Reforma
2018-09-15
Ciudad de México— La Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, primer paso para fijar los salarios que percibirán los funcionarios del sector estatal.
De este modo se garantiza que ningún burócrata gane más que el presidente de la república, ni siquiera los próximos titulares de Pemex y CFE, consideradas empresas productivas del Estado.
El próximo mandatario, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que recibirá un salario de 108 mil pesos al mes, y a partir de ahí se definirán los sueldos de los funcionarios de los tres Poderes de la Unión, órganos autónomos y entes públicos.
“Ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el presidente de la república en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, indica la minuta aprobada casi por unanimidad y con el respaldo de todos los partidos políticos.
Mario Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro, condenó la burocracia dorada del sector público.
“En total, en el sector público tenemos 103 mil 177 plazas que ganan más de un millón de pesos anuales, y el costo anual de las mismas asciende a 146 mil millones de pesos.
“En la actual administración, el costo de la alta burocracia se incrementó en más de 20 mil millones de pesos. Eso es lo que hoy va a llegar a su fin, eso es por lo que votó la gente el 1 de julio”, planteó Delgado.
Pablo Gómez, también de Morena, dijo que la intención no sólo es regular el salario máximo con base en el sueldo del presidente: “Es acabar con los elevadísimos sueldos, ilegales y abusivos, porque han convertido a éste en un país de privilegios”, acusó.
Aunque el proyecto de Ley fue validado en noviembre de 2011 por el Senado se encontraba congelado en San Lázaro.
Esta ley se convirtió en el primer dictamen avalado por la 64 Legislatura y fue enviado al Ejecutivo federal para su promulgación.
Prohíben pagos de retiro
La Cámara de Diputados también puso fin a las pensiones de los expresidentes de la república.
Morena impuso su mayoría e impidió que prosperaran las 17 reservas que la oposición presentó a la minuta, al Código Penal y a los transitorios.
En el artículo 10 se prohíben percepciones de retiro que no estén sustentadas en leyes o contratos de trabajo.
“No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”, dice el texto.
De esta forma se impedirá que continúen las pensiones para los expresidentes, que están asignadas por medio de decretos presidenciales.