Reforma
2018-06-19
Ciudad de México— Pese a la transición política, en México persisten prácticas intimidatorias contra la prensa, como agresiones directas o la discrecionalidad en la publicidad oficial, advierten las relatorías sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Naciones Unidas (ONU).
Los relatores Edison Lanza, de la CIDH, y David Kaye, de la ONU, realizaron una visita oficial a México entre noviembre y diciembre del año pasado, tras la cual presentarán sus respectivos informes finales, de los cuales Reforma obtuvo una versión.
En los documentos, ambos de 20 páginas, se establece que México atraviesa una profunda crisis de seguridad, principalmente por el debilitamiento del Estado de derecho y la gobernabilidad a nivel local, lo que afecta gravemente los derechos humanos de la población.
"La delincuencia organizada se ha infiltrado en la vida pública del país, sobre todo a nivel de los estados y los municipios, conforme lo transmitieron decenas de funcionarios gubernamentales, periodistas y organizaciones no gubernamentales a los Relatores Especiales reiteradamente durante la visita", se establece en el informe de Lanza.
"Además del uso de la violencia en todas sus formas, actores delictivos y autoridades públicas intentan cooptar a periodistas para sus propios fines y coaccionarlos para que difundan información que favorezca a las organizaciones delictivas o perjudique a sus opositores".
Pese a esta situación, las relatorías consideran que hay un contexto más amplio en el cual persisten serios obstáculos a la libertad de prensa y la expresión individual.
"En parte, este contexto implica una transición histórica desde las prácticas gubernamentales autoritarias del pasado hacia un pluralismo político emergente y los reclamos de estándares democráticos. Esa transición no ha eliminado las prácticas problemáticas e intimidatorias del pasado, como las expectativas de una adecuada cobertura en la publicidad oficial", señalan.
Al referirse a la Ley de Comunicación Social, bautizada por la sociedad civil como "Ley chayote", los relatores se manifestaron preocupados porque no establece normas claras sobre sus objetivos, criterios y procedimientos de asignación, dejando un amplio margen de discreción y abuso de las autoridades.
Por ello, ambos recomendaron adoptar una ley en consulta con la sociedad civil, que responda a estándares internacionales.
Plantearon que los recursos para publicidad oficial se asignen en función de criterios preestablecidos, claros, objetivos y transparentes.
También hacer cumplir la obligación jurídica de publicar de manera proactiva información relevante sobre criterios de contratación, motivos para la asignación presupuestaria, gastos y contratos de publicidad de entidades públicas.
En los informes también se pide derogar la Ley de Seguridad Interior, realizar una investigación independiente por el uso del software espía Pegasus y fortalecer la protección de periodistas.