Agencia Reforma
2018-02-10
Ciudad de México— De 2000 a la fecha, uno de cada 10 gobernadores han sido acusados de desvío de recursos o de formar parte de redes de corrupción en agravio del erario.
De 129 mandatarios en este periodo, incluyendo interinos, 14 han sido acusados formalmente por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito o defraudación fiscal durante sus gobiernos. De ellos, 11 son del PRI, dos del PAN y uno del PRD.
De acuerdo con especialistas, la revelación de desfalcos a las arcas públicas de los estados ha sido propiciada por la alternancia política en algunas entidades.
"Las alternancias han ayudado a hacer más evidentes estos desvíos y estas ausencias de contrapesos en los estados, dejan ver las debilidades de las instituciones clave para generar rendición de cuentas locales", dijo Lourdes Morales, de la Red para la Rendición de Cuentas.
Sólo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 9 exgobernadores del PRI –incluidos dos interinos– fueron señalados de desfalcos, desempeño irregular de la función pública y hasta crimen organizado.
De ellos, cuatro se encuentran en prisión: el veracruzano Javier Duarte, el quintanarroense Roberto Borge, el tabasqueño Andrés Granier y el michoacano Jesús Reyna.
Mientras que el chihuahuense César Duarte está prófugo, con 10 órdenes de aprehensión y 3 solicitudes de extradición enviadas al Gobierno de Estados Unidos por los delitos de enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por parte de los panistas, los exmandatarios de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso; y de Sonora, Guillermo Padrés, fueron procesados por defraudación fiscal, peculado y lavado de dinero.
Max Kaiser, director de anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), consideró que los procesos en contra de mandatarios estatales también pueden tratarse de compromisos adquiridos durante las campañas, aunque no necesariamente deriven en justicia.
"Con el simple cambio de partido no serían este número de gobernadores, sino muchos más. Creo que lo que ha pasado es que también hay revanchas políticas que al final no acaban en condena de nadie o se quedan en condenas de funcionarios menores. La simple transición no lo explica. (Benito Jiménez/Agencia Reforma)