Associated Press
2018-05-03
Tijuana— El grupo que organizó la caravana de migrantes centroamericanos buscan asilo en Estados Unidos tras un periplo de un mes por México quería llamar la atención sobre la difícil situación que viven quienes huyen de la violencia. Si los titulares sirven como medida, su iniciativa ha sido un éxito rotundo.
El presidente Donald Trump y miembros de su gobierno dijeron que la caravana era un intento deliberado de sobrepasar a las autoridades del país y la prueba de que hay que hacer más para asegurar la frontera con México, incluyendo la construcción de un muro. La retórica de la Casa Blanca y sus aliados alimentó el apoyo de mexicanos y estadounidenses con alimentos y otros productos básicos, contribuciones financieras, asesoramiento legal gratuito y ofertas de alojamiento en Estados Unidos.
Para Roberto Corona, fundador de Pueblo Sin Fronteras, tanta atención tiene aspectos positivos y negativos: elevó la conciencia sobre número de víctimas que causa la violencia en Centroamérica, pero podría endurecer las medidas represivas del gobierno estadounidense.
“Queremos mostrar la humanidad de esto, no la política”, dijo Corona. “No se trata del muro”.
Los organizadores de la caravana han sido criticados por el gobierno de Trump. El vicepresidente Mike Pence dijo durante una visita a la frontera en California el lunes que los solicitantes de asilo estaban siendo “explotados” por activistas en favor de la apertura de fronteras y por medios con agenda clara. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció el miércoles que enviaría más fiscales y jueces expertos en inmigración a la frontera.
Trump ha utilizado la caravana para intentar recabar apoyos para su muro –pese a que los solicitantes de asilo suelen entregarse a los inspectores fronterizos– y para pedir el final de las llamadas políticas de “detención y liberación” y de los fallos judiciales que permiten que algunos migrantes sigan libres mientras las cortes migratorias resuelven sus peticiones, un proceso que puede demorarse años.
La última caravana supone una evolución con respecto a las protestas que los migrantes vienen celebrando durante la Semana Santa desde 2008, normalmente auspiciadas por los sacerdotes católicos que gestionan los albergues. En los primeros años, el grupo apenas pasaba de los estados de Chiapas y Oaxaca, en el sur del México, a menudo con atuendos bíblicos y portando cruces en procesiones que trataban de emular al camino de Jesús hacia su crucifixión y que servían para denunciar la violencia que ellos mismos sufrían.
En ese momento no atraían demasiada atención, en parte porque se sabía que miles de centroamericanos viajaban a diario hacia la frontera de Estados Unidos cruzando el país en trenes de mercancías.
Cuando México tomó medidas para controlar su frontera sur y a los migrantes que abordaban los convoyes en 2014, las procesiones ganaron relevancia. Eran una forma de desafiar el “bloqueo” gubernamental a los trenes y puestos de control de carreteras, donde se registraban los autocares. La iniciativa de ese año fue desmantelada por la policía mexicana en el estado sureño de Tabasco.
Aunque el gobierno adoptó una actitud más despreocupada, las caravanas rara vez pasaron de la Ciudad de México, pero pequeños grupos de migrantes lograron llegar a la frontera estadounidense.
Pueblo Sin Fronteras, el grupo creado por Corona en la Southern Methodist University en 2008 para asegurar que los jornaleros latinos en la zona de Dallas-Fort Worth recibían un trato justo de sus jefes, participó en la caravana de 2014, pero no organizó la suya propia hasta el año pasado. La ONG tiene dos albergues en el norte de México, cerca de la frontera con Arizona, pero sigue sin tener oficinas ni empleados remunerados, dijo su fundador, que ahora reside en San Diego.