagó el servicio, lo que se reactivó apenas hace días, con el cambio de administración.
Las ambulancias también son insuficientes en Cruz Roja y Rescate Municipal. Aunque la primera tiene en lista más de 20 vehículos, sólo utilizó cuatro durante la contingencia en la maquiladora, ya que unas estaban descompuestas y otras simplemente no tenían gasolina, situación que también ha sido queja constante de rescatistas y directivos de la institución. En cuanto a la instancia municipal de rescate sólo son cinco las unidades con las que cuenta y de acuerdo con los responsables del grupo, también es común que se queden sin combustible. Para el traslado de los heridos por la explosión, el derrumbe y el incendio, tuvo que pedirse el apoyo de varias instituciones médicas y empresas privadas que cuentan con ese equipamiento.
Algunos heridos fueron trasladados a recibir atención médica en patrullas de Tránsito, de la Policía Municipal y de la Fiscalía General ante la insuficiente cobertura de las ambulancias.
Por si fuera poco, la vulnerabilidad de los juarenses no sólo quedó expuesta con esas insuficiencias cuantitativas, también se evidenció la carencia de la infraestructura especializada para atender a víctimas de quemaduras graves.
Ni en la esfera federal que integra la estructura del Instituto Mexicano del Seguro Social ni en la estatal con su propia red hospitalaria, existen el espacio y el equipo necesarios. Anteriormente se contaba con una sala de quemados en el Hospital General (HG) pero se cerró hace diez años y los pacientes que aquí requieren de atención especializada deben ser canalizados a la ciudad de Chihuahua.
De cualquier forma, el HG recibió a algunos de los heridos, luego de que no todos pudieron ser atendidos en los tres hospitales del IMSS; por la falta de cupo, otro grupo más fue enviado al Centro Médico de Especialidades, una institución privada.
Es atávica la marginación y desatención oficial en materia de infraestructura médica en Juárez. Injusta además por la importancia económica de la ciudad que concentra el mayor porcentaje de población pero además el mayor aporte tributario de trabajadores y empresarios que han sido ignorados en peticiones muy específicas como la de contar con un hospital de tercer nivel. Ante el IMSS la demanda es histórica pero los juarenses nunca han sido escuchados. En las mesas interinstitucionales la prioridad en materia de infraestructura social ha sido muchas veces señalada pero no ha pasado del papel y del discurso.
Ni siquiera la situación extraordinaria que Juárez vivió en la coyuntura crítica de criminalidad, cuando se articuló desde la esfera federal un programa especial de intervención e inversión, permitió conseguir la suficiencia presupuestal y al final los diferentes niveles de Gobierno le quedaron debiendo a la ciudad ese necesario equipamiento.
Sin embargo, no sólo en eso ha fallado la estructura burocrática. Como ocurre siempre después de cada tragedia, la inacción oficial, la falta de control, vigilancia y prevención también emergió en el caso de la explosión de Blueberry. Independientemente de un cuestionado trabajo de Protección Civil en sus esferas estatal y municipal, quedó exhibido el insuficiente sistema de inspecciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, responsable de revisar que las empresas cumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Como esa instancia cuenta sólo con 8 visores o inspectores para un censo de 8 mil 500 empresas (en teoría uno solo debería revisar más de mil establecimientos) la STPS aplica procedimientos aleatorios, aunque también dice su titular que “vamos a las que tienen mayor riesgo”.
Es precisamente este último punto el que origina más cuestionamientos, ya que Blueberry, instalada aquí desde hace 25 años, tiene largo historial de procedimientos administrativos y sanciones.
En los propios registros de la STPS acumuló 7 procedimientos en los últimos 6 años, luego de 16 inspecciones. Aunque todas las multas apenas acumularon 127 mil pesos, precisamente por incumplimientos de la norma en materia de seguridad e higiene, la empresa no ha pagado porque recurrió a la figura del amparo ante la justicia federal.
Sandra Ibáñez, subdelegada en Juárez de esa dependencia dijo no poder revelar detalles de los incumplimientos que en que incurrió la empresa en cuestión de seguridad pero señaló a El Diario que precisamente la última multa se generó después de que en julio de este año se hizo una inspección en la cual se corroboró que no corrigió todas las fallas señaladas en visita previa de noviembre de 2012.
