Jim Dwyer / New York Times News Service
2015-05-20
Nueva York— Las cajas registradoras de varias estaciones de gasolina nunca duermen. “Estuve ahí siete días a la semana, con turnos de 12 horas, mínimo 84 horas a la semana. Mínimo”, confesó Chitra KC, de 35 años, que trabajó en la estación Sunrise Highway de Hoolbrook, Nueva York. Es uno de los 27 trabajadores migrantes de Nepal, Bangladesh, Pakistán o India con reclamos salariales contra las estaciones de Long Island propiedad de Steve Keshtgar, que se declaró en bancarrota el 24 de diciembre.
Chitra KC asegura que le deben 10 semanas de salario –cerca de 8 mil 600 dólares– que desea usar para ayudar a sus familiares en Nepal, quienes se recuperan de los terremotos recientes. Otros empleados sostienen que eran obligados a rentar camas en casas de Coram y Central Islip en el condado de Suffolk, que eran propiedad de un encargado de varias estaciones de gasolina.
“Tenía entre 25 y 30 personas durmiendo en un garaje, en la cocina, en las salas”, revela Chitra KC. “Cuando los trabajadores del turno nocturno salían a trabajar, lo del turno de la mañana ocupaban sus lugares”.
Este esquema de renta y de salarios caídos fueron el trabajo de un gerente “malévolo”, aseguró Michael Macco, abogado de bancarrota del propietario de las estaciones, que sostuvo que el encargado era el responsable de distribuir los cheques salariales.
Los migrantes son los pilares de la economía de Nueva York, quienes ofrecen comodidades de bajo costo al ser despachadores de comida las 24 horas, empleados en salones de belleza baratos, estaciones de servicio nocturnas y como trabajadores de la construcción no sindicalizados. Algunos ingresaron al Estados Unidos de manera legal; otros no. La capacidad de empleadores sin escrúpulos para robarse los salarios podría robarle el aliento.
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el lunes que buscará implementar nuevas normas y emitirá órdenes para exigir que se mejoren las previsiones de salud y protecciones salariales para los empleados en salones manicuristas y otras ramas de lo que se conoce como la industria “cosmética”. Cuomo actuó en respuesta a un reportaje en el New York Times sobre la explotación de las trabajadoras en los salones manicuristas.
Para fines de 2013, por lo menos 125 millones de dólares en dictámenes que no han sido pagados y órdenes para el reembolso de salarios se han apilado por el transcurso de 10 años, de acuerdo a un estudio dado a conocer en marzo. “Dictámenes vacíos: La Crisis del cobro salarial en Nueva York”.
Las leyes son claras en lo que se refiera a los salarios mínimos y horas extra, y también es evidente que hay gente que logra evadir la ley en este asunto. Una coalición de grupos legales de interés público y defensores laborales, la cual dio a conocer el estudio, argumenta que el sistema legal debe ser más estricto —con la habilidad para cerciorarse que los activos no se encuentren ocultos en alguna otra parte cuando un reclamo parece tener validez. Un proyecto de ley incorporando tales medidas, incluyendo un gravamen para los salarios que no han sido pagados, fue presentado al Legislativo por la asambleísta Linda B. Rosenthal y el senador estatal José R. Peralta.
Cuando se le preguntó sobre la postura del gobernador en torno a dicho proyecto de ley, el consejero de Cuomo, Alphonso David, dijo que el gobernador revisará la legislación.