Associated Press
2018-06-27
Tenantla, Guerrero— Quien sea que gane las elecciones presidenciales del domingo en México tendrá que enfrentar no sólo a los cárteles de la droga, sino también un nuevo tipo de delincuencia organizada que involucra a poblados o barrios enteros capaces de desafiar a la Policía y a los militares.
Así quedó demostrado a principios de junio en Ciudad Guzmán –un bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación–, cuando una multitud de hombres y mujeres rodeó dos camionetas que transportaban marinos armados.
Los habitantes se burlaron de los militares, les arrojaron piedras y botellas de agua y patearon varias veces a un marino mientras dos camaradas lo rescataban.
La multitud –protestando presuntamente por la desaparición de un hombre– pintó luego las iniciales del cártel en un vehículo destrozado de la Armada.
Este tipo de delitos “socializados” o “masivos” se está extendiendo en México a medida que comunidades enteras vacían trenes de carga o roban miles de litros de combustible en oleoductos.
“La lógica de la gente es ver que los políticos y los funcionarios roban en grande”, dijo Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y experto en temas de seguridad. “Ellos perciben que del presidente para abajo roban y que ellos también tienen el mismo derecho de robar que el político de arriba”.
En mayo, hombres armados rompieron las cerraduras de dos supermercados en la ciudad de Arcelia, en el estado de Guerrero, y permitieron que los vecinos los saquearan. La Policía no apareció durante horas.
El portavoz de seguridad de Guerrero, Roberto Álvarez, dijo que los dueños de las tiendas rechazaron las demandas de extorsión de una división local del cártel de La Familia y que el saqueo era un castigo por no pagar.
Entretanto, diariamente se abren en promedio 42 grifos ilegales en oleoductos –una operación llamada localmente “huachicoleo”– y el transporte, almacenamiento y venta del combustible robado suele significar una importante fuente de ingresos ilícitos en muchas comunidades rurales.
Ante las quejas de los grupos empresarios de que estos delitos atentan contra el empleo y la inversión, la Secretaría de Gobernación los atribuyó al empleo creciente de la población local por parte de pandillas.
La secretaría sostuvo que el fenómeno se debe en gran medida a la diversificación de las organizaciones que comenzaron con el narcotráfico y que ahora tienen intereses en el robo de combustible.
En muchos casos han obligado a los residentes a obstaculizar la acción policial para detener a muchos de los que participan en los robos.