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Cuesta millonada sabotaje a ducto en Sonora

Reforma | Jueves 07 Junio 2018 | 07:47 hrs

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Ciudad de México— El sabotaje de una comunidad yaqui al gasoducto Guaymas-El Oro impide que opere en su totalidad, lo cual ha representado un costo de 235.8 millones de dólares para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de septiembre de 2017 a mayo pasado.

Cálculos realizados por los afectados, con base en las tarifas de transporte aprobadas por la CRE a IEnova, empresa que opera el gasoducto, el costo por cada uno de esos 273 días que el ducto no ha operado ha sido de 863 mil 773 dólares.

La CFE cubre tanto los cargos por operación al transportista y costos por utilizar combustóleo en lugar de gas natural en sus plantas de Mazatlán y Topolobampo, por lo que la cifra se incrementa día con día.

El cargo por servicio en base firme para el gasoducto Guaymas-El Oro es de 5.8123 pesos por millón de BTU, es decir 0.290615 dólares a tipo de cambio actual, según consta en el boletín electrónico que publica IEnova en su página.

Si se multiplica este cargo por la capacidad del ducto, que es de 770 mil millones de BTU, el costo diario por capacidad pagada es de 223 mil 773 dólares.

El resto del pago, aproximadamente 640 mil dólares diarios que realiza la CFE, corresponde a los costos por operar las plantas mencionadas con combustóleo, que es más caro que el gas.

El gas natural que entra en Sásabe, Sonora, únicamente llega hasta Guaymas y de ahí al sur del Estado, ni la CFE ni industriales tienen acceso al energético.

Sin embargo, la CFE no es la única afectada, también la industria de Sonora, que se ubica en municipios como Ciudad Obregón, y la de Sinaloa se han quedado sin acceso al hidrocarburo.

El gasoducto Guaymas-El Oro, una de las inversiones privadas anunciadas a partir de la reforma energética, no ha podido operar desde agosto del año pasado.

En dicho mes, personal de IEnova, propietaria del gasoducto, encontró tubería expuesta y en octubre detectaron que una parte del ducto fue desenterrada.

Reforma publicó que miembros de la comunidad de Loma de Bácum, mediante un amparo, rechazaron el proyecto a pesar de que siete de las ocho comunidades lo aprobaron en una consulta indígena.



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