Rod Nordland / New York Times News Service
2015-05-02
Lashkar Gah, Afganistán— Saheb tenía un problema: una bomba de los talibanes le hizo pedazos la pierna izquierda y no podía pagar una prótesis. También tenía una solución: su hija de 11 años, Noor Bibi, a quien el año pasado vendió a cambio de tres mil dólares para comprarse una pierna nueva. Saheb es uno de las decenas de miles de soldados y policías que han sido heridos luchando por el gobierno durante la prolongada guerra civil del país. Ante un apoyo oficial inadecuado o inexistente, muchos están recurriendo a medidas desesperadas para sobrevivir.
Otros que están consiguiendo apoyo se encuentran marginados en una sociedad que trata como parias a las personas con discapacidades.
En una guerra cuyo índice de muertos aumenta año con año, también está disparándose el número de los sobrevivientes de ataques que quedan discapacitados de forma permanente, rebasando los recursos disponibles que ofrecen el gobierno afgano y organizaciones caritativas. Incluso, según los cálculos más conservadores, Afganistán tiene 130 mil personas discapacitadas que han prestado servicio en la Policía u otras fuerzas de seguridad, de las cuales 40 mil han sufrido amputaciones, de acuerdo con cifras gubernamentales de quienes reciben pensiones. Resulta casi seguro que el total sea mucho más alto debido a que el gobierno no da a conocer las cantidades de los discapacitados que formaron parte de las fuerzas militares regulares.
Muchos, como Fardeen, ex sargento policiaco de 24 años de edad que en 2013 perdió la pierna derecha desde debajo de la rodilla por una bomba de los talibanes, la cual también le destruyó el tobillo y el pie derechos, ni siquiera reciben las exiguas pensiones a las cuales tienen derecho.
Fardeen, quien tiene un solo nombre igual que numerosos afganos, prefiere esperar a que oscurezca y luego en su silla de ruedas se dirige al pesado tráfico nocturno de la zona habitacional Macrorayan de Kabul para mendigar –al tiempo que ora por no ser visto por ninguno de sus ex compañeros.
“A veces oigo a las muchachas de los automóviles diciendo: ‘Mira ese joven guapo. ¿Por qué está pidiendo dinero en la calle?”’, dijo, sentado con un cobertor sobre las piernas. “No ven lo de abajo”.
La magnitud del problema resulta abrumadora. Tan sólo en una temporada de combate aquí en la sureña provincia de Helmand, el año pasado en un batallón policiaco, el II Batallón de Policía en Sangin, 154 hombres quedaron discapacitados por sus heridas –de los 344 totales, de acuerdo con el doctor Abdul Hamidi, director de la Clínica Policiaca de Helmand. “Este año es peor que todos los años anteriores; las cosas están muy mal”, dijo en diciembre Hamidi.
Se supone que los elementos de la Policía Nacional Afgana o del Ejército que están discapacitados reciban de por vida una pensión igual a su último sueldo. Los sobrevivientes de quienes fallecen deben percibir la misma pensión. Pero la combinación de corrupción, mala administración y burocracia abrumadora impide que se pague a muchos.
Los agentes de la Policía Local Afgana, a quienes el gobierno paga por luchar, no reciben nada si resultan heridos, aunque en lugares como Helmand, donde los combates son intensos, sufren un desproporcionado porcentaje de bajas.
Pese a la gravedad de sus problemas, los agentes de Policía y los soldados representan únicamente una pequeña parte de la población de discapacitado en Afganistán. Casi cuatro décadas de guerra han dejado alrededor de 3 millones de personas discapacitadas, de acuerdo con Abdul Khaliq Zazai, director ejecutivo de la Organización de Accesibilidad para Afganos Discapacitados. Los números incluyen discapacidades mentales y físicas, y abarcan a civiles y a fuerzas de seguridad.