Associated Press
2018-06-27
Ciudad de México— Partidos que hacen compra masiva de votos en comunidades enteras y amenazan a sus habitantes con perder todos los apoyos sociales si un solo sufragio va a otro contendiente. Candidatos que denuncian que el crimen organizado ya les ha dicho quién será el ganador pero que ellos deben “aparentar” estar en campaña. Mujeres indígenas usadas como “botín” electoral para sumar apoyos.
Estos son algunos de los focos rojos detectados por las 28 ONGs que participan en la Red Ciudadana de Observación Electoral, una iniciativa apadrinada por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo en México que presentó ayer algunos resultados preliminares sobre la vigilancia que llevan a cabo estos colectivos del actual proceso electoral.
El trabajo de todas estas ONGs representa un esfuerzo de observación “más integral, diversificado y profundo” que nunca del antes, durante y después de los comicios del 1 de julio, indicó la coordinadora de la iniciativa, la académica Irma Méndez. Y todo a pesar de que en este año el programa contaba con menos financiación.
Condicionar el voto se han convertido en una forma de relación consentida entre políticos y ciudadanía “que no tiene caminos transparentes de rendición de cuentas”, explicó Beatriz Camacho, del colectivo Alianza Cívica Nuevo León. Puso como ejemplo la “compra masiva de comunidades completas” que su organización ha detectado en lugares de Chiapas y en concreto, con la elección para gobernador.
Alianza Cívica ha recibido 350 reportes de 30 estados que incluyen también el pago de dinero en efectivo, la entrega de tarjetas con promesas de pago diferido, el acopio de credenciales de elector a cambio de algún producto o el permiso para trabajar en un tianguis o una licencia de taxi si garantizas el voto.
“Todos los partidos están denunciados por este tipo de prácticas”, asegura Camacho, pero quien más quejas tiene es el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), “porque es quien tiene el poder”.
La población vulnerable rural o en los suburbios de las ciudades es la que más afectada por estas prácticas y sobre todo las mujeres, porque los programas sociales pasan por ellas. En este sentido, Teresa Pérez, del Centro de Investigaciones para la Equidad, Política Pública y Desarrollo, denunció la utilización de indígenas “como botín para atraer votos”.
En otros puntos del país, el problema más grave radica en cómo miembros del crimen intimidan o directamente asesinan a los políticos.