Reforma
2018-09-25Ciudad de México— Más de un centenar de organizaciones y activistas pidieron al presidente y al Senado de la República llevar a cabo un proceso transparente, participativo e incluyente en la designación de quien ocupará vacante que deje el ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío.
A través de una carta pública, señalaron que la persona que ocupe ese cargo debe haber demostrado compromiso con los derechos humanos, con una interpretación garantista y progresiva de los mismos y con valores democráticos.
"Las organizaciones de la sociedad civil, especialistas y académicos/académicas firmantes demandamos un proceso transparente, participativo e incluyente", indicaron.
El 30 de noviembre concluye el periodo de 15 años de Cossío y quien lo sustituya se incorporará a un Pleno conformado por 11 integrantes, en el que sólo hay dos mujeres.
"La conformación actual del Pleno de la SJCN adolece de una representación paritaria entre mujeres y hombres (18% y 82%, respectivamente), por lo que este proceso de designación es una oportunidad histórica para reducir esta brecha de desigualdad política por razones de género y avanzar con el principio de paridad que establece la Constitución", resaltaron las ONGs.
De acuerdo con la Constitución, corresponde al Senado designar a los ministros de la Corte de entre una terna que someta a su consideración el Presidente de la República.
Este proceso podría darse antes del 30 de noviembre o después de esa fecha, cuando el nuevo titular del Ejecutivo tome posesión.
"La SCJN es el máximo órgano de justicia de nuestro País que tiene como mandato verificar que ninguna norma vulnere la Constitución y tratados internacionales, así como una labor de arbitraje de los conflictos políticos", señalaron.
"Por ello, su papel en un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, de un ciclo de impunidad estructural y de casos graves de corrupción sin alguna consecuencia, resulta fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para la protección y garantía de los derechos de las personas".
Quien ocupe el cargo, añadieron los activistas, debe garantizar su independencia, autonomía e imparcialidad dentro del Pleno de la Corte.
Así como tener una reconocida honorabilidad e integridad y contar con experiencia probada en la materia, entre otras características.
Entre las organizaciones firmantes están la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Artículo 19, Borde Político, Cauce Ciudadano, Causa en Común, el Observatorio Ciudadano Designaciones Públicas y el Observatorio Nacional Ciudadano.