Reforma
2018-11-30
La Administración del Presidente Enrique Peña Nieto fue incapaz de comprender que el combate a la corrupción era una de las reformas estructurales necesarias para el País y prefirió proteger a sus funcionarios y aliados políticos que actuar en contra de ellos, consideraron especialistas.
El resultado, señalaron, fue la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el que hubo anuencia para su diseño normativo, pero falta de voluntad para su implementación.
Peña Nieto llegó a la Presidencia de la República en 2012 con el estigma de la corrupción con la que históricamente se ha vinculado al PRI, por lo que una de sus primeras promesas de campaña fue la creación de un Comisión Nacional encargada de combatirla.
Sin embargo, la Comisión no prosperó, se desmanteló prácticamente a la Secretaría de la Función Pública y los escándalos de corrupción, empezando por la Casa Blanca, que tocó directamente al Presidente, comenzaron a surgir.
"No fueron capaces de entender cómo la construcción del Estado de Derecho era en sí mismo otra reforma estructural del Estado Mexicano y que si no lograban avanzar con mucho éxito esta agenda iba a resultar contraproducente", señaló Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
Además, Alejandro González, director de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), consideró que el Gobierno se resistió a actuar en contra de los suyos.
"Se le fueron poniendo obstáculos por la vía de los hechos a la lucha contra la corrupción y hay una razón de fondo, que es: altos funcionarios de este Gobierno estuvieron presuntamente involucrados", indicó.
Entre los funcionarios de primer nivel involucrados en actos de corrupción está el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a quien ejecutivos de Odebrecht acusaron de haberle entregado 10.5 millones de dólares en sobornos para obtener contratos.
También la ex Secretaria de Desarrollo Social y actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, quien no vigiló el adecuado uso de los recursos públicos y posibilitó que mil 901 millones de pesos fueran desviados a través de empresas fantasma.
El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien tuvo a su cargo la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca en el que, por no atender un problema del drenaje, se generó un socavón en el que cayeron y fallecieron dos personas.
Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que que la falta de voluntad para combatir la corrupción fue, quizás, el principal costo que tuvo Peña Nieto en las elecciones de julio pasado.