Alissa J. Rubin / New York Times News Service
2015-05-05
París— En un momento en el que los legisladores estadounidenses reconsideran los vastos poderes de vigilancia electrónica que adoptó el gobierno tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, la cámara baja del Parlamento francés dio un paso decidido en la dirección opuesta ayer, cuando autorizó por abrumadora mayoría una iniciativa que podría conceder a las autoridades las facultades más intrusivas para ejercer el espionaje doméstico, con prácticamente sin supervisión judicial.
El anteproyecto, trabajado desde el año pasado, ahora pasará al Senado, donde tiene posibilidades de ser ratificado, tras recibir un nuevo ímpetu como reacción ante los ataques terroristas en y alrededor de París en enero, incluyendo las oficinas de la publicación satírica Charlie Hebdo y a una tienda de abarrotes kosher, que dejó un saldo de 17 personas muertas.
Mientras las autoridades batallan para seguir los pasos de cientos de ciudadanos franceses que se dirigen a campos de batalla en Irak y Siria para jurar lealtad a la Yihad –a menudo reclutados por Internet–, las nuevas medidas ofrecerán a los servicios de inteligencia el derecho de recabar potencialmente datos electrónicos ilimitados.
Las medidas, que actualmente se diseñan, permitirían la intervención de celulares, leer correos electrónicos y obligar a los proveedores de Internet a que cumplan con las solicitudes del gobierno para filtrar prácticamente todas las comunicaciones de sus clientes.
Entre los tipos de vigilancia que los servicios de inteligencia podrían realizar está la recolección y análisis en bruto de metadatos similares a lo realizado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Los servicios de inteligencia también podrían solicitar el derecho de colocar micrófonos en una habitación u en otros objetos como autos o en computadoras o instalar antes para capturar conversaciones telefónicas o mecanismos que capturen mensajes de texto. Tanto ciudadanos franceses como extranjeros podrán ser intervenidos.
“La última legislación de inteligencia se realizó en 1991, cuando no había celulares o Internet”, señaló el primer ministro Manuel Valls, que tomó la inusual medida el mes pasado de presentar personalmente la iniciativa ante la Asamblea Nacional y defender las medidas, las cuales ya empiezan a generar consternación entre abogados, proveedores de Internet y grupos a favor de los derechos humanos.
En efecto, la medida por la cámara baja del Parlamento resalta el ferviente debate que se desarrolla en Europa sobre cómo equilibrar con armonía las libertades civiles y el derecho a la privacidad contra una serie de amenazas a la seguridad en una era de extremismo en ascenso e interconectividad global.
La confluencia de nuevas tecnologías, redes sociales virtuales y musulmanes alienados facilita a grupos como el Estado Islámico reclutar a jóvenes europeos para su causa de establecer un califato en el Medio Oriente –y, potencialmente, atacar a adversarios europeos en casa.
El mes pasado, prácticamente por un golpe de suerte, las autoridades francesas descubrieron un aparente plan para atacar al menos una iglesia cerca de París por un hombre armado que al parecer recibió el respaldo de usuarios en Siria, sin siquiera haber estado allá o sido reclutado en la Yihad.
No obstante, el crecimiento de las comunicaciones globales ha fomentado entre los gobiernos la asunción de poderes de vigilancia generales y en ocasiones sin supervisión, como lo revelaron las filtraciones de archivos de la NSA por el ex contratista Edward J. Snowden, en 2013.