Víctor M. Quintana S.
Analista político
Los cuerpos sin vida de Mireya Oralia García Zamora, de 36 años y su hija, Daniela Odet García Zamora, de 14, fueron localizados ya en estado de descomposición por el hijo de aquella, el miércoles 10, en su vivienda de la Colonia Rosario, en Chihuahua. Las dos mujeres fueron acuchilladas y asesinadas. Así, estos dos se suman a los 65 feminicidios ocurridos en el estado del 1 de enero al 31 de mayo de 2013, según Justicia para Nuestras Hijas.
El hecho, aunque encabezó la nota roja, se pierde entre la nota multicolor de los resultados de las elecciones del domingo pasado. Mientras partidos y candidatos celebran victorias, así sea pírricas u obtenidas con un escaso porcentaje de votantes, otra familia más llora a dos mujeres asesinadas.
El problema es que, más allá, o mejor dicho, en la raíz de los asesinatos de mujeres ya consumados, existen una serie de actitudes de las autoridades que refuerzan las estructuras institucionales y las estructuras mentales que culpabilizan, criminalizan y agreden a las mujeres. Una cultura y unas instituciones que desembocan en el feminicidio. Para demostrarlo, bastan sólo algunos de los más recientes hechos:
El 27 de junio pasado, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, (Cedhem) denuncia que fueron absueltos dos sujetos por violación y tentativa de feminicidio en perjuicio de la ex esposa de uno de ellos y cuñada de otro. Son las negligencias de la Fiscalía General del Estado, el no seguimiento de los protocolos de ley, una ausencia importante de investigación, la no preservación de la escena del crimen, el no levantamiento de evidencias y la presentación de testigos que mintieron por parte de la defensoría pública lo que propició que el tribunal de juicio oral, absolviera a los acusados de tentativa de feminicidio y violación.
Un día después, se publica que en Ciudad Juárez detienen a jovencita de dieciocho años, porque su bebé de dos meses fallece por broncoaspiración, encontrándose muy desnutrido. Con un celo que brilla por su ausencia en otras investigaciones, la Fiscalía acusa a Rosa Isela Chontal Lozadas, por “omisión de cuidados”. La abuela del bebé trasladó a su nieto al hospital porque su hija tuvo que quedarse cuidando a su otra bebé de un año ocho meses. Desde hace varias semanas está separada del padre de los dos niños.
El Cedhem señala también que por estos días, se reporta la violación de una niña de ocho años por parte de un vecino. Resulta que la madre de ella, una joven mujer con cuatro hijos debe laborar en la maquila por lo que tiene que dejar a sus niños con una cuñada. Para colmo, el tiempo que esta madre trabajadora debe pasar en casa se reduce al tener que internar a su bebé de un año en el hospital. Así, tiene que acudir a un vecino para que le cuide a sus niños durante una hora mientras llega su cuñada. Éste abusa de la niña, es detenido, pero cuando se realiza la audiencia de vinculación a proceso del violador, la Defensoría Pública le pide al juez que empiece una investigación en contra de la madre de la niña violada, también por “omisión de cuidados”.
Precisamente es “la omisión de cuidados” la nueva forma del poder para atacar a las mujeres. Así ha sido a lo largo de todo el proceso contra Clara Armendáriz, tratada por el gobierno como asesina, a quien se le ha negado la patria potestad de su hija Toñita, una y otra vez.
Pero, ¿quién es el primer responsable de la “omisión de cuidados”: las muchachas jóvenes, solteras en su mayoría, abrumadas por la necesidad económica, que tienen que trabajar doble y triple jornada para sobrevivir ellas y su prole, o un Estado como el mexicano a sus diversos niveles, que se niega a estructurar una auténtica política social? ¿Un gobierno federal y estatal que piensan que basta con propiciar empleos en las maquiladoras pero se olvidan de garantizar salarios dignos y prestaciones mínimas a las madres que trabajan?
Criminalizar a las mujeres, sobre todo a las madres jóvenes, a quienes el sistema educativo no ayudó a prever embarazos ni preparó para la vida, es la coartada que emplean ahora la Fiscalía y también el DIF para sacudir las buenas conciencias, para apelar a la hipocresía hecha sentido común y evitar los cuestionamientos a un gobierno que prefiere construir palenques a construir guarderías; contratar bandas a emplear psicólogos o trabajadores sociales. Porque ahí donde fracasa estrepitosamente la (no) política social; ahí entra haciendo cera y pabilo la política criminal. Si no se puede contra los criminales, duro contra las mujeres.