Agencia Reforma
2018-04-25
Ciudad de México— La Ley General de Comunicación Social, que mantiene el esquema de discrecionalidad en la contratación de la propaganda gubernamental, fue aprobada en el Senado de la República por la mayoría conformada por el PRI y sus aliados.
Legisladores de Oposición aseguraron que la ley no cumple con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en noviembre pasado, al resolver un amparo promovido por organizaciones de la sociedad civil, ordenó al Congreso expedir la norma reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 constitucional a más tardar el 30 de abril próximo.
La senadora sin partido, Martha Tagle, se refirió a la orden de la Corte de que la norma debe atender el espíritu de la propia Constitución, circunstancia que no se cumple con la minuta que tuvo su origen en la Cámara de Diputados y que anoche fue aprobada sin cambios en la Cámara Alta.
“¿Cuáles son los efectos de la omisión legislativa en materia de libertad de expresión? No se refiere al tiempo, escuchen bien, la omisión es no expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del 134 de la Constitución, (pues con ello se) viola la libertad de expresión, de prensa y de información.
“La ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos”, señaló.
El panista Héctor Larios aseguró que la ley institucionaliza que el gobierno gaste el dinero de los contribuyentes en promover acciones de gobierno, algo inconcebible en países desarrollados.
“Una campaña de comunicación social es el conjunto de acciones de comunicación de las acciones o logros de gobierno”, dijo sobre la primera definición que aparece en el Artículo cuarto.
“¿Acaso el difundir los logros de gobierno, las acciones de gobierno, es un tema de carácter educativo, de orientación social, informativo? Es literalmente tirar el dinero a la basura de los contribuyentes”, sostuvo.
El panista aseguró que en lo que va del actual sexenio el Gobierno federal, que encabeza Enrique Peña, ha gastado alrededor de 45 mil millones de pesos, cifra a la que se suman otros 60 mil millones de pesos erogados por los gobiernos locales.
La perredista Angélica de la Peña aseguró que el proceso de consulta para legislar la norma fue una simulación y pidió incluir en el diario de debates la crítica que hicieron los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y la CIDH.
“Lo que esta minuta contiene, es un marco normativo que legitima el autoritarismo de antaño, atenta contra la libertad de expresión, pretende utilizar los recursos públicos para controlar la línea editorial de los medios sin rendir cuentas a nada ni a nadie”, reprochó.
El senador sin partido, Alejandro Encinas, consideró que la ley es regresiva y perpetúa un modelo de control sobre los medios.
Los senadores del Partido Verde, Martha Vianey Luque y Jorge Aréchiga, y del PRI, Verónica Martínez Espinoza defendieron el dictamen y aseguraron que con éste se cumplía en tiempo con lo establecido por la Corte.