Reforma
2018-06-14
En los primeros tres meses del año, el Gobierno Federal gastó, por lo menos, 33 mil 133 millones de pesos en programas sociales, los cuales, según Naciones Unidas, se puede considerar que tienen usos electorales.
Esos recursos corresponden a 15 programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), según se desprende de un análisis de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
De acuerdo con el informe trimestral de 2018 de la dependencia, los programas recibieron en conjunto 20 por ciento más, es decir, 5.5 mil millones de pesos en términos reales, respecto al primer trimestre de 2017.
Por ejemplo, el Programa de Empleo Temporal (PET) creció mil 480 por ciento.
Entre enero y marzo de este año, el PET gastó 959 millones 600 mil pesos, mientras que en mismo lapso del año pasado reportó 60 millones 700 mil pesos (constantes a 2018).
En tanto, el de Comedores Comunitarios recibió 184 por ciento más fondos en el mismo periodo.
En entrevista, Alberto Serdán, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, explicó que, a pesar de que se ha gastado más en los programas sociales, el padrón de beneficiarios no aumenta.
"Lo que hemos encontrado en nuestro monitoreo es que el programa social que más se menciona que se condiciona a cambio de una fotocopia de la credencial para votar, o para asistir a un evento político o para votar por alguien, es el programa Prospera", detalló.
Prospera, por ejemplo, registra un aumento de 36.6 por ciento en su gasto en el primer trimestre de este año, en términos reales, al pasar de 14 mil 338 millones de pesos en 2017 a 19 mil 589 millones en 2018.
Serdán agregó que han recibido información ciudadana de que se condicionan, con fines electorales, una gran variedad de programas que operan diferentes niveles de Gobierno, como la entrega de alertas vecinales, pintura, becas educativas y credenciales para deportivos, entre otros.
"Hay uno que me falta por verificar, en San Luis Potosí, que es el espacio en el cementerio, o sea, hasta eso", planteó.
Aunque algunos como el de fomento a la economía social y el de abasto rural a cargo de Diconsa recibieron 43.6 y 29.8 por ciento menos recursos, respectivamente, en general el balance sobre los programas que emplea la Sedesol aumentó más del 20 por ciento.
Señala ONU riesgos ante operación política
Fallas en 543 programas sociales federales, estatales y municipales hacen que los apoyos puedan ser utilizados con fines electorales en México, advirtió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Un estudio, elaborado por el organismo en conjunto con Transparencia Mexicana, indica que intervenciones de 13 dependencias federales, entre ellas la Sedesol, en 24 estados, 3 delegaciones y 1 municipio no cuentan con mecanismos para proteger la integridad de los programas sociales, como la selección socioeconómica de los beneficiarios, la fiscalización de recursos y la prevención de delitos electorales.
"A falta de estos mecanismos, incrementa el riesgo de suspensiones arbitrarias o de condicionamientos de los apoyos con fines político-electorales", expone el documento.
Se reporta, por ejemplo, que un elevado porcentaje de programas y de acciones para el desarrollo social no recolecta información socioeconómica para determinar la elegibilidad de los potenciales beneficiarios.
De acuerdo con el PNUD y Transparencia Mexicana, sólo 55 por ciento de los programas federales recaba información socioeconómica para seleccionar a quienes accederán a los apoyos; en el ámbito estatal sólo se recoleta información para el 44 por ciento de las intervenciones y sólo 24 por ciento para las acciones municipales.
Las organizaciones también detectaron que sólo 64 por ciento de los programas sociales federales tiene mecanismos para detectar duplicidades en cuanto a objetivos, tipos de apoyo y población objetivo; de las intervenciones estatales y municipales, sólo la mitad tiene este tipo de mecanismos.
Esta situación genera ineficiencias en el uso de recursos públicos, aseveraron los especialistas.
El reporte también registró que 62 por ciento de los programas sociales a nivel federal no cuenta con mecanismos para saber si los beneficiarios pueden prescindir del apoyo porque se ha cumplido el objetivo.