Agencias
2018-02-25
Roma— “Los vendieron por 43 euros, algo monstruoso", se lamentó indignado Francesco Russo, hijo de unos de los tres italianos desaparecidos en México, informó la agencia AFP.
“Los policías mexicanos vendieron a mis familiares por 43 euros de m..., es terrible. Esos sí son criminales, no mi hermano, ni mi padre, ni mi primo”, declaró en entrevista Russo, quien teme por la vida de Antonio y Raffaele Russo y Vincenzo Cimmino, todos originarios de Nápoles, quienes desaparecieron el 31 de enero pasado en el municipio de Tecalitlán, Jalisco.
Cuatro policías, entre ellos una mujer, fueron detenidos por la desaparición de los tres italianos, a quienes detuvieron y entregaron a criminales, según anunció la fiscalía mexicana.
Los policías confesaron que los “vendieron” a la delincuencia organizada de Tecalitlán", y se desconoce a qué grupo criminal.
En Jalisco actúa el cártel Nueva Generación, que ha cobrado gran fuerza en años recientes, hasta convertirse en uno de los más poderosos y al que se le han atribuido distintos hechos violentos.
Francesco Russo negó que su padre, Raffaele, de 60 años, utilizara documentos falsos durante su permanencia en México, y reiteró que los tres napolitanos se encontraban en ese país para vender generadores eléctricos.
“Que Italia se mueva, que nos digan en dónde están. Nosotros esperamos que estén vivos”, pidió por su parte Gino Bergamé, vocero de la familia.
El caso ha movilizado a Italia, donde han sido organizadas marchas de protesta para exigir su aparición.
Los familiares de los tres italianos niegan que estén involucrados con el crimen organizado y reiteran que se trata de simples comerciantes.
“¿Nosotros, narcotraficantes? Es una mentira”, declaró al diario italiano La Repubblica, Daniele Russo, otro familiar.
Los nombres de los detenidos son Emilio N, Salomón N, Fernando N y Lidia N, quienes hacían labor de patrullaje la noche en que desaparecieron los extranjeros.
El delito de desaparición forzada de personas, concretado por una autoridad es grave, se castiga con penas hasta de 60 años de prisión.
La carpeta de investigación ahora se amplía, para obtener información sobre los antecedentes policiacos de los elementos, si tenían aprobados exámenes de control y confianza, y si estaban vigentes.