Agencia Reforma
2018-04-06
Ciudad de México— Pese a la prevalencia de la explotación laboral y trata de personas contra las familias dedicadas al trabajo agrícola, las inspecciones por parte de las autoridades siguen siendo mínimas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que el 27 por ciento de las autoridades de Trabajo federal y estatales no hacen inspecciones en los centros de trabajo y 15.2 por ciento no protegen a los menores de edad en los campos agrícolas.
Para vigilar la situación de más de 5 millones de trabajadores para el campo, la Secretaría del Trabajo y Protección Social (STPS) sólo cuenta con 752 inspectores, mientras que 60 por ciento de las entidades tiene menos de 10 inspectores.
“Hemos constatado que muchos avisos para las inspecciones lleva a que se saque a la población o se dé una maquillada. Se hace la inspección y se anota que no hay niños ni condiciones precarias”, acusó Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, durante la presentación del “Estudio sobre la intervención de las autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas”.
En las entidades, describió, hay “mercados de gente” donde los reclutadores encuentran jornaleros agrícolas a quienes llevan a trabajar a los campos sin mediar un contrato laboral.
Además, las familias jornaleras sufren de espacios poco dignos para dormir, no hay guarderías para los niños, carecen de acceso a la salud y están expuestas a redes de reclutamiento forzado, entre otras violaciones a sus derechos humanos.