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Indígenas exigen más participación política

El Diario de Juárez | Jueves 14 Junio 2018 | 08:23 hrs

Agencias |

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Mujeres indígenas y afromexicanas demandaron más espacios de participación en la política y que las agendas de los pueblos originarios estén en las plataformas de los candidatos presidenciales y quienes aspiran a cargos de elección popular.

Durante la presentación del libro Mujeres que deciden, voces de mujeres indígenas y afromexicanas, que editó el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, activistas señalaron que existen pocos espacios para ellas, no se reconocen sus capacidades y hay un desprecio a la cultura a la que pertenecen, de acuerdo con lo publicado por El Universal.

En el tema de la presencia de los pueblos indígenas y afromexicanos en las plataformas de trabajo de los candidatos presidenciales, las activistas señalaron que no ha habido un pronunciamiento formal por parte de ninguno para restituir la deuda histórica que el país tiene con ellos.

Otilia Lux de Coti, educadora, activista y política maya quiché guatemalteca, dijo que “es necesario abrir los espacios de participación política no sólo para las mujeres mestizas, sino también para las indígenas y las afromexicanas puesto que sin ellas no se puede considerar que exista una verdadera paridad en el sistema democrático mexicano”.

Destacó que en el país han sido asesinadas 110 personas que participaban en los procesos electorales o que se encontraban en posiciones de gobierno, de los cuales 17 fueron mujeres. La violencia política, dijo, se suma a la que enfrentan las mujeres en la vida cotidiana.

“Hablando de violencia política, desde septiembre de 2017 que arrancaron los procesos electorales se han contabilizado 110 asesinatos contra políticos en todo el país, 17 fueron mujeres. La violencia política es un elemento del cual hay mucho y de eso no hay que dejarlo a un lado porque se suma a todos los elementos estructurales que tienen, desde la familia, no debe ser una limitación. Es una responsabilidad enorme de los estados y los partidos”, dijo.

“Hay un menosprecio, en el caso de las mujeres indígenas, los sistemas normativos son violentadores de las mujeres. Siempre se han querido poner desde arriba las políticas públicas que van a cambiar eso. Lo que las mujeres indígenas y afromexicanas decimos es que queremos participar pero desde nuestra propia cosmovisión e idea. No sólo como una cuota. Queremos que se cubran ciertos requisitos y deficiencias que tiene el sistema político nacional”, explicó Beatriz Amaro Clemente, periodista y activista afromexicana.

En 2017, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a los partidos otorgar candidaturas para diputaciones de mayoría relativa a ciudadanos indígenas en al menos 12 de los 28 distritos electorales con población mayoritariamente indígena. Tras un serie de impugnaciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) resolvió que serían 13 los distritos donde los partidos políticos debían postular únicamente candidatos indígenas que se acrediten como tales, además de garantizar la paridad de género.

“En caso de cumplirse la resolución del tribunal será un gran avance. Sin embargo, estamos lejos de estar totalmente representadas, puesto que el porcentaje debería llegar a 21.5% correspondiente al total de personas indígenas en México”, señaló Zenaida Pérez, coordinadora del Programa de Mujeres Indígenas del ILSB.

Escasa participación. Cristina Solano Díaz, titular del Instituto Municipal de la Mujer en Ensenada e integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, dijo que en el actual proceso electoral 2018 las mujeres están enfrentando retos y desafíos por, “la ola de violencia institucional, política y de género y discriminación en este proceso electoral en el que no hay igualdad ni terreno parejo de participación en el país”, señaló.

Agregó que la participación de mujeres indígenas y afrodescendientes es necesaria para las políticas públicas, “especialmente en temas como la garantía del derecho de consulta, el respeto a sus tierras y territorios, acceso a la educación, sistema de salud y procuración de justicia, y que ésta sea con perspectiva de género”.

 



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