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Cuestionan fiscales Comisión para caso Iguala

Agencia Reforma | Jueves 21 Junio 2018 | 19:35 hrs

Agencia Reforma / Procuradores y fiscales del país

Agencia Reforma / Procuradores y fiscales del país

Ciudad de México— Los 32 fiscales y procuradores de justicia del país se pronunciaron contra la sentencia que ordenó crear una Comisión de la Verdad para el caso Iguala, al estimar que el tribunal que emitió el fallo no está facultado para instruir el establecimiento de un organismo de esa naturaleza.

La Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia (CNPJ) aprobó hoy un pronunciamiento unánime contra la resolución dictada el pasado 31 de mayo por el Primer Tribunal Colegiado Penal de Tamaulipas, al cual señaló de exceder sus atribuciones constitucionales.

"El pronunciamiento lo que hace ver es eso, precisamente un exceso del tribunal colegiado en la resolución que dictó, en función de lo que acabo de mencionar; un tribunal colegiado no tiene facultades constitucionales para ordenar la creación de una comisión de justicia y de verdad", dijo Alejandro Gómez Sánchez, Procurador del Estado de México e integrante de la CNPJ en la zona centro.

En rueda de prensa, Víctor Carrancá, Fiscal de Puebla y vocero de la CNPJ, dijo que no cabe ninguna interpretación legal que justifique el fallo porque un tribunal colegiado no puede otorgar facultades que la Constitución establece de manera exclusiva para el Ministerio Público.

"Las y los fiscales y procuradores generales de justicia que integramos la CNPJ emitimos un pronunciamiento unánime en el sentido de que la resolución es una clara contravención al texto constitucional, pues vulnera el principio de supremacía constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes, y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público.

"No cabe una interpretación pro persona, pues la resolución del tribunal colegiado para que un órgano ejerza funciones es necesario que así lo disponga el texto constitucional y las leyes emanadas de ella. En el caso concreto, no existe disposición alguna que faculte al Poder Judicial a subrogar la investigación y persecución de los delitos, al margen de distribución de funciones y competencias que expresamente establece la Constitución", señaló Carrancá.

Lo anterior sin perjuicio del ejercicio de los derechos que establece la Carta Magna, los tratados internacionales y los ordenamientos legales a favor de los imputados, así como de las víctimas y ofendidos de los delitos.

Ratificó el compromiso de la CNPJ con el pleno respeto al orden jurídico y a los derechos humanos en la actuación del Ministerio Público.

Por su parte, el Procurador mexiquense Alejandro Gómez Sánchez expuso que sólo existen dos excepciones para el ejercicio de la acción penal y en ninguna de ellas está contemplada la posibilidad de que un tribunal colegiado ordene la creación de un organismo con esa facultad casi exclusiva del Ministerio Público.

Una de las excepciones es la acción penal privada con fundamento constitucional en los casos que determine estrictamente la ley y la otra es la que ejerce directamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se quebranta la suspensión o la ejecutoria de un amparo.

"Este (pronunciamiento) se hace precisamente porque hay una afectación a todo el orden jurídico constitucional, el planteamiento que se está haciendo muy claramente es que la Constitución política quien otorga facultades al Ministerio Público de manera exclusiva para efectos de una investigación y persecución de los delitos", manifestó.

La comisión

El fallo de los magistrados del colegiado que ahora cuestionan todos los procuradores y fiscales del País ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en un plazo máximo de 10 días, a partir de su notificación.

La sentencia precisa que esa comisión deberá estar integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, aunque pueden sumarse organismos nacionales e internacionales públicos como privados.

También establece que las líneas de investigación y pruebas a practicarse serán determinadas por los representantes de las víctimas y la CNDH, e incluso las diligencias podrán practicarse en las instalaciones de esta última.

Otro aspecto de la resolución es que la comisión deberá prescindir de los peritos de la PGR y cambiar a todos los agentes del Ministerio Público que hasta el momento han intervenido en la investigación, lo que de antemano implica la desaparición de la Fiscalía Especial que dirige Alfredo Higuera.

Y piden legisladoras a PGR cumplir amparos

Legisladoras exhortaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a cumplir con las cuatro sentencias de amparo sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

La perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, aplaudió que ya se haya enviado el primer requerimiento oficial a las autoridades para que cumplan con dichas sentencias y se conforme la Comisión de la Verdad y Justicia para indagar el caso.

Aunque esto es un avance, dijo, es necesario que esto se acate y no se impugne, pues así, señaló, se avanzaría al esclarecimiento de los hechos, sin vicios ocultos en el proceso.

"Yo creo que van a intentar revertirlo. Me da la impresión de que no han externado que tengan una voluntad", opinó.

Exigió que también la PGR tcumpla con el dictamen independiente con base en el Protocolo de Estambul para aclarar si los acusados fueron torturados y se respeten los derechos humanos.

"Que se haga con transparencia y sobre todo que se dé certidumbre a las víctimas en el sentido de que están clamando por verdad, por justicia, por reparación del daño y porque los culpables de esos hechos, sean llevados a la justicia de manera probada y en el caso de los 43 que se sigan buscando", dijo.

En tanto, Angelina Arcos, integrante panista de la Comisión de Seguimiento a las Acciones del Estado Mexicano sobre el caso de Ayotzinapa, en la Cámara de Diputados, pidió que en esta ocasión haya mayor coordinación.

"Debe tener más interacción entre el Gobierno federal y los legisladores, así como con los instrumentos de derechos humanos tanto nacionales, como internacionales", expuso.

"La decisión de un tribunal federal marca precedente ante la necesidad imperante de hacer valer el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas y de conocer la verdad de los hechos ocurridos en Iguala".



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