Mark Mazzetti y Matt Apuzzo / New York Times News Service
2015-04-25
Washington— Aproximadamente una vez al mes, personal de los comités de inteligencia congresistas cruzan el río Potomac para dirigirse a la matriz de la CIA en Langley, Virginia, y ven videos de gente víctima de explosiones.
Como parte del macabro ritual los empleados miran las escenas de algunos ataques con drones en Pakistán y otros países, así como una muestra de la inteligencia en la cual se basó cada golpe, pero no las comunicaciones internas de la CIA donde se comentan los ataques y sus consecuencias inmediatas. Las proyecciones han otorgado la apariencia de supervisión congresista y han conducido a legisladores a asegurar que el programa de asesinatos específicos está sujeto a una revisión rigurosa, a defenderlo vigorosamente en público y a autorizar año con año su considerable partida presupuestal.
El inquebrantable respaldo proveniente del Capitolio es apenas una de las razones por las cuales las misiones homicidas de la CIA se hallan inmersas en la guerra estadounidense y tienen pocas posibilidades de cambiar en forma significativa a pesar de que el jueves el presidente Barack Obama anunció que un ataque con aviones robots accidentalmente había provocado la muerte de dos rehenes inocentes, uno estadounidense y otro italiano. El programa está siendo criticado como nunca antes, pero la Casa Blanca continúa defendiéndolo, mientras que los funcionarios de la CIA que hace más de 10 años diseñaron el proyecto –algunos de los cuales encabezaron asimismo el programa de detenciones de la CIA en el cual se recurrió a la tortura en prisiones secretas– han ascendido hasta los rangos más poderosos de la dependencia.
Aunque los legisladores insisten en que en el programa existe un alto nivel de rendición de cuentas, entrevistas con funcionarios del Ejecutivo y del Congreso muestran que la rama legislativa ejerce un escrutinio menos cuidadoso de lo que aseguran muchos congresistas. Funcionarios de alto nivel de la CIA, quienes tuvieron conocimiento sobre la importancia de ganarse al Congreso tras la resistencia con la cual se toparon en el programa de detenciones, se han atrincherado a efecto de proteger las operaciones de la instancia con drones, frustrando la promesa que hace dos años hizo Obama de reformarlo y sacarlo de las sombras.
Quizá ningún funcionario de la CIA haya sido más fundamental en el programa que Michael D’Andrea, un adusto converso al islam y fumador empedernido que fue jefe de operaciones cuando comenzó el programa de detenciones e interrogatorios de la dependencia y luego, como director del Centro de Antiterrorismo de la CIA, se volvió uno de los arquitectos del criticado programa de matanzas. Hasta el mes pasado, cuando D’Andrea fue discretamente cambiado a otro puesto, en el transcurso de nueve años estuvo a cargo del crecimiento de las operaciones con drones de la CIA y cientos de ataques sobre Pakistán y Yemen.
En reuniones secretas en el Capitolio, D’Andrea fue un poderoso defensor del programa de drones y se ganó la simpatía entre republicanos y demócratas. Personal de staff en el Congreso señaló que fue particularmente efectivo al ganarse el apoyo de la senadora demócrata por California, Diane Feinstein, que fuera directora del Comité de Inteligencia del Senado hasta enero, cuando los republicanos asumieron el control de la cámara.
Por años Feinstein intentó vencer las críticas al programa de algunos demócratas liberales y grupos de derechos humanos que empezaron a cuestionar sobre las bajas civiles. Funcionarios de la CIA le aseguraron, según comentó ella, que casi no había muertes de civiles en los ataques.
“Las cifras que hemos obtenido del Ejecutivo, con las que hemos hecho nuestro mayor esfuerzo por verificar, confirman que el número de bajas civiles que resultaron de tales ataques cada año ha sido típicamente en dígitos sencillos”, señaló Feinstein en 2013.
Pero las recientes muertes accidentales de los rehenes son sólo el más reciente ejemplo de lo difícil que es para la CIA saber con exactitud a quién mata. La Casa Blanca ofreció una contabilidad pública de los decesos sólo debido a que las víctimas fueron occidentales. El gobierno nunca ha ofrecido una explicación detallada de los ataques que testigos aseguran han atacado a mujeres, menores, o invitados a bodas.
Organizaciones que dan seguimiento a ataques con drones, como la New America Foundation, la Oficina de Periodismo de Investigación y The Long War Journal, calculan que los drones han matado a cerca de 4,000 personas, alrededor de 500 de ellas civiles. Pero tales cantidades, basadas en informes noticiosos y algunas entrevistas de campo, son consideradas sumamente inexactas.