Reforma
2018-06-25
Al cumplirse un año de la publicación de la Ley General contra la Tortura, más de una treintena de organizaciones civiles acusaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de tomar acciones regresivas para erradicar esta práctica.
En el caso de la Corte, reprochan que adoptó una tesis de jurisprudencia que contradice la regla absoluta de considerar inadmisible cualquier prueba obtenida bajo tortura.
En la tesis del año pasado se dispone que no es necesario reponer un proceso penal donde la persona sentenciada afirma que su condena se basó en evidencias fabricadas bajo tortura, salvo que exista autoincriminación.
"Este lenguaje deja abierta la posibilidad de utilizar declaraciones obtenidas bajo tortura distintas a una confesión, por ejemplo, cuando se detiene y tortura a un grupo de personas para que se inculpen mutuamente, como ha ocurrido en un sinnúmero de casos conocidos por las organizaciones firmantes", advierten las organizaciones.
En cuanto a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, lamentan la adopción de un nuevo protocolo homologado para la investigación de la tortura, como se anunció en febrero pasado.
"Mientras la ley establece que la denuncia de tortura llevará a una investigación realizada por la Fiscalía Especializada competente, el Protocolo dispone que el o la agente del Ministerio Público que reciba la noticia de tortura realizará una suerte de preinvestigación sin fundamento en norma alguna", advierten las organizaciones.
"Y sólo en caso de considerar que existe una presunción de tortura, enviará el caso a la Fiscalía Especializada para que esta lo investigue y lo registre con fines estadísticos".
Aclararon que dicho protocolo es actualmente objeto de un juicio de amparo que señala su incompatibilidad con la ley general contra la tortura, con el nuevo sistema de justicia penal y con el derecho internacional.
El pronunciamiento de organizaciones como el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Centro Prodh y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se dio con motivo del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
"Consideramos alarmante que diversas instituciones que deberían ser las primeras en comprometerse con el nuevo modelo contra la tortura lo desconozcan en sus acciones", plantearon.
"Cumplir la Ley General y erradicar la tortura como estrategia de fabricación de pruebas, represión o con cualquier otro fin debería ser un elemento prioritario y fundamental de la agenda de justicia y seguridad ciudadana de todas aquellas personas que busquen ocupar cargos de elección".