Associated Press
2018-03-01
La Concepción, Guerrero– Los hermanos que desde hace casi 15 años encabezan una lucha contra un proyecto hidroeléctrico en México han sido elogiados como héroes ambientales, pero tras un confuso tiroteo entre sus policías comunitarios y residentes locales, están ahora en prisión enfrentando cargos de homicidio.
Algunos residentes de las comunidades colindantes al sitio del proyecto para la presa La Parota, cerca de Acapulco, dicen que los hermanos Suástegui han sido opresores que usaron su “policía comunitaria” para atacar a funcionarios elegidos que no comulgaban con ellos.
Esas disputas estallaron el 7 de enero en una confrontación en la que murieron ocho personas –seis residentes y dos miembros de la policía comunitaria que se opone a la represa–, tras la cual la policía estatal realizó una redada en la que murieron otros tres policías comunitarios.
Es el más reciente en una serie de conflictos que se han registrado en varias partes del sur de México en los que residentes locales, hastiados de la violencia delictiva y la corrupción policial, han creado “policías comunitarias” no alineadas –y en ocasiones abiertamente hostiles– con las autoridades electas.
La Concepción es una de numerosas comunidades pequeñas en las montañas al este de Acapulco que se han dividido por los planes federales para el vasto proyecto hidroeléctrico. Dos docenas de comunidades desaparecerían total o parcialmente bajo las aguas de la reserva. Pero algunas comunidades que no serían inundadas respaldan la construcción de la represa, que crearía empleos en la empobrecida región.
“El pueblo está dividido, por política, por el gobierno que divide a la gente”, señaló Leandro Elacio, coordinador del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP). Elacio asegura que los programas de ayuda del gobierno son entregados a quienes respaldan la presa pero no a quienes se oponen, y que las compañías de grava ofrecen a los residentes la magra cantidad de mil pesos al año (poco más de 50 dólares) por el derecho de excavar el lecho del río para su uso en la construcción, lo que causa daños ambientales.
Desde el 2003, el grupo opuesto a la represa fundado por Vicente y Marco Antonio Suástegui ha conseguido bloquear el proyecto hidroeléctrico en el río Papagayo, argumentando exitosamente en las cortes que el gobierno había interferido con las asambleas locales de 47 pueblos y aldeas que tienen que votar para aprobar el proyecto.
Los Suástegui y algunos de los otros líderes del grupo han sido arrestados varias veces en protestas contra el proyecto y afirman que fueron torturados.
Hace tres años, los oponentes decidieron formar una fuerza policial comunitaria de casi 100 miembros, tomando su autoridad de asambleas comunitarias que ellos dicen tienen más validez que las elecciones oficiales.
Esos grupos son habituales en comunidades indígenas en las que las costumbres ancestrales incluyen concejos de ancianos y cooperativas. Penalizan delitos menores con trabajo, breve encarcelamiento y readaptación. Una ley estatal de Guerrero permite específicamente a las comunidades indígenas formar esas fuerzas policiales.
Pero el malestar por la corrupción policial y la violencia causada por los narcotraficantes han llevado a los habitantes de otras zonas de Guerrero y estados circunvecinos a formar sus propias versiones de policías comunitarias: grupos armados que en ocasiones enfrentan a los cárteles y en algunos casos han sido infiltrados por ellos. Y con frecuencia se ven inmiscuidos en conflictos con otras autoridades electas, como en La Concepción, un poblado de cerca de mil 300 habitantes.
El recientemente electo comisario Lucio Méndez –una de tales autoridades– había sido apresado por la policía comunitaria tres días antes de las confrontaciones. Un hombre a favor de la presa dijo haber sido injustamente detenido por las diferencias de opiniones. La policía comunitaria acusó al campesino de orquestar un ataque armado para asesinar al líder Marco Antonio Suástegui.
“Ahí me empezaron a golpear, ordenó que me raparan”, aseveró.
“Ya estaba sangrando porque me daban piquetes con la tijera”, detalló. “A poco rato me encadenaron, junto con otros dos compañeros, y me ponen el letrero (que leía ‘soy futuro comisario, estoy en reeducación’)... para humillarme”.
Elacio dijo que la fuerza de la policía comunitaria fue atacada el 7 de enero por un grupo armado de hombres con el rostro cubierto bajo la oscuridad de la madrugada.
“Era una emboscada del gobierno, fue gente armada que no conocemos, pagados por el gobierno, encapuchados”, indicó.
Sin embargo, dada la naturaleza de pueblo pequeño que se respira en La Concepción, es muy probable que ambas partes se conozcan demasiado bien.
Lo que ocurrió, según lo que puede deducirse de una visita al lugar y al dialogar con testigos, es que los resentimientos entre las dos partes estallaron en violencia.
La policía comunitaria halló a un joven local que orinaba cerca de su puesto de mando, y luego lo persiguió y capturó a unos 50 metros (54 yardas) de distancia en el ayuntamiento, donde seis hombres charlaban tras un festejo del pueblo que se extendió hasta altas horas de la noche.
El comisario municipal en funciones, Florentino Melchor, indicó que su hermano le dijo a la policía comunitaria que dejaran de golpear al hombre, y entonces ellos se lanzaron contra él e intentaron llevárselo a rastras. Aparentemente el hermano sacó un arma de fuego y mató a dos de los policías comunitarios.
“Empezaron a agarrar a mi hermano, y mi hermano se defendió”, afirmó Melchor.
Entonces la policía comunitaria regresó y acribilló a los seis hombres que estaban en el ayuntamiento, matándolos a todos.
Mientras tanto, Méndez escuchaba los disparos y la agitación desde su celda improvisada en el cuartel de la policía comunitaria. En un principio, dijo, pensó que sus carceleros lo matarían.
Sin embargo, unas horas después vio llegar una primera ola de policías estatales, los cuales se retiraron tras las protestas de los que se oponen a la represa. Méndez dijo que pensó que se irían y abandonarían a los prisioneros, hasta que escuchó un avión no tripulado y a un helicóptero y vio una segunda ola de agentes que avanzaban hacia la sede de la policía comunitaria.
En la confrontación que siguió, tres personas murieron, todas de la policía comunitaria.
El gobierno del estado de Guerrero indicó en un comunicado que los comunitarios habían ofrecido resistencia. El grupo Tlachinollan de defensa de los derechos humanos dijo que la policía ejecutó a dos de los policías comunitarios en el lugar aunque ya se habían rendido, y que un tercero murió bajo circunstancias que no están claras.
Incluso Méndez, que esperaba que la policía estatal lo rescatara, dijo que los caóticos disparos de la policía lesionaron a dos de los detenidos que estaban con él cuando los agentes intentaron destruir a balazos la cerradura de la cárcel improvisada.
“Entonces yo grité que éramos agraviados, que teníamos heridos dentro del baño, que ya no dispararan”, recordó Méndez. Finalmente la policía los liberó, ordenó que se colocaran boca abajo y los llevó a un hospital.
Aproximadamente dos docenas de opositores a la represa fueron arrestados y siguen encarcelados.
Los defensores de los derechos humanos han respaldado a la policía comunitaria en forma abrumadora. Han denunciado la muerte de los tres e irregularidades en los arrestos.
Pero los residentes de La Concepción que sí apoyan la presa se sienten olvidados, y dicen que hay dos versiones de la historia.
“Los de derechos humanos salen a defender a ellos, ¿y nosotros qué somos? ¿Animales?”. (Mark Stevenson/Associated Press)