Sergio Sarmiento
Periodista y analista político
Distrito Federal– En cualquier país del mundo con un verdadero estado de derecho Jorge Emilio González, el Niño Verde, habría sido detenido durante bastante tiempo y no en un Centro de Sanciones Administrativas, como El Torito, sino en una cárcel formal. No solamente estaba manejando en estado de embriaguez en la madrugada del domingo 17 de febrero, violando las disposiciones del Reglamento de Tránsito, sino que mintió a la autoridad al dar un nombre falso y amenazó a los policías que lo detuvieron diciéndoles que los haría despedir.
El que una suspensión provisional, de esas que los jueces de amparo obsequian al por mayor, le haya permitido salir de El Torito a las seis de la mañana del mismo domingo nos demuestra la debilidad del Estado mexicano y las razones por las cuales los ricos y poderosos saben que en México gozan de impunidad.
El programa del alcoholímetro ha sido un rotundo éxito en la ciudad de México. El número de personas fallecidas en accidentes ocasionados por conductores ebrios ha caído en 87 por ciento entre 2002, cuando se registraron 719 de estas muertes, y 2012, cuando el número cayó a 93. Pocos programas han sido tan exitosos, pero no se trata de un simple avance estadístico. El alcoholímetro ha evitado la muerte de cientos de inocentes cada año al conseguir una aplicación estricta de una disposición del reglamento de tránsito.
En Estados Unidos, Canadá, los países europeos y otros las sanciones por conducir en estado de embriaguez son mucho más severas que las nuestras. Incluyen arrestos inconmutables, multas que pueden alcanzar los mil dólares, participación obligatoria en cursos de educación, confiscación temporal del vehículo y penas de cárcel.
En casos en que el conductor además miente acerca de su nombre o se niega a tomar la prueba del alcoholímetro, las penas se multiplican. Resistirse al arresto o amenazar a los miembros de la policía que tratan de cumplir con su deber son faltas que se castigan mucho más severamente que con un arresto o una multa. Dice el senador González que no amenazó a los policías, pero éstos han señalado que sí lo hizo.
El que Jorge Emilio González haya podido salir en libertad gracias a una suspensión provisional unas horas después de que cometió todas estas faltas es indicativo de la debilidad de las instituciones en nuestro país. Lo peor de todo es que seguramente el ex presidente del Partido Verde Ecologista de México buscará ahora escudarse en su fuero como senador para evitar cumplir las 36 horas de arresto que supuestamente debería cumplir por conducir en estado de embriaguez.
No parece haber ninguna indicación hasta este momento, por otra parte, de que habrá un intento del gobierno capitalino por hacerle responder por sus otras faltas, en especial las presuntas amenazas a los policías.
En los países del mundo con un verdadero equilibrio de poderes y rendición de cuentas el senador quizá habría logrado mantener su carrera política si hubiera sido detenido sólo por manejar en estado de embriaguez, se hubiera sometido con una sonrisa a la prueba de alcoholemia y hubiera mostrado su arrepentimiento ante los electores. Pero ningún político podría sobrevivir en su cargo si se comprobara que amenazó a los policías.
El que el senador González se encuentre en libertad en estos momentos es una pésima señal para un país que tiene que construir un estado de derecho en que las leyes se apliquen por igual a todos.
EL CHÓMPIRAS
Un reportaje del periódico La Razón mostraba ayer que José Luis Ramírez, alias El Chómpiras, aliado de Ignacio del Valle, quien roció con gasolina la dirección del CCH Naucalpan el 5 de febrero, participó además en el robo de una gasolinera y en los ataques contra policías, tiendas y monumentos históricos del 1ro de diciembre de 2012. El que El Chómpiras esté en libertad es otra pésima señal del estado de derecho en nuestro país.