Reforma
2018-09-11
Ciudad de México— México no ha sancionado ningún caso de corrupción utilizando la Convención Anticohecho de la OCDE, por lo que se encuentra en el grupo de países con niveles mínimos o nulos de cumplimiento de ese instrumento, reportó hoy Transparencia Mexicana.
En un informe titulado "Exporting Corruption", difundido en Berlín, la organización internacional concluyó que de 44 países analizados, sólo 22 -encabezados por Estados Unidos- aprovechan esta Convención para investigar casos de corrupción internacional, como Odebrecht.
La otra mitad, donde se encuentra México y países como Corea del Sur, Singapur, India, Rusia, Colombia, España y Turquía, tienen niveles de cumplimiento mínimo o nulo bajo esa convención internacional contra la corrupción.
"En el período 2014-2017, México abrió tres investigaciones, pero no (sancionó) casos. También hay investigaciones en curso en otros países sobre las actividades de dos empresas mexicanas", señala el documento.
"Autoridades de Estados Unidos y Colombia investigan las actividades de CEMEX en Colombia, y autoridades españolas investigan las actividades de Grupo México en España. Sin embargo, no hay investigaciones conocidas en México de las actividades en el exterior de esas dos compañías".
La Convención Contra el Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales, que México ratificó en 1999, es un instrumento jurídico que permite a los países investigar y sancionar la corrupción de empresas multinacionales operando en el extranjero.
Para Transparencia Mexicana, es preocupante el nivel de cumplimiento del País en esta Convención, pues es un instrumento que permite inhibir que las empresas nacionales o extranjeras participen en actos de corrupción en operaciones internacionales.
"Resulta difícil de comprender cómo después de casi 20 años el Gobierno de México no ha sancionado a ninguna empresa internacional que ha sobornado a funcionarios mexicanos", dijo a REFORMA Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
Advierten falta de autonomía de PGR
El informe advierte que la Procuraduría General carece de suficiente autonomía, por lo que propone modificar el artículo 102 de la Constitución para garantizar que sea independiente del Poder Ejecutivo.
"En México, la Oficina del Fiscal General carece de suficiente autonomía", sentencia.
También recomienda nombrar al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados anticorrupción; asegurarse que el Sistema Nacional Anticorrupción se implemente a nivel estatal; además, dar más recursos y capacitación a la Policía, para investigar casos de corrupción.
Asimismo, introducir mecanismos para garantizar que el Poder Judicial opere sin motivos políticos; instaurar mecanismos de nombramiento menos dependientes del Ejecutivo; y asegurar que el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera empiecen a jugar un papel más activo en el combate a la corrupción en México y el extranjero.