Edward Wong / New York Times News Service
2015-07-02
Beijing— El gobierno chino anunció el miércoles que ha puesto en vigor una nueva ley nacional de seguridad, una que equivale a un radical mandato de parte del presidente Xi Jinping para mantener la primacía del dominio del Partido Comunista en todos los aspectos de la sociedad. Se espera que la ley refuerce el poder del sistema nacional de seguridad y del ejército.
La ley estipula que “la seguridad” debe mantenerse en todos los niveles, desde el cultural hasta el educativo, y tendrá también una presencia en el ciberespacio. Una versión de la ley fue dada a conocer en mayo, conllevando a que se desencadenara una intensa discusión sobre su impacto a largo plazo, pero la versión aprobada el miércoles tiene un alcance aún más amplio –agregando, por ejemplo, que la seguridad debe ser defendida en los suelos marítimos internacionales, en las regiones de los polos e incluso en el espacio exterior.
La ley es una de tres que han caído bajo el escrutinio de líderes extranjeros y ejecutivos corporativos, quienes dicen que Xi está tomando medidas para restringir severamente la influencia y acciones de las organizaciones extranjeras en China.
Se espera que las otras dos leyes sean también aprobadas con prontitud; una de ellas regulará a las organizaciones extranjeras no gubernamentales y las pondrá bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Pública, y la otra es una ley contra el terrorismo.
Mientras que estas dos leyes, las cuales aún están siendo redactadas, incluyen detalles específicos para el control de grupos extranjeros, la ley de seguridad nacional es un decreto de principios mucho más abstractos, dirigido a exhortar a todos los ciudadanos chinos y dependencias a que funjan como vigilantes de toda amenaza contra el partido. Los académicos legales y analistas en China dicen que es muy probable que esta ley conlleve a que el sistema de seguridad amase más poder, y a que las cortes empleen una más amplia definición de las violaciones cometidas en contra de la seguridad nacional. Los defensores de los derechos humanos esperan que suceda lo mismo y dicen estar preocupados de que a los acusados de tales violaciones se les otorgue muy poca protección legal.
“Tiene que ver con proteger al Partido Comunista y con castigar a aquéllos que critican a sus líderes, haciéndolo ver como una cuestión de seguridad nacional”, dijo William Nee, investigador de Amnistía Internacional, sobre la ley.
La ley, la cual fue aprobada el miércoles por un comité del Congreso Popular Nacional, un legislativo formal, también le asigna la supervisión de la seguridad nacional a una agencia central.