Reforma
2018-08-06
Tapachula, México– Por irregularidades en sus reportes de gastos e ingresos de campaña, el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé propinarle a los partidos políticos locales y nacionales 872 millones 660 mil pesos en multas.
De ese monto, 186 millones de pesos, es decir el 21.3 por ciento del total, corresponden al PRI, el cual será el partido más sancionado del pasado proceso electoral.
El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que estas cifras, que ya fueron revisadas por la propia autoridad electoral y los partidos, son las que serán sometidas a votación este lunes ante el Consejo General del organismo electoral.
Detalló que, de la bolsa de multas, 296.4 millones son para los nueve partidos políticos con registro a nivel nacional; 532 millones para los nueve partidos políticos nacionales a nivel local; y 44.1 millones para una treintena de fuerzas políticas locales.
Murayama explicó que, en sus auditorías, la Unidad Técnica de Fiscalización analizó 10 mil 500 millones de pesos que reportaron de gastos e ingresos los partidos y candidatos que compitieron en las pasadas elecciones del 1 de julio.
“Tenemos previstas sanciones por 872 millones de pesos, esto quiere decir que las sanciones van a ser alrededor del 8 por ciento de los recursos involucrados en las campañas”, mencionó.
Después del tricolor, Morena será el partido que recibirá las mayores multas: 139.5 millones de pesos, que representan el 16 por ciento del total.
Le siguen el Verde, con 107 millones; el PT, con 100.2 millones; el PAN, con 89 millones; el PES, con 74.4 millones; el PRD, con 66.9 millones; Movimiento Ciudadano, con 36.7; y Nueva Alianza, con 28.4 millones de pesos.
“Esto, insisto, se deriva de los dictámenes que circulamos y de una revisión que hicimos ya con los partidos políticos”, mencionó Murayama.
La consejera Pamela San Martín, por otra parte, anunció desde el Consejo General que votará en contra de los dictámenes de fiscalización y la resolución de quejas en la materia debido a que hubo investigaciones deficientes o se adoptaron criterios nuevos que derivaron en que las multas propuestas sean menores a lo que originalmente, con base en criterios anteriores del INE, se perfilaba imponer.
Para la consejera, lo anterior es un desaprovechamiento de la Unidad Técnica de Fiscalización, que aumentó su presupuesto y su personal este año, así como un posible retroceso en materia de rendición de cuentas.