Reforma
2018-09-01
Ciudad de México— Aunque el Gobierno federal presumió la creación de una fiscalía para atender a familiares de personas desaparecidas, estableció que ésta sólo cuenta con un centenar de funcionarios para investigar la desaparición de 11 mil 556 casos en 897 expedientes.
En febrero de 2018 se creó la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), mediante el Acuerdo A/013/2018 emitido por la PGR.
A junio de 2018 ésta cuenta con 38 agentes del Ministerio Público Federal, 28 oficiales ministeriales y 34 elementos adscritos de la Policía ministerial, reveló la PGR.
Las entidades federativas con mayor incidencia de desaparición de personas son Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Michoacán y Ciudad de México, según el Sexto Informe de Gobierno.
"Se investiga la desaparición forzada de 170 personas en 88 expedientes de búsqueda, mediante averiguación previa o carpeta de investigación", se lee en el Informe.
"En las cuales las autoridades involucradas son las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Policía Federal, estatal y municipal".
"El Gobierno de la República impulsó de manera decidida la capacitación de diversos servidores públicos representantes de 63 dependencias y entidades de la APF, sobre la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos, como herramienta necesaria para realizar sus funciones".
El Informe presume que del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de este año se logró capacitar a 44 mil 552 servidores públicos, con lo que superó en 122.8 por ciento el número de capacitaciones comprometidas en la meta 2018 del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018.
Se añadió que se fortaleció el Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El Gobierno, del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, atendió 111 solicitudes de medidas de protección recibidas en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De esa cifra, 39 corresponden a personas defensoras de derechos humanos y 72 a periodistas.
"El Gobierno de la República mantiene la atención y seguimiento permanente a las víctimas de casos relevantes como La Gran Familia, Guardería ABC, Iguala, Chilapa, Tlatlaya, Fosas de San Fernando y Cadereyta, Nochixtlán y hechos relacionados con movimientos sociales y políticos del pasado.
"En términos generales, las acciones realizadas consistieron en proporcionar asistencia y atención integral que ha fomentado la restitución de los derechos de las víctimas", se agregó.
"Así como la representación jurídica dentro del proceso penal", se establece en el documento.