Debrorah Sontag / New York Times News Service
2015-05-23
Nueva York— En lo que pareciera ser un giro respecto a la postura de su predecesor, el gobernador Greg Abbott de Texas envió una carta a la fiscal general Loretta E. Lynch la semana pasada para asegurarle que su estado tiene la intención de cumplir con los procedimientos nacionales para prevenir, detectar y responder a las violaciones dentro de las prisiones “donde sea posible”.
Pero el Departamento de Justicia mencionó ayer que había rechazado tal garantía. Texas, que cuenta con una alta tasa de agresiones sexuales reportada contra reos, se espera que reciba una sanción financiera por segundo año consecutivo al no cumplir con los procedimientos que el gobierno federal ha establecido para documentar el progreso con miras a la eliminación de las agresiones sexuales carcelarias.
Nueve estados certificaron un cumplimiento pleno con los principios de la Ley para la Eliminación de la Violación Penitenciaria el 15 de mayo, la fecha límite que se impuso a los gobernadores para efectuar su segundo reporte de avances al Departamento de Justicia. Éste arrojó que 11 estados han cumplido a cabalidad los estándares –considerados como “mejores prácticas” para la eliminación de la victimización sexual contra reos– una docena de años después de que el Congreso aprobara por unanimidad la ley conocida por sus siglas en inglés como PREA.
En su carta a Lynch, Abbott señaló que no podía certificar un cumplimiento completo. Pero adoptó un tono más conciliatorio que el de su predecesor, el ex gobernador Rick Perry, que en 2014 declinó cumplir con la primera fecha límite de Washington y denunció los estándares nacionales como una “torpeza contraproducente e innecesaria y un costoso caos regulatorio”.
Abbott, que asumió en enero, se encontraba bajo cierta presión en las semanas previas a la fecha límite, cuando un artículo de The New York Times destacó el problema de los abusos sexuales en las prisiones de Texas, y una editorial en The Dallas Morning News exhortó al mandatario a “aplicar reformas federales ahora”, y manifestantes en Austin lo instaron a ejercer acciones contra las violaciones en prisiones.
“Le puedo asegurar que implementaremos en pleno los estándares del PREA que propone el Departamento de Justicia donde sea posible”, redactó a la fiscal general.
Destacó que un cuarto de las cárceles y prisiones estatales de Texas han autorizado una auditoría PREA especializada y que el resto se encontraban en medio de una auditoría o tenían una programada.
También expresó que Texas buscaba cumplir con el principio de que los jóvenes fueran separados de los prisioneros adultos, una estipulación que Perry había calificado como una violación del derecho que tiene su estado de considerar a los menores de 17 años con edad para afrontar una responsabilidad penal. Abbott, en contraste, señaló que los 49 menores de 17 años en las prisiones de adultos en Texas se encontraban segregados.
No obstante, Abbott no entregó la garantía por escrito estipulada de que Texas emplearía al menos 5 por ciento de ciertas asignaciones federales para lograr un cumplimiento pleno de los estándares en contra de las agresiones sexuales.
“La carta que recibimos de Texas no efectúa tal representación y, por lo tanto, no puede ser considerada una garantía para PREA”, señaló Dena W. Iverson, vocera del Departamento de Justicia.
Es una duda por qué Abbott no cumplió con las instrucciones precisas de Washington sobre cómo responder, pero su secretaria de prensa, Amelia Chassé, explicó que su carta detallaba “nuestros planes para mejorar la normativa en el futuro”.
El año pasado, el estado dejó de recibir más de 800 mil dólares en recursos federales penitenciarios como sanción. El Departamento de Justicia Penal de Texas señaló que la pérdida de estímulos no afectó sus operaciones, y que ciertos analistas interpretaron la declaración como si la multa de PREA fuera poco más que simbólica.
Los nueve estados que cumplieron por completo con los estándares son: Iowa, Maine, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Oregon, Tennessee y Washington. New Hampshire y New Jersey consiguieron la certificación el año pasado.