The New York Times
2018-11-27Ciudad de México— Una icónica fotografía de 1993 muestra a oficiales de la Policía colombiana sonriendo mientras se inclinan sobre el cadáver balaceado de Pablo Escobar, quien la revista Forbes había afirmado era el narcotraficante más rico del planeta. La imagen fue captada por Steve Murphy, un agente de la Agencia Antidrogas Estadounidense o DEA, por sus siglas en inglés, quien ayudó a localizar al capo acusado de instigar asesinatos en masa en su país natal. Su "destino debería servir de ejemplo a otros que trafican con la muerte y la desgracia", dijo Lee Brown, el zar antidrogas, en medio de celebraciones en Bogotá y Washington.
Veinticinco años después, un nuevo supervillano, Joaquín Guzmán Loera, conocido como ‘El Chapo’, se encuentra en un tribunal federal en la Ciudad de Nueva York, acusado de traficar suficiente heroína, cocaína, mariguana y metanfetamina a los estadounidenses como para haber ganado 14 mil millones de dólares en el curso de dos décadas y media. La malévola reputación de Guzmán, que incluye escapar de dos prisiones de máxima seguridad en México, lo coloca junto a Escobar y de hecho con el contrabandista Al Capone como los traficantes más tristemente célebres de los tiempos modernos.
En los años transcurridos entre la muerte de Escobar y el juicio de Guzmán, que inició el 13 de noviembre, la guerra contra las drogas ha avanzado a tropezones. En términos de derribar capos y quemar montones de sus narcóticos, ha sido un éxito impresionante. En términos de reducir el número de estadounidenses muertos por sobredosis o de latinoamericanos asesinados debido a ganancias del narcotráfico, ha sido un decidido fracaso.
Drug Policy Alliance calcula que la lucha contra el comercio ilegal de estupefacientes cuesta a los contribuyentes de Estados Unidos 58 mil millones de dólares al año. Pero el 2017 cobró una cifra récord de 15 mil 900 muertes por sobredosis de heroína, así como altos niveles en fatalidades por cocaína, metanfetamina y fentanilo. En México, se calcula que la batalla de muchos frentes entre carteles rivales del narco y una serie de fuerzas de seguridad ha causado la muerte de más de 119 mil personas en el curso de una década y ha desestabilizado franjas del país.
La mayoría de los capos de la droga extraditados a EU llega a un trato. Pero Guzmán se declaró no culpable, lo que obligó a los fiscales a armar un caso que está previsto que dure meses. Dicen que llamarán a testigos, entre ellos otros narcotraficantes, para que describan cómo es que contrabandeó mariguana en formas ingeniosas -como en latas de chile jalapeño- sobornó a funcionarios mexicanos a todos los niveles y fue el autor intelectual del brutal asesinato de sus enemigos.
Eduardo Balarezo, uno de los abogados defensores de Guzmán, me dijo que desafiará a los testigos y llamará la atención a cualquier trato que pudieran haber realizado a cambio de su testimonio, y que pondrá en tela de juicio las tácticas de agentes de la DEA. En el pasado, los agentes han sido criticados por el uso de informantes dudosos y por infiltrarse con narcotraficantes.
Los fiscales quizás demuestren que Guzmán es culpable de delitos atroces. Pero también es probable que resalten, sin querer, las décadas de fracaso para detener ni el flujo de drogas ni el derramamiento de sangre, así como tácticas específicas de la DEA y la ayuda a fuerzas de seguridad mexicanas afectadas por la corrupción. Mientras el mundo observa, será difícil no preguntarse si es que el caso de Guzmán no está en realidad sometiendo a juicio a la guerra contra las drogas.
Idear una mejor política antidrogas es un reto difícil, pero tenemos una oportunidad histórica. Hace apenas una década muchos observadores dijeron que no había posibilidad alguna de una legalización de drogas. Pero el 6 de noviembre, Michigan se convirtió en el décimo Estado que legaliza la mariguana recreativa en EU; Canadá la ha legalizado y México está dando pasos en esa dirección.
Además de la legalización de drogas menos peligrosas, se podría hacer un mejor esfuerzo para llevar a más adictos a rehabilitación; un estudio del 2015 encontró que casi el 80 por ciento de los estadounidenses con consumo problemático de opioides no recibían tratamiento. Los programas de metadona también pueden ayudar a algunos adictos y evitar que financien los homicidios en masa al sur del Río Bravo.
Un primer paso es simplemente reconocer que la política antidrogas está fracasando. Si continúa su avance a tropezones, es probable que en otros 25 años nos enfoquemos en un nuevo capo, junto con más historias de dinero del narco, corrupción policíaca y montañas de cadáveres.