Aunque consideró que la oficina cumple con su trabajo y prueba de ello son las inspecciones acumuladas a esa empresa, el hecho es que Blueberry pudo continuar laborando pese a que prevalecían las condiciones de riesgo.
Tampoco es la primera vez que en sus instalaciones ocurren hechos que trascienden a la opinión pública, que registra conflagraciones de gran impacto o interrumpe sus procesos de producción por disposición de agencias de salubridad mexicanas y estadounidenses. Le han clausurado la toma para descarga de aguas residuales por exceder los límites permitidos de químicos o desechos orgánicos y de manera recurrente ha sido denunciada por verter los residuos industriales al aire libre. Se ubica en el top ten de deudores de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y se ha amparado contra el pago del Impuesto Predial y el Derecho de Alumbrado Público.
Un incendio en febrero de 2005 que consumió parte de sus instalaciones la llevó incluso a mudarse de parque industrial. Un año después un empleado murió aplastado por un montacargas.
En contraste, en los archivos periodísticos destaca que la dulcera ha sido catalogada como una de las 100 empresas más importantes del país, de acuerdo con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana.
Actualmente da empleo a mil 100 trabajadores en tres turnos, como parte de las más de 227 mil plazas que en Juárez genera la industria maquiladora, con su régimen fiscal especial bajo el cual opera Blueberry y que representa en esta frontera el eje articulador de toda la actividad económica.
El siniestro del jueves ocurrió en medio del debate nacional sobre la reforma fiscal que está por ser votada en el Senado de la República y que especialmente en Juárez ha generado un inédito movimiento de protesta social impulsado por el sector empresarial, precisamente porque la propuesta plantea ajustes en el IVA y el Impuesto Sobre la Renta que golpearían duramente a la industria maquiladora de exportación, amenazando la generación y conservación de empleos, además de restarle competitividad al comercio local frente a Estados Unidos.
Y en esa articulación de manifestaciones ha jugado un papel central la Asociación de Maquiladoras (Index Juárez) que en un hecho sin precedentes, apenas el martes pasado, sacó a las calles a varios centenares de sus trabajadores para sumarse a la marcha contra la homologación del IVA (incremento de 11 a 16 por ciento) en la frontera, su aplicación a las importaciones temporales y otras tributaciones para el sector manufacturero.
Diversos actores sociales, académicos y políticos convergieron en la protesta que aglutinó a empleados y trabajadores, bajo la idea de que esa parte de la reforma propuesta del Ejecutivo federal –hasta ahora respaldada por la mayoría priista en el Congreso de la Unión– ahogaría la incipiente recuperación económica de Juárez y pondría en riesgo todo su futuro. Es la tormenta fiscal que podría convertirse en la mayor tragedia de Juárez, coinciden los inconformes cuya voz principal fue asumida por la dirigencia local de la industria maquiladora.
Es válido el papel arrogado en defensa de ese sector patronal que da cobijo aquí a 6 de cada diez empleos. Ese interés que además embona con la preocupación general de mantener palpitante a la ciudad económicamente es encomiable pero más lo sería si de manera simultánea la industria maquiladora voltea a ver su planta laboral para que toda carencia sea atendida y ningún procedimiento en materia de seguridad sea omitido.
Hay además mucho por hacer al interior de los centros de trabajo para que se arraiguen las prácticas que impulsen un blindaje a la integridad física y el cuidado de la salud y el ambiente, a través de la creación y funcionamiento permanente de comités al interior de las plantas en los que deben participar los propios empleados.
Los gobiernos federal y estatal, con sus diferentes funcionarios y dependencias,  los patrones y los trabajadores, la industria nacional y la manufacturera de exportación, cada actor tiene que poner su parte para que mejoren las condiciones del empleo.
Ningún sentido tiene ocupar la plaza pública por mantener ese puntal de la planta laboral en esta frontera si al mismo tiempo no se habla de impactar en una superior calidad de vida de los trabajadores y en general de todos los habitantes de Juárez.