Reforma
2018-03-05Ciudad de México– La Procuraduría General de la República volvió a citar a declarar a Juan Carlos y Sergio García Reyes, indagados como supuestos prestanombres de Manuel Barreiro en la compra de una nave industrial a Ricardo Anaya en 54 millones de pesos.
Aunque ya habían sido requeridos por vez primera para comparecer el 27 de febrero pasado, un día antes la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) les giró un nuevo citatorio en calidad de imputados.
Lo anterior se desprende de los amparos 156 y 157/2018 presentados por los hermanos García Reyes ante el Juzgado Décimo de Distrito en esa materia, el cual preside el juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón.
El juzgador admitió a trámite la demanda de garantías y concedió a los quejosos una suspensión provisional en los mismos términos a la concedida la semana pasada, es decir, para que la PGR no pida sus capturas ni judicialice el caso.
Y esta protección estará vigente hasta que decida si concede o no la suspensión definitiva, lo cual ocurrirá el próximo viernes, fecha en que Vargas Alarcón acordó celebrar la audiencia incidental del amparo.
"Se concede la suspensión provisional... para el efecto de que la autoridad ministerial responsable no determine (la carpeta de investigación) por cuanto hace al quejoso, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público; ello, hasta que se resuelva la suspensión definitiva, lo cual no implica la paralización de la facultad de investigación y consecuente integración de la misma.
"La medida suspensional decretada se justifica, en virtud de que el acto reclamado incide en el ejercicio de su derecho de defensa. Con lo anterior, se evitarían perjuicios de imposible reparación al justiciable", dice el acuerdo del juez, quien también admitió una serie de pruebas de los quejosos.
Los Reyes García son investigados porque el 11 de julio de 2016 recibieron en cesión, de parte de Luis Alberto López López y María Amada Ramírez Vega, las acciones de Manhattan Master Plan Development, empresa que luego compraría a Anaya el inmueble de 54 millones de pesos.
La autoridad federal investiga si esta operación fue una simulación para blanquear activos, ya que los cedentes aparentemente no tienen antecedentes empresariales y esta cesión ocurrió unos meses antes de que en 2017 la razón social pagara al candidato presidencial el costo de la nave industrial.
De hecho, en una conferencia de prensa inusual, el mes pasado el abogado Adrián Xamán McGregor afirmó que dos clientes suyos confesaron a la PGR haber diseñado para el empresario Manuel Barreiro este esquema financiero con el objetivo de hacerle llegar dinero a Anaya.
Los García Reyes, al igual que Manuel Barreiro y los demás imputados en este caso, no se han presentado a declarar en la SEIDO.