Associated Press
2018-07-07
Ciudad de México— El gobierno que Andrés Manuel López Obrador encabezará en México impulsará ante el Congreso una ley de amnistía que se elaborará a partir de las propuestas recibidas de víctimas y de expertos nacionales e internacionales, y que podrá incluir leyes especiales, instrumentos de justicia transicional, indultos y reducción de penas, pero garantizando que no haya impunidad.
Así lo indicó el viernes el equipo de seguridad del futuro mandatario, que subrayó que el objetivo de esta gran estrategia es pacificar un país azotado por la violencia, donde más de 200 mil personas han sido asesinadas y otras 35 mil han desaparecido desde que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) empezó su lucha frontal contra el crimen organizado hace casi 12 años.
Según Alfonso Durazo, asignado por López Obrador para encargarse de la futura Secretaría de Seguridad Pública, no se trata de una “amnistía a secas” que pudiera implicar discrecionalidad por parte del futuro presidente. “Exploraremos, sin prejuicios ni estridencias, todas las ideas y propuestas que nos permitan recuperar la paz y la serenidad en el país”, señaló.
Eso sí, “sin pasar por la impunidad”, y con la intención de que el actual nivel de violencia no se repita, agregó Durazo.
La ley será complementada con otras nueve iniciativas de seguridad, pero estas acciones no acabarán con la violencia de un día para otro, reconoció Durazo, aunque sí empezarán a rendir resultados “en el muy corto plazo”.
Olga Sánchez Cordero, quien ha sido nombrada como próxima secretaria de Gobernación, subrayó que echarán mano “de todos los instrumentos legales” a su alcance, pero el eje de todo serán “los derechos de las víctimas”.
“No significa impunidad” sea quien sea quien cometa el delito, reiteró por su parte Loreta Ortiz, asesora del gabinete de transición en materia de derechos humanos. La experta destacó que “nunca procede el olvido o el perdón con crímenes de lesa humanidad”, mientras que el resto de delitos se analizarán conforme a lo que señalen las víctimas.
En principio, los primeros beneficiados por esta ley, explicó Ortiz, podrían ser niños, jóvenes coaptados por el crimen organizado, mujeres que son involucradas en delitos por su pareja —lo que se conoce como “delitos de amor”—, campesinos que hayan sido productores de droga, gente acusada de delitos políticos y otras personas que no han cometido ningún acto de carácter violento.