Reforma
2018-11-07
Ciudad de México— La Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para 16 municipios del Estado de Durango, con la finalidad de implementar las medidas necesarias para cesar la violencia contra las mujeres en esa entidad.
Según la alerta, los municipios contemplados son Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mezquital, Pueblo Nuevo, Poanas, Tamazula, Canatlán, General Simón Bolívar, Mapimí, Nombre de Dios, Rodeo, Tlahualilo, Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro y Guadalupe Victoria.
Las medidas que debe implementar la entidad, indica el documento, deben atender las condiciones culturales, sociales e institucionales que obstaculizan el libre ejercicio de los derechos de las mujeres, particularmente el derecho a una vida libre de violencia y discriminación.
Durango deberá coordinar acciones interinstitucionales de seguridad, prevención, justicia y reparación, que permitan dar continuidad a la estrategia de atención, sanción y erradicación de la violencia de género.
Entre las medidas específicas que plantea la AVGM, están la creación o fortalecimiento de puntos de atención inmediata a mujeres en situación de violencia, en materia de asistencia jurídica, psicológica y de salud.
También el fortalecimiento de las agrupaciones municipales, estatales o mixtas de seguridad pública especializadas en casos de atención de violencia por razones de género, así como el habilitamiento de albergues para mujeres víctimas de violencia y sus hijas.
La AVGM además prevé el mapeo de los delitos cometidos en contra de mujeres, particularmente, de los feminicidios, homicidio culposo, violencia sexual, trata y desaparición; la emisión de un protocolo de atención de la violencia familiar a cargo de la policía de proximidad; y el diseño e implementación de una estrategia diferenciada para la detección y atención de la violencia sexual y el embarazo adolescente.
Estas medidas son complementarias y no excluyentes de las propuestas de acciones que contempla el informe de conclusión que elaboró un grupo de trabajo, derivado del procedimiento de solicitud de Alerta, mismas que ya fueron aceptadas por el Gobernador del Estado.
En dicho documento, el grupo concluyó que la información remitida por el estado no constituye prueba suficiente para determinar que ha dado un cumplimiento razonable a las acciones durante un plazo de seis meses.